La directora de la Administración de Servicios Generales (ASG), Karla Mercado Rivera informó hoy que fue referido a Justicia el caso de la guagua blindada para el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, vehículo que costó 224 mil dólares y nunca se utilizó.

“Luego de que el pasado secretario (Pedro Janer) del Departamento de Seguridad Pública (DSP) nos hiciera disponible el expediente de los trámites posteriores a la compra del vehículo blindado, la Administración de Servicios Generales inició un análisis de toda la documentación y contenido del mismo. Después de analizar el expediente, determinamos hacer un referido al Departamento de Justicia para que evalúe cualquier acción legal que determine que corresponde en derecho”, sostuvo Mercado Rivera.

Añadió que “ASG ha intentado obtener una respuesta por parte de la empresa sobre el estatus del vehículo blindado y la entrega de este al gobierno de Puerto Rico. Sin embargo, no hemos obtenido respuestas claras de la compañía. Como parte del referido al Departamento de Justicia, solicitamos la evaluación de las acciones legales pertinentes que en derecho le asisten al gobierno ante esta situación”.

El pasado diciembre la ASG había advertido al Departamento de Seguridad Pública (DSP) sobre las posibles consecuencias de la cancelación tardía de la compra de la guagua blindada que, junto a La Fortaleza, tramitaron para el uso del pasado gobernador Ricardo Roselló.

A fines del año pasado el DSP había expresado la intención de cancelar la adquisición del vehículo blindado Chevrolet Suburban 2018, adquirido por la Oficina del Gobernador en consulta con el DSP para el uso del exgobernador.

En esta gestión, el gobierno de Puerto Rico ha desembolsado 224,100 dólares hasta el presente.

“Existen, además, sumas adicionales pendientes de pago que reclama la empresa, como resultado de negociaciones y cambios de orden posteriores a la adquisición original. La solicitud del DSP de cancelar la transacción, en esta etapa, acarrea consecuencias fiscales y la posibilidad de perder fondos públicos invertidos para la compra de este vehículo. A esto se suma, que un trámite de cancelación de un contrato podría acarrear posibles consecuencias legales que ameritan un análisis responsable”, advirtió entonces la directora de la ASG.

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