La mayoría de detenciones en la frontera son de migrantes que cruzan repetidamente, revela informe

Un nuevo informe del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) revela que las deportaciones sin consecuencias en la frontera con México no fueron provocadas por Biden, sino que datan desde antes de la pandemia del covid-19 y la puesta en vigor del Título 42 en el gobierno de Trump.

Jorge Cancino
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Jorge Cancino.
Raúl Ortiz, jefe de la Patrulla Fronteriza, considera que el aumento en la migración por la frontera sur es el resultado de la falta de medidas contra los indocumentados que ingresan de manera irregular a Estados Unidos, de acuerdo con un video difundido por la cadena Fox News. Por otro lado, un grupo de representantes republicanos recorrió esta zona limítrofe e hizo un llamado al gobierno Biden para que asegure la frontera, ante lo que considera una crisis humanitaria. Más noticias en Univision.
Video Jefe de la Patrulla Fronteriza dice que falta de medidas contra indocumentados motiva la inmigración masiva hacia EEUU

La mayoría de los extranjeros detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México han sido expulsados o regresados repetidamente y no solo a partir del 2020 debido a la pandemia del coronavirus. El hallazgo contradice uno de los principales argumentos de quienes critican la política migratoria del presidente Joe Biden.

Si bien los datos por ahora no brindan una imagen completa, un reciente informe elaborado por el Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse, en Nueva York, encontró que el porcentaje de detenciones de la Patrulla Fronteriza que comprenden a los que cruzan la frontera repetidamente “no aumentó significativamente cuando, bajo el Título 42, los que cruzan la frontera ilegalmente no fueron penalizados o sancionados antes de ser expulsados”.

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El Título 42, una vieja política que data de 1944, fue activada el 20 de marzo de 2020 como parte de los esfuerzos del gobierno para contener y evitar la propagación del coronavirus. Sin embargo, opositores a la medida indicaron que el gobierno la usó con un doble sentido: combatir la pandemia y fortalecer la política migratoria de tolerancia cero del expresidente Donald Trump.

El TRAC dijo que el hallazgo, basado en datos obtenidos de la Patrulla Fronteriza, es contrario a los argumentos de la propia agencia federal y los argumentos de los analistas de políticas de que las expulsiones inmediatas (expeditas) sin aplicar sanciones significativas, como el enjuiciamiento penal para los que cruzan repetidamente, "alientan los intentos ilegales de reingreso”.

Qué dicen los críticos

Quienes se oponen a la política migratoria de gobierno, principalmente republicanos, argumentan que el desarme de la política de tolerancia cero iniciado por Biden el 20 de enero del 2021, cuando tomó el control de la Casa Blanca, estableció una supuesta política de puertas abiertas en la frontera con México que se convirtió en un imán para la entrada de cientos de miles de extranjeros al país sin ningún tipo de control.

Pero la Casa Blanca de Biden ha reiterado que la política migratoria del mandatario está dirigida a la cancelación de memorandos y órdenes ejecutivas emitidas por Trump en sus cuatro años de gobierno (unos 400) con el objetivo de restablecer el debido proceso migratorio aprobado por el Congreso y asentar una política que trate a los no ciudadanos (inmigrantes) con humanidad y respeto.

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Por su parte, los detractores de Biden también lo acusan de haber provocado una “invasión” de extranjeros que amenaza la seguridad pública y nacional de Estados Unidos, argumento que el gobierno rechaza indicando que la mayoría de los detenidos en la frontera han sido expulsados bajo el Título 42, el Título 8 de la Ley de Inmigración, el Programa de Protección del Migrante (MPP), la ley de asilo o el cumplimiento del Acuerdo Judicial Flores de 1997 cuando se trata de Menores No Acompañados.

Mayoría reincidente

Los nuevos datos del TRAC contradicen no solo el argumento republicano, sino incluso declaraciones que en julio dio Raúl Ortiz, jefe de la Patrulla Fronteriza, durante una audiencia ante una demanda entablada por la fiscal general de Florida.

