El gobernador decreta Ley Seca en orden ejecutiva para mitigir propagación de covid-19

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, anunció que habrá Ley Seca en toda la Isla entre las 12:00 y las 5:00 AM todos los días y por lo menos por las próximas tres semanas, como parte de la orden ejecutiva promulgada para mitigar la propagación de covid-19.

Esta medida, que permanecerá al menos hasta el próximo 23 de septiembre, implica que los establecimientos privados deberán estar cerrados en ese horario.

El objetivo, añadió Pierluisi, es evitar aglomeraciones que permitan una mayor propagación del virus.

El gobernador, en compañía del secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, aseguró que alrededor del 70% de los pacientes hospitalizados por covid-19 son personas no vacunadas, al igual que con el 90% de las fatalidades registradas en el último mes.

La orden ejecutiva 2021-064 obliga a presentar la tarjeta o el certificado de vacunación ( Vacu ID) contra el covid-19 en una gama de establecimientos de espacios cerrados: salones de belleza, barberías, salones de estética, spa, gimnasios y casinos.

Desde hoy y hasta nuevo aviso, ninguna persona que acceda a estos establecimientos podrá hacerlo sin estar vacunado, desde empleados hasta consumidores.

En el caso de los supermercados, los clientes no están sujetos a esta regulación y no necesitan el Vacu ID para ingresar a ellos, pero sí los trabajadores.

En donde se requiere la vacuna, los clientes que no estén inmunizados deberán mostrar evidencia de una prueba de detección de covid-19 con un máximo de 72 horas de aplicación, o bien, prueba de anticuerpos o certificado médico de alta de la enfermedad en los pasados tres meses.

Los establecimientos que no exijan certificado de vacunación tendrán que limitar su aforo al 50 por ciento de su capacidad.

¿Quiénes están exentos?

Están exentas de esta orden aquellas personas que comprometan su sistema inmune o tengan otra contraindicación médica para vacunarse, así como aquellas que, mediante declaración jurada, no se los permitan sus sinceras convicciones religiosas.

De igual manera, los menores de 12 años, que aún no pueden vacunarse, están exentos.

Las multas por no cooperar o forzar el incumplimiento de esta orden ejecutiva son de hasta $5,000 y/o seis meses de cárcel, sujeto a discreción de un juez en un Tribunal de Primera Instancia.

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