La gran purga de Daniel Ortega y su apuesta de negociar con Estados Unidos con “rehenes” en mano

MANAGUA, Nicaragua.- El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha dinamitado en menos de un mes el panorama político de Nicaragua con las capturas de las figuras más prominentes de la oposición, entre ellos cuatro precandidatos presidenciales que, ahora tras las rejas y en casa por cárcel bajo aislamiento, enfrentan acusaciones por “traición a la patria” y supuesto lavado de dinero.

La noche de este martes también fue apresado un prominente funcionario bancario: Luis Rivas Anduray, lo que amplía más la “cacería” denunciada incluso a nivel internacional.

El país centroamericano ha vivido días de infarto debido a las redadas policiales que con violencia han allanado y apresado a 16 personas, desarticulando a los liderazgos críticos que intentaban hacer frente a la pareja presidencial en las elecciones programadas para noviembre próximo. Ahora, los críticos sostienen que Ortega se llena de “rehenes” para una eventual negociación política, aunque por ahora el tema es incierto.

Este miércoles, la jueza orteguista Karen Vanessa Chavarría Morales siguió sumando en la lista: ordenó la retención migratoria, el levantamiento del sigilo bancario y el congelamiento de cuentas de 13 exdirectivos de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides). Entre ellos están José Antonio Baltodano Cabrera y Jaime Montealegre Lacayo, considerados dos de los 10 grandes empresarios del país.

Analistas políticos consultados por Univision Noticias aseguran que la escalada represiva con la que Ortega ha limpiado la boleta electoral de adversarios no tiene racionalidad política. Con estas capturas —que continúan acompañadas de allanamientos de domicilios y requisas de celulares de ciudadanos— el régimen sandinista cierra la salida electoral, y lo único que se percibe es una “radicalización total”, encaminada a convertirse en “una Cuba en tierra firme”. Sin embargo, este miércoles uno de los voceros del gobierno, William Grisby, dejó entrever que Ortega aspira a una negociación directa con Estados Unidos.

“El propósito es limpiar las mesas de los traidores (opositores arrestados). A ver, gringo, ¿querés hablar conmigo? vení hablá conmigo, dejá de estar contratando sicarios, vení habla conmigo, pongámonos de acuerdo”, dijo Grisby en referencia a la apuesta de Ortega. “Respetame y pongámonos de acuerdo, a ver qué es lo que te preocupa, no te preocupés, ya de una vez (hay que) arreglar eso, pero es con los gringos, con los dueños del circo, no con los payasos, como los de la OEA”, vociferó el vocero de facto.

Aunque Estados Unidos persiste en su demanda de elecciones libres, y de hecho la iniciativa de Ley Renacer —que amplía los motivos para sancionar a funcionarios del régimen orteguista— avanza en el Senado en Washington. Está previsto que el próximo martes 22 de junio sea discutida y aprobada por los senadores del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta.

La comunidad internacional ha condenado con firmeza y unanimidad esta escalada represiva. La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución sin precedentes contra Nicaragua este martes, al contar con 26 votos a favor, pero que todavía le deja una oportunidad al gobierno para reconsiderar sus acciones.

Al mismo tiempo, 17 congresistas estadounidenses enviaron este martes una carta al Secretario de Estado, Antony Blinken, para instarlo a dar “una respuesta firme y rápida” del gobierno de Estados Unidos hacia el régimen de Ortega-Murillo que, aseguran, busca “la consolidación de una dictadura de partido único”. Los congresistas pidieron sanciones específicas para el Ejército, el Poder Judicial y la Policía.

Redadas de violentas capturas

La última redada policial grande ocurrió este 13 de junio y estuvo centrada en viejos compañeros de Ortega: los exguerrilleros sandinistas históricos Víctor Hugo Tinoco, Dora María Téllez y Hugo Torres, quienes antes de ser capturados dejaron videos grabados. “Hace 46 años arriesgué la vida para sacar de la cárcel a Daniel Ortega y a otros compañeros presos políticos, pero así son las vueltas de la vida, y los que algún día acogieron principios hoy los han traicionado”, expresó Torres, general en retiro y único sobreviviente de las dos operaciones más exitosas de la revolución sandinista antes de su triunfo definitivo en 1979, cuando la dictadura somocista fue derrocada. Se trata de la toma de la casa de Chema Castillo y el asalto al palacio, dos operaciones guerrilleras que forzaron al régimen somocista a liberar reos de conciencia, entre ellos el actual mandatario sandinista.