En esa ocasión, Ortiz, en un video difundido por la cadena de noticias conservadora Fox News, dijo que “hemos visto un aumento sin consecuencias”, y que la percepción entre los inmigrantes liberados sin castigo incrementa exponencialmente los cruces fronterizos.

Sin embargo, los datos hallados por el TRAC muestran una realidad diferente. “La mayoría de las detenciones de la Patrulla Fronteriza son para personas que cruzan repetidamente”, señala. Y advierte que los datos de la agencia “aún no brindan una imagen completa” de la situación que se viene registrando en la frontera.

Tras encontrar que el porcentaje de detenciones de reincidentes no aumentó significativamente después de marzo de 2020, cuando se implementó el Título 42, los que cruzan la frontera ilegalmente “no fueron penalizados antes de ser expulsados”, precisó.

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Y agrega que el hallazgo no solo desvirtúa argumentos ventilados en los últimos 20 meses, de que las expulsiones inmediatas sin aplicar sanciones significativas, como el enjuiciamiento penal para los que cruzan repetidamente, alientan "los intentos ilegales de reingreso”.

Sanciones que no se aplican

Abogados consultados por Univision Noticias advierten que la política migratoria fronteriza de Estados Unidos no ha sido modernizada, no se aplica en toda su extensión, a pesar de los castigos, los inmigrantes que huyen de sus países y vienen en busca de asilo no temen ser detenidos y vueltos a deportar o expulsar.

“Aunque no hayan acumulado tiempo de permanencia ilegal, el ser detenido o hallado en la frontera siendo indocumentado, puede tener consecuencias”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California.

“Los no ciudadanos, como les llama el gobierno ahora, pueden ser expulsados de manera expedita o formal. Pero estamos viendo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no tiene capacidad de respuesta para procesarlos de manera rápida. En los últimos dos años han llegado millones de personas”.

Gálvez dice además que “no hay recursos suficientes para que la CBP los deporte como debe ser, como indica el reglamento”. Y agrega que existen cuatro maneras de no dejar entrar y expulsar a un extranjero: la deportación formal, expedita, voluntaria y la que se conoce como ‘regresada’ (retorno) voluntaria.

Las tres primeras tienen consecuencias migratorias, indica. "Deportación formal y expedita tienen un castigo que va entre los 5 y los 10 años. Y la voluntaria una sanción de 5 años y el compromiso que, una vez cumplido el castigo, debe regresar de manera legal”, apunta.

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“La regresada (devolución) voluntaria (voluntary returns, en inglés) no tiene consecuencia migratoria. Por eso estamos viendo a tanta gente que lo intenta más de una vez. No tiene consecuencia”, precisa Gálvez.

Difícil de determinar

Para Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego, California, no es fácil determinar qué tipo de expulsión o deportación experimentó un inmigrante, por ejemplo, detenido o hallado lejos de un puerto fronterizo o en una montaña.

“Se tiene que determinar si fue salida voluntaria o deportación. Y conocer si la deportación se pudo haber ejecutado en una zona inhóspita, no en la garita. Y muchas veces el inmigrante no se da cuenta porque no conoce el proceso y los documentos que demuestran cómo fue expulsado del país”, indica.

Velásquez dice además que, de acuerdo con los datos que ha publicado la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo, el gobierno lleva registro de todos procedimientos que lleva a cabo y quedan anotados en los reportes mensuales.

“Pero lo que no sabemos son los detalles de cómo se llevó a cabo el proceso de deportación, si ocurrió antes de las dos millas desde la frontera o después, si fue formal, voluntaria o simplemente lo regresaron. Esa información permite determinar si hubo consecuencias o sanciones y cuáles fueron”, explicó.

La abogada también dijo que las penas han aumentado en los últimos años y que “la mayoría de las personas expulsadas solo pueden regresar legalmente al país”. Y en cuanto al peso de las consecuencias o castigos, dijo que “muchos que quieren cruzar y los echan, lo intentan de nuevo. Parece que nadie está escuchando el peso del castigo. Lo intentarán hasta que lo consigan”.

