HB-1105 en Georgia: qué partes de la ley están activas y cuáles quedan pendientes

ATLANTA, Georgia.- Decenas de nuevas leyes entran en vigor este 1 de julio en Georgia y una pregunta constante ha sido: qué pasa con la ley HB-1105, que obliga a los alguaciles y policías a retener a inmigrantes indocumentados que sean detenidos.

La respuesta es que una parte de la medida entró en vigor en cuanto fue firmada por el gobernador Brian Kemp, el 1 de mayo, y otra parte está pendiente de ser aplicada a partir del 31 de diciembre.

“ La ley se hizo efectiva el segundo que el el Gobernador firmó la propuesta. O sea, a diferencia de otras propuestas que normalmente no entran en vigor hasta a el 1 de julio, esta propuesta decía que se convertía efectiva, el segundo que el Gobernador la firmara”, aclaró el abogado Antonio Molina durante el Foro de Univision sobre la HB-1105.

En el foro, el abogado Molina explicó que la parte que “no va a tomar a vigor todavía, es la parte las personas en las cárceles, los aguaciles y todo eso de tener que reportar cierta información. Esa parte a la ley no va a entrar hasta diciembre de este año”.

Qué parte de la ley HB-1105 ya se está aplicando en Georgia

Las clausulas de la HB-1105 que ya se encuentran activas desde el 1 de mayo, tras la firma de la ley por el gobernador Kemp, son las siguientes:

• Un agente del orden público puede arrestar a una persona de 18 años de edad o más acusada de cualquier delito. Cuando se realiza un arresto por dicho delito, antes de liberar al acusado mediante citación, el oficial que realiza el arresto revisará los antecedentes penales del acusado tal como se encuentran en los archivos de la Oficina Federal de Investigaciones y el Centro de Información Criminal de Georgia dentro de la Oficina de Investigaciones de Georgia y se asegurará de que se obtengan las huellas dactilares del acusado, y buscará verificar el estado migratorio del acusado.

• La ley exige a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Georgia que trabajen en conjunto con las autoridades federales de inmigración.

• Los empleados del gobierno estatal y local, incluidos los agentes del orden público y los fiscales, recibirán y mantendrán información relacionada con el estado migratorio de cualquier individuo según sea razonablemente necesario para fines de seguridad pública.

• Salvo que lo disponga la ley federal, a dichos empleados no se les prohibirá recibir o mantener información relacionada con el estado migratorio de cualquier individuo o enviar o intercambiar dicha información con otras entidades o empleados gubernamentales federales, estatales o locales para fines oficiales de seguridad pública.

• Las agencias estatales y locales promoverán el cumplimiento de la ley estatal relacionada con la disuasión de la presencia de extranjeros indocumentados delincuentes y estarán autorizadas a celebrar memorandos de entendimiento y memorandos de acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional o cualquier otra agencia federal con el propósito de hacer cumplir las leyes federales de inmigración, incluida la sección 287(g).

• Si un oficial de la ley estatal o local tiene verificación de que una persona es un extranjero indocumentado, entonces dicho oficial estará autorizado a transportar a dicha persona a una instalación federal en este estado o a cualquier otro punto de detención temporal y a detener razonablemente a dicho extranjero indocumentado cuando lo autorice una orden de detención de inmigración federal o una orden de arresto federal.

• Un agente de la ley o funcionario o empleado del gobierno, que actúe de buena fe para hacer cumplir las leyes de inmigración de conformidad con un memorando o un acuerdo con las autoridades federales para recopilar o compartir información sobre el estatus migratorio tendrá inmunidad frente a daños y perjuicios o responsabilidad por dichas acciones.

Lo que se deberá hacer a partir del 1 de octubre

A partir del 1 de octubre de 2024, el comisionado publicará, en el sitio web público oficial utilizado por el departamento, un informe de datos agregados sobre el estado migratorio, los delitos y los países de origen de los reclusos que están confinados bajo la autoridad del departamento y que no son ciudadanos de los Estados Unidos y a quienes la División de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos del Departamento de Seguridad Nacional ha emitido avisos de detención de inmigración.

Cada informe incluirá el número total de reclusos que no son ciudadanos de los Estados Unidos; sin embargo, se dispondrá que los reclusos que sean ciudadanos tanto de los Estados Unidos como de uno o más países adicionales se designarán como tales como una categoría separada.

Dicho informe se publicará por primera vez el 1 de octubre de 2024 y cada 90 días a partir de entonces.

Qué parte de la ley HB-1105 será aplicada hasta diciembre de 2024

La sección de la ley HB-1105 que se aplicará hasta el 31 de diciembre del 2024 es la que pide que los responsables de las cárceles o centros de detenciones presenten un informe que sea al menos cada trimestre en donde se proporcione la siguiente información:

• El número total de reclusos ingresados en la cárcel del condado o centro de detención municipal
• El número total de consultas realizadas al Centro de Apoyo para el Cumplimiento de la Ley (LESC) del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos o cualquier otra agencia federal que consulte sobre el estado migratorio o arrestos previos de reclusos nacidos en el extranjero
• El número total de respuestas recibidas a las solicitudes realizadas por la cárcel del condado o centro de detención municipal
• El número total de respuestas según lo dispuesto en el párrafo (3) de esta subsección que indicaron un recluso nacido en el extranjero de la cárcel del condado o centro de detención municipal es un extranjero indocumentado
• La cantidad de detenciones de inmigración emitidas por la División de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos del Departamento de Seguridad Nacional para prisioneros en la cárcel del condado o centro de detención municipal;
• Una declaración jurada firmada por la persona que desempeña un papel de supervisión en la cárcel del condado o centro de detención municipal que verifique el cumplimiento todas las demás leyes aplicables.

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