Los inmigrantes que pierdan sus casos en la corte deberán pagar un 786% más cuando apelen
Abogados y activistas advierten que el gobierno está dejando sin opciones a los inmigrantes para que luchen por sus derechos de permanencia en Estados Unidos. La propuesta, una vez publicada en el Registro Federal, tendrá un plazo de 30 días para el comentario público.
Por:
Jorge Cancino.
A mediados de 2018, el gobierno admitió que entre el 5 de mayo y el 20 de junio de ese año había separado a 2,654 menores. Pero de acuerdo con informes posteriores emitidos por el Inspector General del Departamento de Seguir Nacional (IG-DHS), las separaciones comenzaron antes y el número de separaciones es mucho mayor que la cifra entregada a la justicia. Se habla de varios miles, un dato que ni siquiera el gobierno puede certificar.
Video El drama de las separaciones familiares de Trump contado a través de las cartas de los niños
Los extranjeros que pierdan sus casos en la Corte de Inmigración o reciban una respuesta negativa por parte de funcionarios federales, deberán pagar más por los trámites de apelación en el corto plazo.
La Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) anunció que el viernes publicará en el Registro Federal (diario oficial estadounidense) una propuesta con nuevas tarifas para siete formularios, entre los que se encuentran la apelación a la decisión de un juez y la apelación a la decisión de un funcionario.
PUBLICIDAD
En el caso del Formulario EOIR/26, que se utiliza para apelar la decisión de un juez de inmigración, la propuesta indica que tendrá un incremento de los $110 dólares actuales a $975 (un incremento de 786 por ciento).
El Formulario EOIR/29, que se emplea para apelar la decisión negativa emitida por un funcionario de inmigración, la propuesta indica un alza de los $100 dólares actuales a $705 dólares (un incremento de 541 por ciento).
El anuncio preocupó tanto a abogados como organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes.
“Va a tener un gran impacto negativo en la comunidad inmigrante, sobre todo en los sectores de bajos recursos, como por ejemplo aquellos que vienen en busca de asilo y han sido regresados a México a esperar la resolución de sus casos”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida.
“Ya con la actual tarifa muchos de ellos han revelado que no tienen cómo pagar una apelación, mucho menos contratar a un abogado para que los asista en el proceso de apelación”, indica.
Guerrero dice además que “con la proporción del incremento anunciado, es casi seguro que muchos inmigrantes perderán sus casos. No podrán cubrir los costos del proceso y perderán el derecho de permanecer en el país”.
“Las personas que vienen en busca de asilo serán los más afectados por esta decisión”, apuntó.
Para Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), el anuncio “es inaceptable, porque lo que el gobierno está haciendo es asegurarse de que nadie pueda utilizar nuestro sistema de inmigración legal”.
PUBLICIDAD
Agregó que el Departamento de Justicia “quiere que nuestra comunidad no tenga acceso a las leyes de inmigración. Están tratando de acabar con el sistema que ayuda a las personas a legalizar sus permanencias y tenga justicia en las cortes”.
Salas indicó además que “el ataque del presidente Donald Trump no solo es contra las personas, sino contra el sistema de inmigración, y todo indica que quiere acabar con él para que no haya nadie que pueda venir y quedarse”.
Las nuevas tarifas a los formularios de EOIR se suman a una larga lista de cambios y modificaciones de reglamentos que en los últimos tres años han dificultado los trámites para que los extranjeros consigan beneficios migratorios.
El 25 de enero, cinco días después de arribar a la Casa Blanca, Trump promulgó dos órdenes ejecutivas, una sobre el muro en la frontera con México y otra sobre las jurisdicciones santuario, donde decretó que la estadía indocumentada es una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos.
A esta criminalización el gobierno agregó severas restricciones a la política de asilo, redujo la cuota de refugiados, impuso cuotas a los jueces de inmigración para acelerar los procesos, negó fianzas, aumentó la detención de extranjeros indocumentados puso fin al programa 'catch and release' (liberar y soltar).
También puso en marcha el programa denominado Protocolo de Protección del Migrante (MPP), que a partir del 20 de enero del año pasado ha regresado a México a más de 60,000 migrantes a esperar la resolución de sus casos de asilo en las cortes de Estados Unidos.
PUBLICIDAD
“Esos serán los más afectados, porque apenas tienen recursos para subsistir en las zonas más peligrosas del mundo”, advierten las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes.
La política de tolerancia cero también inició un programa de separaciones forzadas de familias en la frontera que dejó a miles de afectados. El gobierno reconoció en un principio que había ejecutado la medida entre el 5 de mayo y el 20 de junio de 2018, y que durante ese período de tiempo separó a un total de 2,654 familias.
El 20 de enero Univision Noticias reportó que las separaciones comenzaron 13 meses antes, luego de la emisión de un memorando por parte del entonces Fiscal General, Jeff Sessions, y que las separaciones afectaron a miles de familias cuya cifra real el gobierno todavía no ha proporcionado.
Otros formularios en la mira
La propuesta de incremento de tarifas de la corte de inmigración también afectará a los siguientes formularios:
EOIR-40 (Suspensión de deportación). De $100 a $305.
EOIR-42A (Suspensión de deportación para ciertos residentes. De $100 a $305.
EOIR-42B (Cancelación de deportación y ajuste de estatus para no inmigrantes). De $100 a $360.
EOIR-45 (Apelar la decisión de un juez sobre el caso disciplinario de un agente). De $110 a $675.
Las mociones de reapertura o para reconsiderar un caso aumentará de $110 a $145.
1 / 15
Silvia Gómez, de 25 años, sentada junto a su hija de 9 años en el autobús en el que harán el primer trayecto hasta Tapachula. Se marcha porque su familia en Guatemala se lo pidió. Le dijeron que esperar hasta el 15 de enero de 2020 por su primera corte era un tiempo excesivo para andar con una niña en un albergue. Sus planes no están claros aún: cree que dejará a su hija en Guatemala y regresará a México cuando se aproxime su fecha de entrada a Estados Unidos para presentarse ante el juez de inmigración.
