Ley SB 1718: juez rechaza petición de dejar sin efecto sección que prohíbe y castiga el transporte de indocumentados en Florida
Grupos de derechos civiles había solicitado que se bloquee la aplicación de la restrictiva nueva ley migratoria de Florida en la sección que criminaliza el transporte de personas que hubieran entrado irregularmente al país.
Por:
Univision
Mariana Blanco, subdirectora del The Guatemalan-Maya Center, explica qué es lo que deben tener listos los inmigrantes indocumentados y cómo deben actuar ante posibles interacciones con las autoridades. Sigue la cobertura especial de la ley SB 1718.
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Un juez federal se basó en un tecnicismo para desestimar el martes la solicitud de grupos de derechos civiles para frenar la puesta en práctica de la parte de la nueva y restrictiva ley migratoria de Florida, SB 1718, que criminaliza el transporte de personas que han entrado irregularmente en Estados Unidos.
El juez de distrito Roy Altman resolvió casi inmediatamente sobre la solicitud de suspensión temporal de la sección 10 de la SB 1718 argumentando que tanto el gobernador Ron DeSantis como otros afectados por la demanda, entre ellos fiscales de Florida, no habían sido adecuadamente notificados.
También dijo que, una vez resulta esa cuestión, podría volver a ser presentada la moción de los activistas de los derechos de los inmigrantes que consideran que el veto al transporte a los inmigrantes establecido en la ley de Florida los pone en peligro al impedirles acudir a citas médicas, reunirse con familiares o ir al trabajo.
La demanda, introducida con carácter de urgencia mientras la Corte de Distrito del Distrito Sureste de Florida, fue presentada por una coalición integrada entre otros por el Southern Poverty Law Center (SPLC), la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Florida, el Americans for Immigrant Justice (AIJ) y el American Immigration Council (AIC).
El 17 de julio las mismas organizaciones introdujeron una primera demanda contra la SB 1718 centrando los alegatos “en las disposiciones descritas en la Sección 10 de la ley (SB 1718) que penaliza el transporte de personas a Florida que pueden haber ingresado ilegalmente al país y no han sido ‘inspeccionados’ por el gobierno federal desde entonces”.
La ley SB 1718, promulgada por el gobernador de Florida Ron DeSantis, entró en vigor el 1 de julio. Se trata de la ley de inmigración más duras del país, por lo que en ese estado, más de 700 mil inmigrantes indocumentados se están viendo afectados. Ezequiel Hernández, abogado de inmigración, y Angélica Salas, directora ejecutiva de la organización CHIRLA, explican el impacto de esta ley en la comunidad inmigrante de todo el país.
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Esa demanda, además, denuncia que es “inconstitucional que un estado regule unilateralmente la inmigración federal y someta a las personas a un castigo penal sin previo aviso y que el uso que hace Florida del término ‘inspección’ es incoherente e inconstitucionalmente vago”.
Los demandantes actuaron en contra de la SB 1718 a nombre de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida y varias personas afectadas, “incluidos ciudadanos estadounidenses y conductores y pasajeros indocumentados que viajan habitualmente dentro y fuera de Florida contra el gobernador DeSantis, la fiscal general Ashley Moody, el fiscal estatal de Florida Nicholas B. Cox y las oficinas del fiscal general del estado para los 20 circuitos judiciales de Florida”, se lee en un comunicado.
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Qué pide la demanda contra la SB 1718
En el recurso legal presentado el martes, los demandantes le piden al tribunal “que bloquee la Sección 10 en su totalidad” porque, reiteran, “es una ley estatal inconstitucional que regula la inmigración federal y es inconstitucionalmente vaga”.
Las entidades que representan a trabajadores y ciudadanos del estado afectados por la Sección 10, argumentan además que la medida “ha puesto a miles de floridanos y residentes de otros estados, tanto ciudadanos estadounidenses como no ciudadanos, en riesgo de ser arrestados, acusados y procesados por un delito grave, por transportar una categoría vagamente definida de inmigrantes a Florida, incluso por actos simples como conducir un miembro de la familia a una cita con el médico o de vacaciones familiares”.
“Es imperativo que el tribunal evite que esta ley inconstitucional cause daños irreparables a los demandantes y a innumerables otras familias, organizaciones y comunidades”, agrega el escrito.
En la sección relacionada con sanciones al tráfico o contrabando humano, la ley SB 1718 establece sanciones penales para “la persona que, a sabiendas y deliberadamente, transporte a este estado a una persona que sabe, o debería saber razonablemente, que ha entrado a Estados Unidos en violación de la ley y que no ha sido inspeccionada por el gobierno federal desde su ingreso o entrada ilegal".
“Esta ley asusta enormemente”, dice Anne Janet Hernández Anderson, abogada principal del (SPLC). “Porque había una primera versión que existió en marzo y que confundió a las personas. Ese texto sancionaba el transporte de indocumentados dentro del estado. Pero la versión final aprobada por la Asamblea Estatal y promulgada por el gobernador DeSantis es distinta: castiga el transporte de indocumentados hacia el estado”, explicó.
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En este punto, la abogada marca una diferencia: la versión final de la 1718 “tiene que ver, o con la persona que viaja como pasajero, o quien maneja o conduce un vehículo donde viaja un pasajero indocumentado. Hay que conocer ambos escenarios. Si bien la ley se dirige puntualmente al que transporta, el indocumentado también puede verde directamente afectado”, precisó.
A su vez, la policía, sobre todo en jurisdicciones donde existen acuerdos bajo la Sección 287(g) de la Ley de Inmigración vigentes, puede entregar al extranjero sin papeles a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para que le inicien un proceso de deportación de Estados Unidos.
Además de prohibir y castigar el transporte de indocumentados hacia el estado de Florida, la SB 1718 exige a los hospitales recabar y reportar el estatus migratorio de pacientes y obliga a todas las empresas utilizar el programa federal E-Verify, para asegurar que no se está empleando a inmigrantes indocumentados.
