Atención médica, cambio climático, impuestos: claves del proyecto prioritario de la administración Biden aprobado por el Senado

No tan ambiciosa como la propuesta que una vez imaginó el presidente Joe Biden para reconstruir la infraestructura pública y los sistemas de apoyo familiar de Estados Unidos, el compromiso de los demócratas con la estrategia de atención médica, cambio climático y reducción del déficit sigue siendo una empresa sustancial.

El paquete estimado de $740,000 millones, aprobado el domingo por el Senado y que se dirige a la Cámara, está lleno de prioridades del partido. Estos incluyen limitar los costos de los medicamentos recetados a $2,000 de su bolsillo para las personas mayores, ayudar a los estadounidenses a pagar un seguro de salud privado y lo que los demócratas llaman la inversión más sustancial en la historia para combatir el cambio climático, unos $375,000 millones durante la década.

Casi la mitad del dinero recaudado, $300,000 millones, se destinará a pagar los déficits federales.

Todo se paga en gran parte con los nuevos impuestos corporativos, incluido un impuesto mínimo del 15% para las grandes corporaciones para garantizar que no se salten el pago de ningún impuesto, así como los ahorros federales proyectados por los costos más bajos de los medicamentos de Medicare.

En la llamada "Ley de Reducción de la Inflación de 2022", no está del todo claro que el proyecto de 755 páginas aliviará sustancialmente las presiones inflacionarias, aunque se espera que millones de estadounidenses vean algún alivio en la atención médica y otros costos.

Los votos cayeron estrictamente según las líneas del partido en el Senado 50-50, con todos los demócratas a favor, todos los republicanos en contra y la vicepresidenta Kamala Harris proporcionó un voto de desempate para la aprobación 51-50. Se espera que la Cámara lo someta a votación el viernes, aunque el presidente Biden pidió celeridad a los legisladores.

Estas son las claves:

Menor costo de medicamentos recetados

El proyecto de ley permitiría que el programa Medicare negocie los precios de los medicamentos recetados con las compañías farmacéuticas, lo que le ahorraría al gobierno federal unos $288,000 millones durante la ventana presupuestaria de 10 años.

Esos nuevos ingresos se invertirían en costos más bajos para las personas mayores en medicamentos, incluido un límite de gastos de bolsillo de $2,000 para adultos mayores que compran recetas en farmacias.

El dinero también se usaría para proporcionar vacunas gratuitas a las personas mayores, que ahora se encuentran entre las pocas que no tienen acceso gratuito garantizado, según un documento resumido.

Las personas mayores también tendrían precios de insulina limitados a $35 por dosis. Una disposición para extender el precio máximo de la insulina a los estadounidenses con seguros de salud privados no se ajustaba a las normas presupuestarias del Senado y los republicanos la eliminaron del proyecto de ley final.

El proyecto de ley extendería los subsidios proporcionados durante la pandemia de covid-19 para ayudar a algunos estadounidenses que compran un seguro de salud por su cuenta.

El proyecto de ley permitirá que los apoyos por la pandemia continuarán durante tres años más, reduciendo las primas de seguro para las personas que compran sus propias pólizas de atención médica.

La inversión más grande contra el cambio climático

El proyecto de ley invertiría casi $375,000 millones durante la década en estrategias de lucha contra el cambio climático, incluidas inversiones en producción de energía renovable y devoluciones de impuestos para que los consumidores compren vehículos eléctricos nuevos o usados.

Se desglosa para incluir $60,000 millones para un crédito fiscal para la producción de energía limpia y $30,000 millones para un crédito fiscal para la producción de energía eólica y solar, vistos como formas de impulsar y apoyar a las industrias que pueden ayudar a frenar la dependencia del país de los combustibles fósiles. El proyecto de ley también otorga créditos fiscales para la energía nuclear y la tecnología de captura de carbono en cuyo avance las compañías petroleras como Exxon Mobil han invertido millones de dólares.

El proyecto de ley impondría una nueva tarifa sobre el exceso de emisiones de metano de la perforación de petróleo y gas, al tiempo que otorgaría a las empresas de combustibles fósiles acceso a más arrendamientos en tierras y aguas federales.

Una adición tardía impulsada por la senadora Kyrsten Sinema, demócrata por Arizona, y otros demócratas en Arizona, Nevada y Colorado designaría $4,000 millones para combatir una megasequía en el oeste, incluidos los esfuerzos de conservación en la cuenca del río Colorado, que casi 40 millones de estadounidenses dependen para el agua potable.

