Redadas de ICE dejan 200 inmigrantes detenidos en Carolina del Norte

Al menos 200 inmigrantes fueron detenidos en Carolina del Norte durante un operativo de varios días, anunció el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

En los operativos participaron agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), policías locales y estatales y oficinas de alguaciles de los condados afectados por las batidas.

Una de ellas se llevó a cabo en una fábrica de armas de Bear Creek, en el condado Lee, en Sanford, donde fueron arrestados una treintena de trabajadores, la mayoría de ellos con cargos criminales, según el DHS.

“Las detenciones comenzaron el lunes”, dijo a Univision Noticias un profesor de Carolina del Norte que pidió mantener su nombre bajo reserva. “En la fábrica de armas se llevaron a 30 personas. Los agentes de ICE llegaron con apoyo del alguacil”, agregó.

El jueves los agentes de ICE “llegaron a un parque de casas rodantes en Birmingham donde también arrestaron personas y una más en Raleigh. En total se habla de unas 200”, dijo el educador, alarmado por los operativos y porque en su escuela hay niños cuyos hogares se verán afectados.

Las redadas se llevaron a cabo en los condados de Alamance, Durham y Wake.

Confirman arrestos

El martes voceros de ICE reconocieron a medios locales que se estaban llevando operativos en varios lugares de Carolina del Norte, y que el blanco de los arrestos eran extranjeros con antecedentes criminales.

ICE confirmó luego que en la fábrica de armas fueron detenidas 27 personas, de ellas dos indocumentados y el resto con antecedentes criminales. La armería se ubica a 45 millas al suroeste de Raleigh.

Sean Gallagher, director de la oficina de ICE en el distrito que cubre Carolina del Norte, dijo en una conferencia de prensa que las redadas fueron parte de una operación de cuatro días que culminaron el jueves.

Una de las razones expuestas por la agencia para llevar a cabo el operativo fue la ausencia del programa 287(g) en esas comunidades.

El programa citado por Gallaher permite al gobierno hacer acuerdos con las policías locales para que su personal actúe como agentes de inmigración en la búsqueda y captura de indocumentados.

Clima de preocupaciones

Activistas locales dijeron a Univision que la comunidad vive momentos "difíciles y con miedo" ante posibles nuevos operativos por parte del gobierno.

"Hay extremada preocupación entre las familias afectadas por las redadas de esta semana", dijo José Hernández Paris, director de la Coalición Latinoamericana de Carolina del Norte, en Charlotte. " En nuestra ciudad fueron afectadas unas 60 familias, todos ellos indocumentados", indicó.

"Nosotros activamos inmediatamente la Red de Defensa de las Familias para ir en ayuda de estas personas, sus hogares y sus niños. Contamos con cerca de 40 organizaciones y grupos de fe aliados a la comunidad para establecer un plan de apoyo a quienes están quedando en situaciones de crisis, y a las personas que están siendo removidas de Charlotte y llevarlos a Georgia".

Hernández dijo además que en las próximas horas " nos organizaremos de mejor manera a medida que conozcamos los nombres de la totalidad de afectados por estas redadas y de esa manera coordinar mejor las ayudas".

La página digital Qué Pasa media Network en la red social Facebook ha estado alertando de las redadas durante toda la semana. El sitio es frecuentemente visitado por organizaciones e inmigrantes para estar informados y alertados de este tipo de operativos.

Programa revivido por Trump

El programa federal 287(g) fue activado durante el gobierno de George W., Bush en respuesta de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, pero las agencias fueron abandonándolo a medida que se fueron conociendo cifras que demostraron que la mayoría de los detenidos se trataba de inmigrantes sin papeles, pero sin antecedentes criminales.

En Carolina del Norte más de 17,000 migrantes fueron deportados bajo este programa en el tiempo que estuvo en vigente.

El programa 287(g) sirvió de base en 2011 para la implementación del programa Comunidades Seguras, que operó en 42 estados, pero no todas las agencias de policía en cada estado suscribieron acuerdos con el DHS.

Pero meses después de haber sido activado simultáneamente, Illinois, Nueva York y Massachusetts lo abandonaron argumentando serios defectos, que llevaron al inspector general del DHS a iniciar una revisión para determinar la amplitud con la que ICE utilizaba Comunidades Seguras para localizar y deportar a los inmigrantes considerados delincuentes peligrosos.

La agencia aseguró que invertiría esfuerzos en capacitar a los agentes de policías locales, y con ello responder a las preocupaciones sobre la pérdida de confianza de la comunidad con las autoridades del orden público, en particular los indocumentados que temen ser detenidos y deportados si denuncian un crimen o pedían la protección de las autoridades.

Las respuestas de la Administración de Barack Obama no fueron suficientes y las deserciones continuaron. Según ICE, entre 2009 y 2011 Comunidades Seguras fichó a aproximadamente 11,000 inmigrantes que habían sido acusados o condenados por crímenes violentos u otras ofensas serias (crímenes de nivel 1), mientras que otros 100,000 casos los individuos fueron acusados o condenados por crímenes de nivel 2 o 3.

Comunidades seguras desapareció en 2014 y fue reemplazado por el Programa de Cumplimiento de Prioridad (PEP), que operaba teniendo en cuenta una nueva lista de prioridades de deportación.

El PEP permitió al DHS trabajar con agencias del cumplimiento de la ley a nivel estatal y local para tomar custodia de los individuos que presentan una amenaza a la seguridad pública antes que estos individuos sean liberados.

Entre las prioridades se encontraban criminales, cargos por DUI, personas con historial extenso de violaciones de inmigración e inmigrantes con una orden final de deportación en o después del 1 de enero de 2014.

Pero en 2016, cuando Trump ganó las elecciones, dijo que activaría nuevamente Comunidades Seguras, promesa que activó el 25 de enero de 2017 cuando decretó que la presencia indocumentada era una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados unidos.