Estos tres connotados exguerrilleros se suman a la lista de opositores perseguidos por los Ortega-Murillo, entre quienes destacan Cristiana Chamorro, la precandidata presidencial con más simpatías en las encuestas. Chamorro fue la primera opositora en ser procesada, luego de que el gobierno le abriera una investigación por supuesto lavado de dinero contra ella y la organización que dirigía, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, un ente no gubernamental que por más de 20 años trabajó en Nicaragua apoyando y capacitando periodistas. Hasta el momento, la investigación penal sigue en marcha, vincula a más de 30 periodistas, pero los fiscales no han podido presentar prueba alguna del delito que achacan.

La misma Chamorro calificó el proceso en su contra como “una monstruosidad jurídica”, y aseguró que el único fin es inhibir su popular candidatura presidencial. Chamorro es hija del periodista Pedro Joaquín Chamorro, asesinado en 1978 por la dictadura somocista, y de Violeta Barrios de Chamorro, la mujer que en 1990 derrotó en las urnas al sandinismo encabezado por Ortega. Un fantasma que según la misma precandidata presidencial aterra a los actuales mandatarios. “Es una venganza de Daniel Ortega contra el legado de mi madre. Quiere impedir que los nicaragüenses votemos y que no haya un traspaso a la democracia”, dijo antes de ser capturada.

La tónica de las capturas policiales han sido la violencia y la falta de garantías procesales, de acuerdo a los abogados de los detenidos. La policía no les permite acompañamiento jurídico y los mantienen aislados. Los familiares de los opositores también han denunciado malos tratos y la negativa de los oficiales de permitirles el ingreso de alimentos a la prisión llamada Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocida como “El Chipote”, un sitio señalado por organismos de derechos humanos como “centro de tortura”.

Una de las capturas más violentas fue la del precandidato presidencial Félix Maradiaga, quien, tras salir de la Fiscalía, fue brutalmente vapuleado por los policías que lo capturaron. También han sido detenidos los aspirantes presidenciales Juan Sebastián Chamorro y Arturo Cruz. De esa forma, Ortega limpió la boleta electoral de los candidatos con más posibilidades para hacerle competencia.

Los analistas políticos insisten en que no ven lógica política en esta “purga” de opositores, ya que los Ortega-Murillo controlan totalmente el sistema electoral. Un dominio que fue refrendado con la reciente reforma a la ley electoral y el nombramiento de magistrados leales al sandinismo. El papel de la oposición era consensuar un candidato único y demandar condiciones mínimas de transparencia y competitividad. Sin embargo, la oposición ha sido desarticulada y ha sumergido a Nicaragua en una gran incertidumbre que alarga la crisis sociopolítica que se vive desde 2018, cuando las protestas sociales fueron reventadas con suma violencia por policías y paramilitares del gobierno. Una “masacre” con “crímenes de lesa humanidad”, de acuerdo a la Organización de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Ortega está aterrorizado con la posibilidad de unas elecciones que lo puedan liquidar por completo”, dijo a Univision Noticias Dora María Téllez, dos días antes de ser capturada. “Van a liquidar a toda la oposición de la boleta electoral, y en esa boleta electoral solamente aparecerá Daniel Ortega, Rosario Murillo y los partidos colaboracionistas”, dijo la exguerrillera. “Apostar a quedarse en el poder a sangre y fuego es un riesgo y es la última apuesta de la familia dictadora”.

La versión oficial

La versión del gobierno de Ortega y Murillo es que no existe persecución y que los casos judicializados son acordes a la legislación nacional. De hecho, los opositores son procesados con leyes punitivas que fueron aprobadas en 2020 por el régimen, como son la de “Agentes Extranjeros”, “Ciberdelitos” y la “Ley del pueblo”, la más utilizada y que cataloga como “traidores a la
patria” a los opositores por supuestamente pedir sanciones internacionales.

“Cuántos de esos que dicen sentirse hoy perseguidos... ¿Perseguidos? Perseguidos por ellos mismos, por sus tropelías, por sus delitos. ¿Cuántos de esos puchos [poquitos] pueden decirse honrados? La honradez es una cualidad y un don de Dios”, dijo Rosario Murillo este once de junio, quien promueve la tesis de que Estados Unidos ha financiado a opositores y medios de
comunicación para fraguar “un golpe de Estado”.