Qué pena puede imponer el juez a Genaro García Luna y cuándo se conocerá

“Culpable”, leyó el juez de Nueva York tras enunciar cada uno de los cinco delitos de narcotráfico que le imputaba a Genaro García Luna, el ‘superpolicía’ mexicano y arquitecto de la guerra contra la droga que México lanzó en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012).

García Luna, el exfuncionario mexicano de más alto rango que se sienta en el banquillo de la justicia estadounidense, no mostró ninguna reacción al momento de escuchar que era considerado culpable de proteger al cartel de Sinaloa de Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán a cambio de millonarios sobornos para enviar droga a Estados Unidos desde 2001 a 2012.

En concreto, los delitos por los que será condenado son la dirección de una empresa criminal, cuya actividad continúa hasta la actualidad; conspiración para la distribución y posesión de cocaína, con la intención de distribuirla en Estados Unidos, y conspiración para la importación de la misma droga, entre otros.

También por prestar falso testimonio a las autoridades estadounidenses cuando solicitó la nacionalidad.

Tras deliberar durante tres días bajo estrictas medidas de seguridad, el jurado anónimo de la corte federal de Nueva York concluyó de forma unánime que su culpabilidad había sido probada más allá de la duda razonable en el juicio, que duró la mitad del tiempo previsto.

Esos delitos acarrean una pena de entre 20 años y cadena perpetua. El juez Brian Cogan, quien ya condenó al Chapo a cadena perpetua, anunció que dictará sentencia el próximo 27 de junio. Mientras tanto, la defensa tiene 45 días para apelar el fallo del jurado.

El abogado de García Luna, César de Castro, dijo que la defensa planeaba apelar el veredicto y aseveró que el caso carecía de “pruebas creíbles y fiables”.

“El gobierno se tuvo que conformar con un caso sustentado en algunos de los delincuentes más notorios y despiadados que han testificado en este tribunal”, señaló De Castro fuera de la corte.

García Luna, "socio criminal" del cartel de Sinaloa

"García Luna, que alguna vez estuvo en lo más alto de la seguridad en México, vivirá ahora el resto de sus días habiendo sido desenmascarado como un traidor a su país y a los honrados miembros de las fuerzas de seguridad que arriesgaron sus vidas para desmantelar los cárteles de la droga”, declaró en un comunicado el fiscal federal de Brooklyn, Breon Peace.

Para la fiscalía, el que fuera la "cara visible de la guerra" que libró contra el narcotráfico el gobierno de Calderón, no era más que un "socio criminal" del cartel de Sinaloa.

Los fiscales estadounidenses culparon a García Luna de haber colaborado en el envío de al menos seis cargamentos de droga que entre todos sumaban 53 toneladas, entre 2002 y 2008.

Varios de los testigos, antiguos miembros prominentes del cartel de Sinaloa, como Jesús 'Rey' Zambada, Sergio Villarreal 'El Grande' u Óscar 'Lobo' Valencia -que colaboran con la justicia estadounidense a cambio de reducir sus penas-, aseguraron durante el juicio que habían pagado millones de dólares al acusado a cambio de protección.

Según la suma que ofrecieron, García Luna y sus acólitos habrían recibido al menos 270 millones de dólares en sobornos.

Sin la colaboración al "más alto nivel del gobierno mexicano", la "operación multimillonaria" del cartel, que se sirvió de trenes, aviones, barcos, contenedores o submarinos para importar toneladas de droga de Sudamérica a través de aeropuertos, puertos o carreteras con destino final a Estados Unidos, "hubiera sido imposible de llevar a cabo", estimó la fiscal Saritha Komatireddy.

La defensa que trató de descalificar la fiabilidad de muchos testigos que se han beneficiado de reducción de penas a cambio de colaborar con la justicia, trató de convencer al jurado de que "no hay pruebas de que recibió dinero".

Residente en Estados Unidos desde que salió del gobierno mexicano en 2012, García Luna fue detenido en Dallas (Texas) en diciembre de 2019. Su nombre surgió en el juicio al líder del cartel de Sinaloa en 2018.

El gobierno de México, que ha pedido a Estados Unidos su extradición, también reclama 700 millones de dólares presuntamente malversados por el exsecretario de Seguridad Pública.

Con información de las agencias AFP, AP y EFE.