ORLANDO, Florida.- Marco López, alguacil del condado de Osceola, enfrenta un escándalo que podría marcar un antes y un después en su carrera tras ser incluido en la lista Brady, un registro que clasifica a agentes de la ley como poco confiables.
Cómo un "error" al difundir una foto del caso Madeline Soto llevó al alguacil de Osceola a enfrentar una crisis de confianza
El incidente escaló cuando López admitió que la publicación fue un error, pero la investigación interna sobre el caso fue criticada por falta de objetividad. La inclusión de López en la lista Brady podría afectar su capacidad para actuar como testigo en juicios, incluyendo el de Stephan Sterns, acusado de asesinato.
La decisión, tomada por el exfiscal estatal de Orange-Osceola, Andrew Bain, en uno de sus últimos actos antes de dejar el cargo, está relacionada con la controvertida publicación de una fotografía del cuerpo de Madeline Soto, una joven de 13 años que había desaparecido en marzo de 2024.
Madeline Soto desapareció en St. Cloud, Florida, lo que dio inicio a una intensa búsqueda que movilizó a las autoridades y conmocionó a la comunidad. Tras varios días, su cuerpo fue encontrado cubierto de vegetación.
La escena fue documentada por los investigadores, y una fotografía tomada por un miembro del equipo del alguacil fue enviada al teléfono personal de Marco López. Esa imagen mostraba a Madeline vestida con ropa que coincidía con la descripción proporcionada cuando fue reportada como desaparecida.
El 2 de marzo de 2024, la fotografía fue publicada en las redes sociales del alguacil, entre otras imágenes de un evento para adultos mayores al que había asistido. La publicación causó indignación inmediata, al considerarse una violación de la privacidad de la víctima y una falta de sensibilidad hacia su familia.
Durante una entrevista posterior con la emisora WDBO, López negó que la imagen fuera de Madeline y acusó a sus críticos de politizar el incidente. No obstante, en declaraciones posteriores, el alguacil admitió que la publicación fue un error y se disculpó, explicando que la foto fue subida accidentalmente.
El incidente escaló cuando López fue investigado por violar las leyes estatales de registros públicos al compartir la imagen. En diciembre de 2024, el alguacil aceptó pagar una multa de 250 dólares tras declararse no culpable. Sin embargo, la controversia continuó debido a las inconsistencias en sus declaraciones y a la falta de una investigación formal por parte de su oficina.
El exfiscal Andrew Bain criticó duramente la manera en que la Oficina del Alguacil manejó el caso, afirmando que se llevó a cabo una “investigación de bajo nivel” que permitió a López evitar ser interrogado bajo juramento. En una carta fechada el 30 de diciembre de 2024, Bain calificó las conclusiones de esa investigación como poco objetivas, argumentando que los comentarios de López a los medios no fueron consistentes ni veraces.
¿Qué es la lista Brady?
La lista Brady, también conocida como la lista de Giglio-Brady, es un registro creado a raíz de la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Brady v. Maryland (1963). Este fallo establece que los fiscales están obligados a revelar cualquier evidencia que pueda ser favorable para la defensa, incluyendo información que ponga en duda la credibilidad de testigos, como agentes de la ley.
Cuando un oficial es incluido en esta lista, su reputación como testigo creíble queda comprometida, ya que la defensa puede utilizar esa información para cuestionar su testimonio en un juicio.
En el caso de López, su inclusión en la lista Brady podría tener graves consecuencias. Como alguacil, es frecuente que actúe como testigo en casos judiciales, incluyendo el juicio de Stephan Sterns, el novio de la madre de Madeline Soto.
Sterns enfrenta cargos por asesinato y abuso sexual tras ser acusado de abusar de la joven durante años. Si la defensa de Sterns decide usar la falta de credibilidad de López como estrategia, podría debilitar el caso de la fiscalía y afectar el resultado del juicio.
La inclusión en la lista Brady representa un golpe significativo para la carrera de cualquier oficial de alto rango. Además de dificultar su capacidad para testificar en casos penales, también plantea serias dudas sobre su liderazgo y su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.
En respuesta a la decisión de Bain, la Oficina del Alguacil del Condado de Osceola declaró estar en desacuerdo y anunció que apelará.
El futuro del caso ahora está en manos de Monique Worrell, quien asumió como fiscal estatal de Orange-Osceola el 2 de enero de 2025. Aunque Worrell y López ya tienen una relación tensa debido a desacuerdos sobre el manejo de casos de narcotráfico, su decisión sobre la inclusión de López en la lista Brady podría definir el curso de su carrera.
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