17 estados y 7 ciudades demandan al gobierno por incluir la pregunta de ciudadanía en el Censo 2020

El estado de Nueva York encabeza una coalición de 17 estados y siete ciudades que, junto a la Confederación de Alcaldes, introdujo una demanda para intentar retirar la pregunta de ciudadanía del cuestionario del Censo de 2020 por considerarla inconstitucional. Ocurre una semana después de que California hiciera una demanda similar en una corte federal de San Francisco contra el secretario de Comercio, Wilbur Ross, y contra el propio Buró del Censo.

El reclamo fue introducido este martes en una corte de Manhattan y sostiene, entre otras cosas, que incluir la pregunta de si se es ciudadano o no fue una decisión arbitraria que "debilitará fatalmente la precisión de la cuenta sobre la población" del país. La medida fue anunciada por el fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman.

Los estados que se unieron a la demanda son tanto demócratas como republicanos: Connecticut, Delaware, Illinois, Massachusetts, New Jersey, Nueva York, Nuevo México, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Washington, Iowa, Maryland, Minnesota, Carolina del Norte, Vermont, Virginia.

Esta tarde el populoso condado de Los Ángeles, donde viven 3.5 millones de inmigrantes, también aprobó una moción con la que consideran unirse a la demanda que ya interpuso el estado de California y a la que fue introducida este martes por Nueva York. "Ya enfrentamos retos significativos al contar minorías, inmigrantes y otras poblaciones que son difíciles de encuestar", dijo la supervisora del condado Hilda Solis, quien redactó el documento. "Estoy profundamente preocupada por esta decisión mal concebida de la administración Trump", agregó.

La Constitución establece que el censo, que comenzó a realizarse en 1790 y que se celebra cada 10 años, debe contabilizar a la gente del país independientemente de si son ciudadanos o no. La polémica pregunta se había retirado del formulario en 1950 y desde entonces no se había recuperado.

El recuento de la población se utiliza para distribuir 675,000 millones de dólares en fondos federales en función de los habitantes de cada zona, así como para definir los asientos que deben asignarse en la Cámara de Representantes y en las legislaturas locales en la próxima década. El resultado influye directamente además en la construcción de escuelas, infraestructuras o en programas de salud como Medicaid y Medicare.

Sin embargo, el Departamento de Justicia, con Jeff Sessions a la cabeza, pidió introducir la pregunta como una forma de determinar con mayor precisión los datos completos y el número de personas con edad para votar en Estados Unidos.

La medida, según los críticos, supondrá que numerosas personas , como los indocumentados, residentes legales o quienes convivan con personas con problemas migratorios, no respondan las preguntas por temor. Que se pretenda incluir ese detalle es visto como una iniciativa proveniente de la línea más dura del gobierno de Donald Trump y que, de concretarse, distorsionará los resultados.

El cuestionario de cerca de 20 preguntas aún debe ser validado por el Congreso, que no ha votado sobre este tema.