Para los consumidores, existen exenciones fiscales como incentivos para volverse ecológicos. Uno es un crédito fiscal al consumidor de 10 años para inversiones en energía renovable en energía eólica y solar. Hay exenciones fiscales para la compra de vehículos eléctricos, incluido un crédito fiscal de $4,000 para la compra de vehículos eléctricos usados y $7,500 para los nuevos.

En total, los demócratas creen que la estrategia podría encaminar al país hacia la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% para 2030, y “representaría, por mucho, la inversión climática más grande en la historia de Estados Unidos”.

¿Cómo pagar esto?

El mayor recaudador de ingresos del proyecto de ley es un nuevo impuesto mínimo del 15% sobre las corporaciones que ganan más de $1,000 millones en ganancias anuales.

Es una forma de tomar medidas drásticas contra unas 200 empresas estadounidenses que evitan pagar la tasa impositiva corporativa estándar del 21%, incluidas algunas que terminan sin pagar ningún impuesto.

El nuevo impuesto mínimo corporativo entraría en vigor después del año fiscal 2022 y recaudaría más de $258,000 millones durante la década.

Los ingresos habrían sido mayores, pero Sinema insistió en un cambio al mínimo corporativo del 15%, permitiendo una deducción por depreciación utilizada por las industrias manufactureras. Eso reduce alrededor de $ 55,000 millones de los ingresos totales.

Para ganarse a Sinema, senadora por Arizona, los demócratas abandonaron los planes para cerrar una laguna fiscal que los estadounidenses más ricos disfrutaron durante mucho tiempo: los llamados intereses acumulados, que según la ley actual gravan a los administradores de fondos de cobertura ricos y otros a una tasa del 20%.

El ala más progresista del Partido Demócrata había buscado durante años aumentar la tasa impositiva de interés acumulada, aumentada al 37% en el proyecto de ley original, más en línea con las personas de mayores ingresos. Sinema no lo permitió.

Mantener la exención de impuestos para los ricos priva al partido de $14,000 millones en ingresos con los que contaba para ayudar a pagar el paquete.

En su lugar, los demócratas, con el visto bueno de Sinema, impondrán un impuesto especial del 1% sobre las recompras de acciones, recaudando unos $74,000 millones durante la década.

También se recauda dinero impulsando al IRS para que persiga los fraudes fiscales. El proyecto de ley propone una inversión de $80,000 millones en servicios, aplicación y modernización de los contribuyentes, que se proyecta que recaude $203,000 millones en nuevos ingresos, una ganancia neta de $124,000 millones durante la década.

El proyecto de ley se apega a la promesa original de Biden de no aumentar los impuestos a las familias o empresas que ganan menos de $400,000 al año.

Los precios más bajos de los medicamentos para las personas mayores se pagan con los ahorros de las negociaciones de Medicare con las compañías farmacéuticas.

Dinero extra para pagar el déficit

Con unos $740,000 millones en nuevos ingresos y alrededor de $440,000 millones en nuevas inversiones, el proyecto de ley promete destinar la diferencia de unos $300,000 millones a la reducción del déficit.

Los déficits federales se dispararon durante la pandemia cuando el gasto federal se disparó. Los ingresos fiscales cayeron a medida que la economía de la nación se agitaba a través de cierres, oficinas cerradas y otros cambios masivos.

Estados Unidos ha visto subir y bajar los déficits en los últimos años. Pero el presupuesto federal en general está en un camino insostenible, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, que publicó un nuevo informe esta semana sobre proyecciones a largo plazo.

¿Qué queda atrás?

Este último paquete, que surgió repentinamente a fines de julio después de 18 meses de negociaciones de principio a fin, deja atrás muchas de las metas más ambiciosas de Biden.

El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, llegó a un acuerdo con el senador Joe Manchin para reactivar el paquete de Biden, reduciéndolo para que el demócrata de West Virginia vuelva a la mesa de negociaciones.

El paquete sigue siendo sólido, según los estándares típicos, pero no se acerca al amplio programa Build Back Better que Biden alguna vez imaginó.

Si bien el Congreso aprobó un proyecto de ley de infraestructura bipartidista de un billón de dólares para carreteras, banda ancha y otras inversiones que Biden promulgó como ley el año pasado, las otras prioridades clave del presidente y del partido se han esfumado.

Entre ellos se encuentra la continuación de un crédito fiscal mensual por hijos de $300 que enviaba dinero directamente a las familias durante la pandemia y se cree que redujo ampliamente la pobreza infantil.