Sigue vigente la regla de carga pública que afecta trámites como la residencia
La cuestionada norma que Trump implementó el año pasado y que afecta los trámites migratorios sigue vigente sin ningún tipo de cambios.
Por:
Jorge Cancino.
Muchos de estos migrantes están perdiendo la paciencia porque llevan dos años esperando en México por una audiencia de asilo político en Estados Unidos y por ahora su situación no va a cambiar. Activistas y abogados que los apoyan están reclamando acciones inmediatas. Más información aquí.
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La regla de carga pública que Donald Trump implementó el año pasado y que afecta los trámites migratorios incluyendo la residencia legal permanente (Green Card o tarjeta verde), sigue vigente sin ningún tipo de cambios, advierten expertos consultados por Univision Noticias.
“Sigue todo en efecto, nada ha cambiado”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami (Florida). “El presidente (Biden) anunció una comisión que revisará la regla, pero por el momento los inmigrantes deben considerar las limitaciones al momento de solicitar un beneficio”, indicó.
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La nueva regla de carga pública entró en vigor el 24 de febrero del 2020, pero a finales de julio un juez federal de Nueva York la detuvo bajo el argumento de que la política “disuade a los inmigrantes de buscar hacerse la prueba del covid-19, situación que podría amenazar los esfuerzos para frenar la propagación del coronavirus”.
El gobierno apeló el fallo y el pasado 11 de septiembre la Corte de Apelaciones del 2º Circuito “emitió una decisión que permitió al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reanudar su implementación.
El martes Biden firmó tres órdenes ejecutivas migratorias para revertir parte de la política que Trump impuesta por Trump en los últimos cuatro años. Una de ellas ordena integrar un grupo para que revise la regla y le presente un informe en un plazo de 60 días.
El martes Biden firmó tres órdenes ejecutivas migratorias:
Una para restablecer el sistema legal modificado por Trump;
Otra para abordar las causas de la migración indocumentada hacia Estados Unidos y recuperar el proceso de asilo; y
Una tercera que crea un grupo de trabajo para reunificar a las familias afectadas por la cuestionada política de separaciones forzadas que el gobierno de Trump implementó en la frontera, primero de forma secreta durante más de un año.
En el primer decreto ordenó una “revisión inmediata” de las acciones de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) “sobre la inadmisibilidad de la carga pública”. La revisión estará a cargo de los secretarios de Estado y Seguridad Nacional, del Fiscal General y los jefes de otras agencias relevantes, según corresponda, quienes “revisarán todas las acciones relacionadas con la implementación del motivo de inadmisibilidad de carga pública”, señaló.
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La tarea
De acuerdo con el decreto, el grupo de trabajo deberá:
La orden establece un plazo de 60 días para que tanto el secretario de Estado, como el de Seguridad Nacional y el Fiscal General entreguen sus respectivos informes describiendo acciones y pasos que sus agencias pretendan tomar o hayan tomado al respecto.
“No sabemos cuál será el impacto que vaya a tener el proceso de revisión y las recomendaciones que los miembros de la comisión le entreguen al presidente en el plazo de los 60 días”, dijo Guerrero. “Habrá cambios, de eso podemos estar seguros, pero hay que tener paciencia y ser cauteloso”, agregó.
A la pregunta respecto a qué debe hacer un inmigrante infectado por el covid-19 y necesita pedir la ayuda del estado para curarse, Guerrero dijo que “inicialmente el servicio de inmigración dijo que no lo considerará como motivo de inadmisibilidad porque se trata de una emergencia. No creo que vaya a tomarlo en cuenta”.
Guerrero dijo además que “si bien las recomendaciones serán entregadas en un plazo de 60 días, aquellas personas que están planeando solicitar un beneficio migratorio y tienen poco tiempo para no quedar fuera de estatus, deben someter sus solicitudes para que no comience a correr el reloj que mide la permanencia indocumentada” en Estados Unidos.
“Si tiene dudas, lo mejor es hablar con su abogado para que revise su expediente y le brinde el mejor consejo legal posible. Pero por nada se arriesgue si en los próximos dos meses se quedara fuera de estatus”, apuntó.
Para Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas (Texas), “hasta que no haya un cambio oficial la regla de carga pública, todas las personas que están en proceso de residencia o de cualquier otro beneficio de inmigración deben cumplir con la ley tal y como está escrita”.
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“Se recomienda que continúe con su proceso por el momento”, añadió. Dijo además que “los cambios que (el presidente) Biden pueda crear en la regla de carga publica es probable que beneficie a los inmigrantes, el gobierno ha dado suficientes señales de que no será tan agresivo como lo fue Trump”.
En cuando a la necesidad que tienen algunos inmigrantes para combatir la pandemia y solicitar la asistencia del gobierno, Barrón dijo que “primero está la vida y después los papeles”.
La regla final de carga pública vigente modificó las regulaciones del DHS y describe la manera en la que esta dependencia federal determinará si una persona solicitando admisión a Estados Unidos o el ajuste de estatus (tarjeta verde) “es inadmisible”, sea porque se trata, o es probable que en cualquier momento “se convierta en una carga pública”.
Pero no todos los extranjeros se verán afectados, advierte el Defensor del Pueblo (Ombudsman) de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS). “La regla final exime a ciertas personas, como los titulares de visas "U" y "T", asilados, refugiados y otras categorías”.
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