¿Por qué está preso el general que logró la histórica tregua entre maras en El Salvador?

En medio de la espiral de violencia que se registraba en El Salvador en 2012, las autoridades lograron algo inédito: que líderes de las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 alcanzaron una tregua. Hubo un efecto inmediato, bajando la tasa delictiva. Se cree que el pacto salvó más de 5,000 vidas.

Siete años después, ya bajo otra administración, la Fiscalía salvadoreña está acusando al expresidente Mauricio Funes y quien fue su ministro de Defensa y de Seguridad Pública, general David Munguía Payés, de incluir estos acuerdos en el ‘Proceso de pacificación’: dejar de hostigar a los jefes de las bandas en las prisiones, hacerse de la vista gorda por sus crímenes y permitir que expandieran las extorsiones.

Según las autoridades, el resultado fue un descenso a corto plazo de los crímenes (pero que empeoró unos años después), facilitar las operaciones financieras ilícitas que robustecieron a las dos bandas y consentir múltiples actos delictivos para no entorpecer la llamada ‘Tregua entre pandillas’.

Con ese argumento, la Fiscalía de El Salvador ordenó el arresto del general, quien ha sido señalado de los delitos de agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes.

Este miércoles se realizó la audiencia para imputarle los cargos, pero una jueza pidió esperar el resultado de un examen médico que se le practicó en un hospital militar. La defensa asegura que su cliente padece de hipertensión y pide medidas menos rígidas mientras avanza el proceso penal.

Los fiscales afirman que tienen a tres testigos que están dispuestos a delatar al general Munguía Payés, así como un “abundante elemento de prueba” de tipo documental y pericial en su contra.

“Por su función de ministro de Justicia y Seguridad Pública, emitió órdenes a sus subalternos en la Dirección General de Centros Penales y la Policía Nacional Civil para que se les permitiera (a los mareros) que cometieran diversos ilícitos, entre otras personas, a los denominados ‘facilitadores de la tregua’”, aseguró uno de los fiscales asignados al caso, de acuerdo con un comunicado.

“Para este proceso se han ofrecido a tres personas, que se les brindó criterio de oportunidad y quienes describen la actividad específica que ejerció el señor Munguía Payés”, agregó el funcionario.

Funes niega las acusaciones

El gobierno de El Salvador advirtió hace unos días que también será acusado el expresidente Mauricio Funes por los delitos de agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes. Hasta ahora no lo ha hecho.

Funes, quien gobernó de 2009 a 2014, es un prófugo de la justicia de su país por delitos de corrupción y desde 2016 vive en Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega le otorgó asilo y la ciudadanía.

A través de su cuenta de Twitter, el expresidente negó este miércoles haber pactado una tregua que favoreció a la MS-13 y a la Barrio 18.

“Contrario a lo que asegura la FGR (Fiscalía General de la República), mi gobierno no les otorgó beneficios carcelarios a las pandillas a cambio de bajar los homicidios. En cambio, Nayib (Bukele, actual presidente de ese país) afecta o beneficia a los pandilleros, según cómo se comporte la tasa de homicidios en el país”, dijo en un tuit.

Un día anterior denunció que sus acusadores se han dedicado a “fabricar” evidencias en la prensa. "Además, hasta ahora nadie ha probado que los pandilleros recibieron beneficios de mi gobierno a cambio de bajar los homicidios”, señaló en otra publicación en la misma red social.

“Y en todo caso si se dieron estos beneficios, éstos no fueron ordenados ni autorizados por el ex Ministro de Seguridad o por la Presidencia de entonces", añadió.

Un análisis de la Organización de Estados Americanos (OEA) aplaude que la tregua entre las Maras y el gobierno salvadoreño redujo la media de homicidios mensuales, de 354 antes del pacto a 218 después de éste. “Los datos muestran que entre marzo de 2012 y junio de 2014 la tregua había salvado cerca de 5,501 vidas”, señala el reporte publicado hace dos años.

Sin embargo, indica que en ese mismo período no hubo cambios en robos, extorsiones y violaciones.

“Las treguas entre pandillas solo deben utilizarse como último recurso y solo bajo ciertas condiciones”, menciona el reporte de la OEA, advirtiendo que en el largo plazo puede tener resultados adversos, aunado a que “la poca transparencia” de las autoridades en el manejo del tema debilitaron el proceso.

Ya para 2015, había poco rastro de lo ganado por el ‘Proceso de pacificación’. Ese año se registró una tasa de 91.2 homicidios por cada 100,000 habitantes, por lo cual fue catalogado como uno de los países más peligrosos del mundo.

En los primeros seis meses de este año se reportaron 585 asesinatos, una caída del 62.8% comparado al mismo período de 2019. Pero eso se atribuye más a la cuarentena obligatoria impuesta por la pandemia.

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