Senado de NC vota a favor de nueva versión de la HB-10, que obliga a alguaciles a colaborar con ICE

RALEIGH, Carolina del Norte.- El Senado de Carolina del Norte aprobó este lunes una nueva versión de la medida HB-10, que exigiría a alguaciles de todo el estado a que cooperen con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) si arrestan a alguien y determinan que esa persona vive en el país como inmigrante indocumentado.

La medida obligaría a los alguaciles de los 100 condados de Carolina del Norte a que colaboren con ICE, de forma específica a que realicen detenciones de personas indocumentadas o quienes no logran demostrar su estatus migratorio. Bajo esta medida, los alguaciles tendrían que retener a las personas en celdas hasta que se abra un caso con ICE.

La HB-10 había sido aprobada por el Senado en mayo de 2024, sin embargo, la Cámara de Representantes votó en contra de esa versión de la medida luego de que varios Sheriffs en el estado manifestaran que estaban en contra de algunas partes del escrito. El viernes 6 de septiembre, líderes republicanos anunciaron que había logrado un acuerdo. Fue ese acuerdo el que se votó este lunes 9 de septiembre.

La HB-10 fue incluida en una iniciativa de ley que cubre varios temas, por un lado está la de aumentar los fondos que se usa para dar vales para escuelas privadas y por otra, las reglas que obligaría a los sheriff a colaborar con ICE.

¿Qué le falta a la iniciativa HB-10 para ser ley?

El Senado votó el proyecto de ley se aprobó por 27 votos a favor y 17 en contra. La medida, ahora deberá pasar a la Cámara de Representantes para ser votada.

En caso de ser aprobada, pasará al escritorio del gobernador Roy Cooper para ser firmada y convertida en ley. La medida HB-10 ha sido aprobada en dos ocasiones por el Congreso en Carolina del Norte, sin embargo, el veto del gobernador Cooper ha evitado que entre en vigor.

Este 2024, eso podría cambiar debido a que el Partido Republicano tiene una ‘supermayoría’ en el Congreso y podría revertir cualquier veto del gobernador.

De ser aprobada, entraría en vigor el 1 de diciembre.

¿Qué dice la iniciativa de ley HB-10?

• Cuando una persona esté confinada por cualquier período en una cárcel del condado, centro de confinamiento, cárcel satélite o unidad de liberación laboral, el administrador u otra persona a cargo de la instalación intentará determinar si el prisionero es residente legal de los Estados Unidos mediante una investigación del prisionero, o mediante el examen de cualquier documento relevante, o ambos, si la persona está acusada de cualquiera de los siguientes delitos:

(1) Un delito grave según G.S. 90-95. (2) Un delito grave según el Artículo 6, Artículo 7B, Artículo 10, Artículo 10A o Artículo 13A del Capítulo 14 de los Estatutos Generales.
(3) Un delito menor o grave de Clase A1 según el Artículo 8 del Capítulo 14 de los estatutos Generales.
(4) Cualquier violación de G.S. 50B-4.1.

• Si el administrador u otra persona a cargo de la instalación no puede determinar si ese prisionero es un residente legal o ciudadano de los Estados Unidos o sus territorios, deberá hacer una consulta a ICE. Si el prisionero no ha sido admitido legalmente en los Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos habrá sido notificado del estatus del prisionero y de su confinamiento en la instalación al recibir la consulta de la instalación.

• Cuando una persona acusada de un delito penal se encuentre confinada por cualquier período en una cárcel del condado, centro de confinamiento local, cárcel satélite o unidad de liberación laboral, y el administrador u otra persona a cargo de la instalación haya sido notificada de que ICE ha emitido una orden de detención y una orden administrativa que razonablemente parezca ser para la persona bajo custodia, se aplicará lo siguiente:

