ORLANDO, Florida.- Representantes republicanos de Florida, como Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez y María Elvira Salazar, expresaron su oposición a la decisión de la administración de Donald Trump de poner fin al Estatus de Protección Temporal ( TPS) para cientos de miles de venezolanos en Estados Unidos.
Fin del TPS amenaza a venezolanos: Republicanos en Florida abogan por soluciones
Republicanos de Florida buscan proteger a inmigrantes de países en crisis con un enfoque justo para el TPS. Comunidades inmigrantes integradas en Florida enfrentan incertidumbre por cambios en políticas migratorias.
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UnivisionLa Corte Suprema dio luz verde a la administración del presidente Donald Trump para poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS), que beneficia a cerca de 350,000 inmigrantes venezolanos. Aunque ya se sabía que el gobierno federal buscaba eliminar este amparo migratorio, muchos aún mantenían la esperanza de que no se concretara su cancelación. “Es una noticia inesperada, cambia el rumbo de los planes”, asegura Candy Brito, una venezolana del Área de la Bahía.
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Esta medida, respaldada por el presidente Trump y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, podría afectar a unos 350,000 venezolanos que enfrentan el riesgo de deportación a un país sumido en una crisis política y humanitaria bajo el régimen de Nicolás Maduro.
El TPS permite a personas de países en crisis, como guerras, disturbios civiles o desastres naturales, residir y trabajar legalmente en Estados Unidos de manera temporal.
En Florida, hogar de una gran comunidad de inmigrantes venezolanos, esta decisión ha generado especial preocupación debido a la integración de esta población en la economía local, donde muchos están arraigados y contribuyen activamente, según los legisladores.
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En respuesta, la representante Salazar, junto con los demócratas Darren Soto y Debbie Wasserman Schultz, presentó un proyecto de ley este mes para extender el TPS para venezolanos por 18 meses, con posibilidad de renovación.
Salazar afirmó que la legislación busca “garantizar que los venezolanos respetuosos de la ley puedan permanecer en EE. UU. hasta que las condiciones mejoren y no sean devueltos a una dictadura brutal”. La congresista destacó la opresión del régimen de Maduro y el colapso del socialismo como causas de la inestabilidad en Venezuela.
Por su parte, Giménez expresó en una audiencia reciente con Noem la necesidad de un enfoque “matizado” para el TPS, solicitando reuniones con Díaz-Balart y Salazar para abordar las inquietudes de su comunidad.
En una declaración a Newsweek, Giménez elogió el liderazgo de Trump en apoyo a la libertad en Venezuela, pero abogó por evaluar las solicitudes de asilo caso por caso, asegurando que los venezolanos con reclamos legítimos puedan quedarse. También advirtió contra estigmatizar a toda la comunidad venezolana por las acciones de grupos criminales como el Tren de Aragua.
Díaz-Balart, en una entrevista con WPLG en febrero, respaldó revisiones individuales para los beneficiarios del TPS, argumentando que aquellos con motivos políticos legítimos no deberían ser deportados. Una encuesta de Harvard/Harris, realizada del 14 al 15 de mayo con 1,903 votantes, reveló que el 63% apoya el cierre de la frontera sur y el 75% la deportación de inmigrantes indocumentados, pero el 53% considera que la administración deporta injustamente a personas no criminales.
La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, defendió las políticas de Trump, afirmando que “el pueblo estadounidense apoya abrumadoramente” sus esfuerzos migratorios. Sin embargo, los titulares de TPS venezolanos enfrentan ahora la incertidumbre de posibles deportaciones mientras continúan los litigios.
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