TAMPA, Florida.- El estado enfrenta una creciente crisis de alto costo de la vivienda, un problema que afecta a miles de inquilinos en el estado. En un intento por aliviar las cargas de los arrendatarios más vulnerables, la legislatura de Florida está considerando una nueva ley, la HB 365, que busca evitar que los propietarios aumenten el alquiler a mitad del contrato en viviendas asequibles.
Propuesta de ley HB 365 en Florida: analizan proteger a inquilinos de viviendas asequibles
Si la HB 365 es adoptada, podría ser un paso importante para proteger a los inquilinos más vulnerables de Florida, garantizando que el alquiler de viviendas asequibles no sea un factor de inestabilidad económica y social.
Esta propuesta ha captado la atención tanto de defensores de los inquilinos como de los arrendadores, ya que promete generar un cambio significativo en la estabilidad de los contratos de alquiler para quienes más lo necesitan.
La crisis de vivienda asequible en Florida es un reflejo de una tendencia que afecta a muchas partes de Estados Unidos. En el estado del sol, la falta de inventario de viviendas, el aumento de los precios de compra y las altas tasas de interés hipotecarias han llevado a que alquilar sea una opción más accesible que comprar, pero incluso el alquiler se ha vuelto inaccesible para muchos.
Según un estudio reciente de la Universidad de Florida, casi 900,000 inquilinos de bajos ingresos en el estado están pagando más del 40% de sus ingresos en renta, lo que deja a estas familias con escasos recursos para cubrir otras necesidades esenciales.
Además, en el sur de Florida, los alquileres siguen aumentando debido a la disminución de la disponibilidad de propiedades. En enero de este año, el alquiler en el área metropolitana de Miami subió un 2.6% respecto al mismo mes del año anterior, mientras que en Port St. Lucie el aumento fue aún mayor, con un 5.7% interanual, según datos de Miami Realtors. Este aumento constante en los costos de alquiler ha puesto a muchos inquilinos en una situación difícil, donde las opciones para mudarse o negociar precios más bajos son limitadas.
Notas Relacionadas
La propuesta de ley HB 365
Ante esta situación, la HB 365, presentada por la representante demócrata Debra Tendrich de Lake Worth, busca frenar los aumentos arbitrarios de alquiler a mitad del contrato, una práctica que, según los defensores de los inquilinos, genera una incertidumbre económica innecesaria y a menudo perjudicial para quienes ya enfrentan dificultades para cubrir sus gastos. La propuesta modifica los Estatutos de Florida para prohibir a los propietarios que reciben incentivos federales, estatales o locales para viviendas asequibles aumentar el alquiler durante la vigencia del contrato.
No obstante, la ley también establece excepciones. Los arrendadores podrán aumentar el alquiler al momento de la renovación del contrato, siempre y cuando dicho aumento sea necesario para cumplir con las regulaciones federales. Esto podría incluir ajustes requeridos por cambios en las leyes fiscales o de vivienda a nivel federal.
Si la ley HB 365 es aprobada y firmada por el gobernador Ron DeSantis, su alcance será limitado. La legislación solo se aplicará a los arrendamientos de 13 meses o menos que comiencen a partir del 1 de julio de 2026 y afectará únicamente a los hogares de bajos ingresos. Esto significa que no todos los inquilinos de Florida estarán cubiertos por la ley, sino solo aquellos que alquilan en el sector de la vivienda asequible financiado por fondos públicos.
Esta medida busca garantizar una mayor estabilidad en los contratos de alquiler, evitando que los inquilinos se vean obligados a enfrentar incrementos de precios impredecibles, lo que podría llevarlos a situaciones de desalojo o, en el peor de los casos, a la desesperación económica. La representante Tendrich señaló en sus redes sociales que muchos inquilinos, especialmente aquellos en viviendas asequibles, se ven presionados a firmar contratos con términos inciertos porque las opciones disponibles son aún peores: la posibilidad de quedarse sin hogar.
El proyecto de ley ya ha pasado por varias comisiones, incluyendo la Comisión de Vivienda, Agricultura y Turismo y la Comisión de Justicia Civil y Reclamaciones, y ahora está en manos del Comité de Comercio, antes de que llegue al pleno para su discusión final. De ser aprobado, el gobernador DeSantis tendría la última palabra para firmar la ley.







