La principal asesora del Senado rechaza incluir legalización de indocumentados en el paquete de reconciliación

La oficina de la 'parlamentarian' del Congreso rechazó este domingo una solicitud de los demócratas de incluir en el paquete presupuestario la legalización de millones de inmigrantes indocumentados en el debate sobre el presupuesto 2022.

En la decisión entregada al Congreso y a la que tuvo acceso Univision Noticias a través de una fuente legislativa, la abogada Elizabeth MacDonough señaló que la recomendación de incluir una vía hacia la residencia legal permanente (LPR) de dreamers, titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS), trabajadores agrícolas y trabajadores esenciales “es una prueba más de que los cambios de política de esta propuesta superan con creces el impacto presupuestario que se le ha asignado” y por lo tanto “no es apropiado para su inclusión en la reconciliación”.

Uno de los puntos criticos señalado por los detractores del plan se centra en que la legalización de indocumentados aumentará el gasto de programas federales tales como estampillas de comida, créditos tributarios por niños y programas de seguros médicos, entre otros.

MacDonough anotó en su informe que el estatus de residente legal permanente "viene con una amplia gama de beneficios que van más allá de los programas de la red de seguridad social", y que en términos generales, "dado que la mayoría de los beneficiarios de este cambio de política no tienen estatus, habrá otros beneficios federales, estatales y sociales que cambiarán la vida al tener el estatus de LPR".

Fuentes demócratas dijeron que la decisión de no incluir la residencia permanente en el paquete de reconciliación no detendrá los planes de alcanzar una vía hacia la ciudadanía para los indocumentados, pero que ahora el camino será “más largo”.

"La orientación del parlamentario refuerza las tradiciones del Senado de que los cambios importantes en las políticas deben realizarse en colaboración y no a través del proceso de reconciliación", dijo en su cuenta de la red social Twitter el Senador Lindsey Graham (republicano por Carolina del Sur).

Punto clave

En el documento entregado al legislativo, MacDonough explica que la pregunta planteada ante la Parlamentarian era si “una serie de enmiendas propuestas a la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que eliminan las barreras existentes para el ajuste de estatus al de residente legal permanente (LPR) para una variedad de clases de inmigrantes y no inmigrantes existentes y de nueva creación, incluidos muchos que no están legalmente presentes en Estados Unidos, es un cambio de política que supera sustancialmente el impacto presupuestario de ese cambio”.

La semana pasada, durante una reunión a puertas cerradas a la que también asistieron delegados republicanos, los demócratas argumentaron que el plan era legalizar a entre 6 y 8 millones de indocumentados que están en el país, muchos de los cuales son trabajadores esenciales que han sido cruciales durante la pandemia, y lo siguen siendo al estar ayudando al país a salir adelante económicamente por medio de su trabajo.

También mencionaron que la legalización de 8 millones de inmigrantes indocumentados tendrá un impacto fiscal de $139,000 millones en los próximos 10 años.

En el análisis, la Parlamentarian indicó que el ajuste de estatus solicitado “aumentará el déficit en $140,000 millones durante 10 años como resultado de la red de seguridad social y programas de beneficios a los que los residentes legales permanentes que serían legalizados tendrían derecho”.

MacDonough dijo además que "la disposición también incluye condiciones de inelegibilidad para estos solicitantes junto con exenciones de muchos de esos descalificadores a discreción del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)".

"Desde cualquier punto de vista, es una política de inmigración nueva y amplia", apuntó.

El plan demócrata

El plan demócrata consistía en incluir en el paquete de reconciliación del presupuesto dos proyectos de ley aprobados por la Cámara de Representantes en marzo, que incluyen un camino a la legalización para dreamers, titulares de TPSD, trabajadores del campo y trabajadores esenciales.

Los planes, detenidos en el Senado por el rechazo de los republicanos, otorgan una residencia temporal por 10 años al término de los cuales los beneficiarios podían acceder a la residencia legal permanente (LPR).

Cinco años más tarde los inmigrantes favorecidos serían elegibles para solicitar la ciudadanía por naturalización.

Sobre este proceso, la parlamentarian dijo que la propuesta, tal como fue presentada, “renunciaría a las secciones relevantes de la Ley de Inmigración (INA) y crearía una nueva clase de extranjero que es elegible para el ajuste de estatus, incluida una categoría completamente nueva de personas llamadas ‘trabajadores de infraestructura crítica esencial’ (derivada de una lista de 16 páginas que cubre 18 categorías principales y más de 220 subcategorías de empleo)”.

La herramienta del paquete de reconciliación fue aprobada por el Congreso en 1974 para facilitar la aprobación con mayoría simple de ciertas leyes, sobre todo relacionadas con el gasto, la deuda pública y los impuestos.

Los demócratas, al tener el control de la Cámara y del Senado, tienen el poder para utilizarlo y avanzar el presupuesto, pero no tienen los 60 votos necesarios en la Cámara Alta, donde ambos partidos tienen 50 votos y el empate lo rompe el voto de la vicepresidenta Kamala Harris.

Pero para avanzar se requería la aprobación o visto bueno de MacDonough antes de proceder con el tema.

“Vamos a seguir”, dice Schumer

Tras conocer la decisión de la Parlamentarian, la oficina del líder del Senado, Charles Schumer (demócrata por Nueva York), dijo que “vamos a seguir” en el esfuerzo por legalizar a la mayoría de los inmigrantes indocumentados que viven en el país.

“Vamos a buscar otras alternativas. La decisión de la Parlamentarian no recomendó el camino a la residencia legal permanente, pero nosotros seguiremos buscando el camino a la ciudadanía”, agregó.

Durante la campaña electoral 2020 el presidente Joe Biden promedió que durante los primeros 100 días de su mandato presentaría al Congreso un plan de reforma migratoria para legalizar a la mayoría de los 11 millones de indocumentados que viven en el país. El proyecto fue respaldado por los líderes de ambas cámaras, entre ellos Schumer.

Sin embargo, el 18 de marzo, en vista del rechazo republicano, la Cámara optó por presentar dos planes separados, uno para legalizar a dreamers y beneficiarios del TPS y otro para trabajadores del campo. Fueron esos proyectos los que intentaron incluir en el paquete de reconciliación.

“Vamos a intentar otros medios para darle estatus legal a los indocumentados”, añadió la oficina de Schumer. No nos detendremos”, aseguró.

"Decepcionados"

Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes también reaccionaron a la decisión de MacDonough. “Tanto Schumer como la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (demócrata por California) y presidente Biden y la vicepresidenta Harris tienen todo el poder para hacer lo correcto y brindar un camino hacia la ciudadanía para millones de personas” sin estatus legal de permanencia en el país, dijo Greisa Martinez Rosas, directora Ejecutiva de United We Dream Action.

“Los demócratas en el Congreso deben cumplir sus promesas al pueblo. El liderazgo consiste en tomar decisiones audaces en momentos de gran necesidad. Necesitamos que los demócratas sean valientes como los cientos de miles de miembros de United We Dream Action y nuestros aliados", agregó.

A su vez, Abel Núñez, director del Centro de Recursos Centroamericanos (Carecen), dijo que estaba “decepcionado” por la decisión de la Parlamentarian y agrego que “sabíamos que era una tarea difícil”.

“Ahora le toca al liderazgo demócrata y a la Casa Blanca de Biden ver cómo van a solucionar esto. Todo se ha puesto cuesta arriba, la legalización de millones de personas que trabajan para sacar adelante a nuestro país. Hay que seguir trabajando”, indicó.