Urgen al gobierno detener la deportación acelerada de menores no acompañados
Abogados, religiosos, activistas y defensores de los derechos de los inmigrantes dicen que la política de emergencia adoptada por el gobierno debido a la pandemia, daña el debido proceso migratorio de niños que huyen en busca de asilo.
Por:
Jorge Cancino.
Un 46% de los encuestados ha visto reducidas sus horas de trabajo, y un 35% de hogares tiene un miembro que perdió su empleo. Univision Noticias tiene en exclusiva resultados de la Primera Encuesta Nacional sobre el Impacto del Coronavirus en la Comunidad Latina, y el doctor Ramón Tallaj nos ayuda a interpretarlos.
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Un grupo integrado por 79 organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes urgió al gobierno detener de inmediato la deportación acelerada de Menores No Acompañados (UAC) en la frontera con México.
La petición, contenida en una carta dirigida al secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Chad Wolf, y al director de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC), Robert Redfield, señala que esta acción “es contraria a las leyes que garantizan el derecho a solicitar asilo, ubicar a los niños y protegerlos de la trata de personas”.
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“Estas acciones no hacen nada para proteger la salud y la seguridad públicas, violan Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Trata de Personas de 2008 (TVPRA), son contrarias a la ley nacional y al derecho internacional que garantiza el solicitar asilo y colocar a los UAC en riesgo inmediato de trata de personas y otros daños”, se lee en la. Misiva.
“Le instamos a que cese estas deportaciones y que trate a los niños que llegan de conformidad con los requisitos legales”, agrega el grupo.
La ley de 2008 mencionada en la carta determina que los UAC cuando llegan a la frontera, con excepción de aquellos provenientes vecinos, no pueden ser deportados inmediatamente.
Agrega que deben ser detenidos y protegidos, puestos en proceso de deportación y un juez de inmigración debe decidir sus futuros en Estados Unidos.
El pasado 209 de marzo el gobierno federal ordenó el cierre de las fronteras con México y Canadá para todos los viajes no esenciales, medida adoptada en el marco de la batalla para detener la propagación del nuevo coronavirus.
"Estados Unidos y México decidieron prohibir los viajes no esenciales a través de nuestra frontera compartida", dijo el secretario de Estado, Mike Pompeo, durante una rueda de prensa de prensa encabezada por el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.
La medida de emergencia “afecta principalmente a las personas que llegan a la frontera en busca de asilo”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California. “No los dejan pedir el beneficio. Los regresan de inmediato a México”, agrega.
La carta dirigida a Wolf y Redfield precisa que los Menores No Acompañados “constituyen uno de los grupos más vulnerables del mundo” y está compuesto por niños y niñas, algunos menores de 12 años que huyeron a Estados Unidos para escapar de situaciones de peligro, incluyendo violencia extrema y explotación sexual”.
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“Muchos de ellos enfrentan un trauma continuo cuando llegan. Su edad, etapa de desarrollo e historial de trauma presentan obstáculos para navegar por el complejo sistema de inmigración y acceso a ayuda que puede salvar vidas”, puntualiza el grupo.
Precisa además que, para “evitar su retorno injusto y en reconocimiento de sus vulnerabilidades únicas, el Congreso acordó protecciones legales especiales para estos menores bajo la TVPRA, ley que fue aprobada por consentimiento unánime de ambos partidos y ordena que el gobierno evalúe a estos jóvenes para determinar si corren el riesgo de trata o temen regresar a sus países de origen”.
El grupo también le recuerda al gobierno que la ley prohíbe la deportación o transferencia de estos menores “que corren el riesgo de trata, temen regresar” y que deben ser remitidos “a la atención y custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, dependiente del Departamento de Salud y Recursos Humanos) y colocarlos en un tribunal de inmigración” para que sea un juez quien decida sus permanencias.
La carta solicita además al DHS que añada a los UAC a la lista de categoría esenciales o excepciones, y de esa manera respetar la ley “y la voluntad del Congreso”.
La misiva pide al gobierno, además, que respete el debido proceso migratorio y le señala que las deportaciones aceleradas que se están llevando a cabo en la frontera no están brindando “una oportunidad significativa para solicitar asilo”.
El grupo cita recientes declaraciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) quien recientemente dijo que “si bien los Estados pueden establecer medidas que pueden incluir un examen de salud o pruebas de personas que buscan protección internacional, tales medidas no pueden resultar en negarles una oportunidad efectiva de solicitar asilo o dar como resultado la deportación”.
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La carta agrega que la actual política del DHS en la frontera “amenaza con causar graves daños a los niños” y tampoco “los protege de la trata de personas, precisamente el resultado que el Congreso pretendía evitar”.
“Estas acciones van en contra de la promesa del presidente Trump, quien dijo que "[mi] Administración se centrará en poner fin a la práctica absolutamente horrible de la trata de personas”, escribió el grupo citando un compromiso del presidente para la erradicación de la trata de niños.
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