Los retornos voluntarios

Un informe del American Immigration Council (AIC), basado en reportes de defensores de los derechos de los inmigrantes de 2011, indica que los agentes la Patrulla Fronteriza “no siempre brindan a los no ciudadanos información sobre las consecuencias de aceptar el retorno voluntario" y, en algunos casos, incluso "los obligan a 'aceptar' partir 'voluntariamente' tras ser hallados en la frontera".

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Una década después el problema sigue y miles de inmigrantes deportados o expulsados no fueron advertidos correctamente de las consecuencias que implica una deportación o una salida o ‘regresada’ voluntaria. “Tampoco tienen claro que si buscan ingresar nuevamente al país deben hacerlo legalmente”, reiteró Gálvez.

El último reporte del CBP, relacionado con los hallazgos registrados en julio, revela que, si bien los números de encuentros siguen siendo altos, esta es una tendencia positiva y la primera caída de dos meses desde octubre de 2021, según dijo Chris Magnus, comisionado de la agencia.

Magnus precisó que la cantidad de “personas únicas” fueron 199,976 encuentros a lo largo de la frontera terrestre suroeste en julio, una disminución del 4% en comparación con junio y que de ellos, el 22% involucró a personas que tuvieron al menos un encuentro previo en los 12 meses anteriores. Esto, en comparación con una tasa promedio de reencuentro de un año en la frontera terrestre suroeste del 15% para los años fiscales de 2014 a 2019.

El reporte muestra además que:


  • Dos tercios (67%) de todos los encuentros en la frontera terrestre con México fueron adultos solteros, con 134,362 encuentros en julio, una disminución del 4% en comparación con junio;
  • 74,573 encuentros, 37% del total, fueron procesados para expulsión bajo el Título 42;
  • 125,403 encuentros fueron procesados bajo el Título 8 (por razones o causas de inadmisibilidad);
  • 64,799 encuentros que involucraron a adultos solteros (48% de todos los encuentros de adultos solteros) fueron procesados para expulsión bajo el Título 42, con 69,563 procesados bajo el Título 8;
  • 9,574 encuentros que involucraron a personas de unidades familiares (18% de todas las personas de unidades familiares) fueron procesadas para expulsión bajo el Título 42, con 42,466 procesadas bajo el Título 8.
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El informe estadístico del CBP no menciona las ‘regresadas’ voluntarias (voluntary returns).
Univision Noticias preguntó al CBP qué tipo de sanciones o consecuencias tienen las expulsiones o deportaciones que se están llevando a cabo en la frontera con México. Al cierre de esta nota no había respuesta.