(1) Antes de la liberación del prisionero, y después de recibir la orden de detención y la orden administrativa, o una copia de estas, por el administrador u otra persona a cargo de la instalación, el prisionero será llevado sin demora innecesaria ante un funcionario judicial estatal a quien se le proporcionará la orden de detención y la orden administrativa, o una copia de estas.
(2) El funcionario judicial emitirá una orden que ordene que el prisionero sea mantenido bajo custodia si el prisionero que comparece ante el funcionario judicial es la misma persona sujeta a la orden de detención y la orden administrativa.
(3) A menos que otro proceso legal exija la custodia continua del prisionero, un prisionero detenido de conformidad con una orden emitida de conformidad con esta subsección será liberado si se cumple la primera de las siguientes condiciones:

a. Transcurridas 48 horas desde la recepción de la orden de detención y la orden administrativa.
b. ICE toma la custodia del prisionero.
c. ICE rescinde la orden de detención.

• Ningún agente o agencia de aplicación de la ley estatal o local tendrá responsabilidad penal o civil por las medidas adoptadas de conformidad con una orden emitida en virtud de la subsección (b1) de esta sección.

(c) Salvo lo dispuesto en la subsección (b1) de esta sección, nada de lo dispuesto en esta sección se interpretará como una negación de la libertad bajo fianza a un prisionero o como un impedimento para que un prisionero sea liberado de su confinamiento cuando ese prisionero sea elegible para la liberación.

• Se asigna del Fondo General al Departamento de Salud y Servicios Humanos, División de Regulación de Servicios de Salud, Sección de Construcción, la suma de doscientos setenta y ocho mil novecientos noventa y cuatro dólares ($278,994) en 35 fondos recurrentes para el año fiscal 2024-2025 que se utilizarán para contratar a dos Inspectores de Cárceles a tiempo completo. (Aún no se determina cuándo se aplicará esta parte de la medida).

Alguaciles dicen estar en contra de la medida HB-10

"El proyecto de ley HB 10 no es sólo un ataque a la comunidad inmigrante... sino también a la capacidad de los sheriffs, como yo, de determinar la mejor manera de servir a las comunidades y mantenerlas seguras", indicó el sheriff del condado Durham, Clearance Birkhead, según un reporte de ABC11.

"Este proyecto de ley obstaculiza la capacidad de la Oficina del Sheriff de construir relaciones con la comunidad y le quita autoridad al Sheriff para establecer prioridades locales de aplicación de la ley. El proyecto de ley prohibirá a las cárceles liberar a individuos bajo fianza, incluso si son elegibles para la liberación según la ley de Carolina del Norte, basándose en una "solicitud, aprobación u otra instrucción" del gobierno federal. Quiero que nuestras comunidades sean más seguras, pero la HB 10 nos hará menos seguros al fomentar la desconfianza en la aplicación de la ley local. Nadie debería tener miedo de interactuar con la Oficina del Sheriff del condado de Wake debido a su estatus migratorio federal", indicó el sheriff del condado Wake, Willie Rowe, en una declaración a ABC11.

La inmigración en el centro de la política en 2024

Otros estados han visto iniciativas de ley y leyes similares en pleno año electoral.

• En Georgia, se aprobó la ley HB-1105 que busca que todos los departamentos de Policía y Alguaciles de Georgia identifiquen a inmigrantes indocumentados que sean detenidos y que los retengan para una posible deportación.
• En Florida, la ley SB 1718 entró en vigor el pasado 1 de julio del 2023 y sanciona con hasta 30 años de cárcel el traslado de inmigrantes indocumentados, prohíbe licencias de conducir emitidas por otros estados y exige a los hospitales que reciben Medicaid (seguro médico del gobierno) preguntar y reportar el estado migratorio de sus pacientes.
• En Texas, la ley SB-4 permitiría a cualquier agente de la ley de Texas arrestar a personas sospechosas de ingresar al país ilegalmente. Una vez bajo custodia, podrían aceptar la orden de un juez de Texas de abandonar Estados Unidos o ser procesados por un delito menor de entrada ilegal. Los inmigrantes que no se vayan podrían ser arrestados nuevamente y acusados de un delito más grave.

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