MIAMI, Florida.- La revocatoria del Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos de 2023 ha generado incertidumbre entre los 348,202 beneficiarios de este programa, quienes pudieran ser deportados luego que transcurran los dos meses desde el anuncio de la suspensión del TPS.
TPS para venezolanos: abogado de inmigración responde preguntas clave sobre el futuro del programa
La revocatoria del Estatus de Protección Temporal para venezolanos de 2023 ha generado incertidumbre y confusión entre los beneficiarios del programa y sus familias. Armando Olmedo, consejero legal de migración de Televisa Univision, responde dudas sobre las fechas de la suspensión del programa.

Además, ha habido confusiones y dudas sobre las fechas y el proceso legal de la revocatoria pues el anuncio tenía como fecha límite el pasado sábado 1 de febrero.
The New York Times fue el primer medio en dar la noticia, lo hizo el domingo 2 de febrero. El borrador del documento que la confirma fue dado a conocer este lunes 3 de febrero en el registro federal, aunque el inicio está fechado para el miércoles 5 de febrero, y entraría en vigor 60 días después.
Armando Olmedo, consejero legal de migración de Televisa Univision, responde preguntas clave sobre el TPS y aclara dudas con las fechas de la revocatoria del programa.
— Douglas Gómez Barrueta: La fecha límite para revocar el programa era el pasado sábado 1 de febrero, si no había una decisión sobre el TPS ¿se renovaría automáticamente por seis meses?
—Armando Olmedo: Eso es así. Las reglas del TPS dicen que 60 días antes de que se termine una designación, el gobierno tiene que tomar ciertas medidas: designarla como una extensión o revocar la designación, y a veces, dan un plazo adicional para que las personas arreglen sus cosas. Si no se toma una determinación habría una extensión automática de hasta seis meses.
—DGB: Pero funcionarios del gobierno de Trump habían dicho públicamente que iban a revocar el programa, aunque no hubiera un documento que demostrara esto.
—AO: Exactamente, el gobierno publicó este lunes un documento en el que estaban eliminando la extensión de 18 meses que había otorgado [Alejandro] Mayorkas, incluso dentro de ese documento mencionan la necesidad de que tenía que tomar una decisión el 1 de febrero en un documento publicado el 3 de febrero. ¿Qué sucede? Ellos tienen la intención de revocar el programa, no sabemos ahora cuál va a ser la fecha. Una interpretación sería que como no lo hicieron el 1 de febrero se extendió por seis meses y que la revocatoria comienza en octubre y no en abril. Sin embargo, acabamos de recibir notificación por parte del servicio de migración diciendo que la revocación del programa va a tomar lugar a los 60 días después de que se publique la regla.
—DGB: Y la fecha que tiene de publicación es el 5 de febrero.
—AO: Exactamente, USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos) envió un correo indicando eso, hay que esperar que fecha ponen en el registro federal el día 5 que es cuando va a salir oficialmente. Hasta ahora lo que hemos visto es el borrador y lo que vemos dice “por favor inserte la fecha correcta aquí”.
—DGB: ¿Y qué significa eso de “inserte la fecha correcta aquí”?
—AO: Eso significa que si se publica el 5 de febrero los 60 días corren a partir de ahí. Es un borrador que dejan abierto para poner la fecha exacta el día que se publique, pero hay dos interpretaciones: en mi opinión como abogado sería que esto lo están revocando para octubre; pero el gobierno está agresivamente interpretando la ley diciendo que se va a terminar a los 60 días de la publicación. Ahora, qué puede suceder de ahora en adelante: seguro van a haber demandas, tal como sucedió en 2017 cuando el gobierno intentó revocar el TPS. En aquel entonces, cuando se trató de eliminar, el gobierno no siguió el debido proceso administrativo y hubo una demanda. En este caso es interesante porque, leyendo la publicación en el registro federal, el Departamento de Seguridad Nacional dice que la situación en Venezuela está buena en economía, crimen y salud pública y que allá están dispuestos a recibir a sus connacionales. El Departamento de Seguridad Nacional indica que se ha comunicado con el Departamento de Estado sobre el tema para tomar esta decisión. Esto es un contraste con lo publicado hace menos de un mes diciendo que la situación en Venezuela todavía es mala y por lo tanto hay que hacer una extensión de 18 meses al TPS de 2021 y 2023. Hay una inconsistencia y eso puede generar demandas. Incluso es importrante destacar que el Departamento de Estado sigue diciendo que Venezuela es un país al que los ciudadanos estadounidenses no deben viajar porque hay alta tasa de criminalidad, secuestros y problemas sanitarios.
—DGB: ¿Esto es solamente con el TPS de 2023?
—AO: El TPS de 2021, que expira en septiembre de este año, todavía no ha sido impactado por esto.
—DGB: ¿Y que pasaría con el caso de los asilos si el argumento de la secretaria de Seguridad Nacional es que la situación en Venezuela ha mejorado?
—AO: Buena pregunta; no sabemos todavía que va a suceder con eso. Obviamente muchos de los que tienen TPS también tienen solicitud de asilo, cada cosa va por su propio carril. Si se pierde el TPS muchas de esas personas se están enganchando al caso de asilo que tienen pendiente, y la autorización de empleo asociada a ese asilo. Si ahora el Departamento de Seguridad Nacional está diciendo que la situación en Venezuela no está tan mala como para que ellos puedan recibir a sus ciudadanos, qué le hace eso a un argumento de asilo de aquí a un par de meses cuando empiecen ya a ver cómo implementan las nuevas normas de asilo bajo el Departamento de Justicia. No sería un argumento a favor de asilo.
—DGB: ¿Y si se logra entablar una demanda en la corte afectaría a todo el programa y no a casos particulares?
—AO: Si se mete una demanda en la corte para luchar contra lo que se va a publicar sobre el TPS eso aplicaría a esta designación del TPS específicamente, a la de 2023 que expiraría en abril.
—DGB: ¿Y hasta que no se tome una decisión sobre la demanda el programa se mantendría?
—AO: Generalmente, depende del tribunal que tendría que tomar una decisión. Se darían esos argumentos de que sigue el programa mientras se determina su futuro.
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