Una investigación encabezada por la Patrulla Fronteriza (USBP), la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y el Sheriff del condado de Webb detectó una casa de seguridad de un grupo de traficantes de personas en Laredo, Texas, la tarde del 23 de noviembre de 2019.
En el interior de la vivienda estaban 43 inmigrantes originarios de México, Guatemala, Honduras y Ecuador. “Todos se encontraron en buen estado de salud y fueron arrestados en espera de la investigación”, indicó la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) en un comunicado.
Las deplorables condiciones de esta vivienda contrastan con el multimillonario negocio de los coyotes, que solo en 2017 pudo haber generado hasta $2,300 millones, según un informe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés).
Se cree que esta actividad ilícita no se ha visto afectada con las caravanas de migrantes que se presentan en la frontera para pedir asilo a Estados Unidos. Estos seis migrantes, por ejemplo, fueron descubiertos en otra casa de seguridad en Laredo, Texas, el 5 de agosto de 2019. Llegaron desde México, Guatemala y Honduras.
“Los traficantes de personas continúan utilizando hogares y negocios locales como punto de partida para los inmigrantes ilegales, causando molestias a los residentes de Laredo”, advierte la Patrulla Fronteriza. En esta guarida fueron hallados 38 indocumentado en mayo de 2018.
Las tarifas que deben pagar los migrantes ahora superan los $10,000. Sin embargo, ellos reciben un trato miserable por parte de los coyotes mientras son llevados a sus destinos, de acuerdo con las autoridades.
En estas condiciones vivieron temporalmente ocho guatemaltecos detenidos por la Patrulla Fronteriza y el Sheriff del condado de Webb en Central Laredo en julio de 2018.
A principios de febrero de 2017, las autoridades encontraron a 11 inmigrantes en una vivienda en la ciudad de Eagle Pass, cerca de la zona limítrofe con México. Se trataba de ocho mexicanos, una hondureña, y un hombre y una mujer salvadoreños.
“Las organizaciones criminales utilizan habitualmente sus casas secretas para colocar inmigrantes en condiciones a menudo infrahumanas. Por lo general, las personas deben esperar a que los transporten hacia el interior de Estados Unidos y pagar tarifas a los contrabandistas”, señala la Patrulla Fronteriza.
La Patrulla Fronteriza advierte que “no es raro que estos inmigrantes indocumentados sean retenidos durante semanas o más en estructuras pequeñas y estrechas sin ventilación adecuada, agua potable, ni condiciones saludables”.
Las autoridades también alertan que las personas que vigilan estas guaridas también se dedican al secuestro, robo, abuso físico y agresiones sexuales de los inmigrantes que reciben.
Los migrantes son transportados a estos lugares inmediatamente después de que cruzan ilegalmente la frontera de distintas maneras: caminando varios días por el desierto, ocultos en vehículos que pasan por garitas aduanales o nadando por el peligroso Río Grande.
Los crímenes que ocurren en estos sitios y durante el recorrido por la frontera generalmente no se reportan a las autoridades por miedo a la deportación o porque los migrantes desconfían en la policía en sus lugares de origen, según oficiales fronterizos entrevistados por Univision Noticias.
Estos 37 indocumentados estaban en una vivienda secreta detectada en el sur de Texas en mayo de 2016. La mayoría de ellos eran hombres jóvenes.
Este escondite fue encontrado en junio de 2018 en Laredo. Lo hallaron después que la Patrulla Fronteriza y el Sheriff de Webb recibieron información de que varios indocumentados estaban allí.
El operativo concluyó con la detención de 62 personas que cruzaron la frontera ilegalmente. Procedían de México, Guatemala, Honduras y El Salvador.
Al anunciar los arrestos, José Martínez, entonces subjefe de la Patrulla Fronteriza en el sector de Laredo, dijo que esta acción reflejaba el compromiso de las autoridades “para interrumpir la actividad ilícita, negar a las organizaciones criminales la capacidad de operar y proteger la vida humana”.
Una de las medidas para combatir el contrabando de migrantes es demoler sus escondites, como este ubicado en la ciudad de San Juan, en Texas.
La pequeña vivienda fue derrumbada usando maquinaria pesada y bajo el resguardo de oficiales de la Patrulla Fronteriza.
Un estudio publicado por Rand Corporation en abril contradice una añeja versión de funcionarios de EEUU: que los carteles están involucrados directamente en el tráfico de personas. Pero alerta que los migrantes les tienen que pagar al pasar por sus territorios, generando una ganancia de entre $30 y $180 millones al año.
El reporte de Rand Corporation recomendó a las autoridades estandarizar y ampliar el rango de preguntas que los oficiales fronterizos hacen a los migrantes para buscar información más consistente sobre los contrabandistas, rutas y pagos. Además de expandir sus esfuerzos para interrumpir los pagos que los coyotes reciben de los familiares de los migrantes en EEUU.
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Una investigación encabezada por la Patrulla Fronteriza (USBP), la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y el Sheriff del condado de Webb detectó una casa de seguridad de un grupo de traficantes de personas en Laredo, Texas, la tarde del 23 de noviembre de 2019.
Imagen Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP)
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