EEUU recurre a las sanciones contra políticos y empresarios haitianos acusados de corrupción

En una nueva estrategia para intentar reslver la crisis generalizada que azota Haití debido a la violencia de pandillas y políticos corruptos, Estados Unidos y Canadá están recurriendo a un arma que rara vez se ha utilizado contra la isla caribeña: las sanciones.

En las últimas seis semanas, Estados Unidos ha sancionado a cuatro haitianos, entre ellos el presidente del Senado, mientras que Canadá ha sancionado a 11 haitianos, entre ellos el expresidente Michel Martelly, dos ex primeros ministros y algunos miembros destacados de la élite económica del país. Estados Unidos parece dispuesto a dar el raro paso de sancionar a Martelly y su antiguo primer ministro Laurent Lamothe, ambos residentes en Miami y casados con ciudadanas estadounidenses.

Todos ellos están acusados de tener vínculos con pandillas armadas en una feroz lucha de poder por el control en uno de los países más pobres del hemisferio. Sin embargo, ni Canadá ni Estados Unidos han presentado hasta ahora pruebas que respalden las acusaciones contenidas en los anuncios de sanciones.

Aunque muchos haitianos celebraron las sanciones impuestas a algunos políticos y empresarios ampliamente repudiados y sospechosos de corrupción desde hace tiempo, otros han cuestionado el carácter selectivo de las sanciones y la falta de transparencia.

"Mientras las bandas y sus cómplices sigan aterrorizando a la población, Canadá seguirá presionando para que se restablezca el orden en Haití", tuiteó Melanie Joly, ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, cuando se anunciaron las sanciones contra Martelly y Lamothe el 20 de noviembre.

En respuesta, Brian Nichols, subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, tuiteó su apoyo a la acción de Canadá "por imponer costos a los individuos que instigan la violencia y los disturbios en Haití. [...] Seguiremos apoyando estos esfuerzos".

Décadas de corrupción en Haití

A pesar de la corrupción política rampante y la inestabilidad en Haití durante décadas, Estados Unidos rara vez ha utilizado las sanciones como instrumento de presión, en parte por temor a que pudiera causar aún más dificultades económicas y poner a las élites locales en contra de Estados Unidos.

Pero ese cálculo ha cambiado en los últimos meses, cuando los secuestros, las violaciones y los asesinatos se han descontrolado, convirtiendo el país caribeño en lo que observadores consideran un infierno inhabitable.

"Es un gran paso. La comunidad internacional nunca había sancionado a las élites de Haití", afirmó Diego Da Rin, consultor del International Crisis Group, que la semana pasada publicó un informe sobre Haití en el que instaba a la acción internacional para hacer frente a la violencia de las pandillas, el cólera y el hambre.

"Pero no es suficiente", añadió Da Rin. Aunque el vínculo entre las bandas criminales haitianas y las élites políticas y empresariales es bien conocido, las pandillas han crecido tanto que ahora operan de forma más autónoma, advirtió. "Antes eran mercenarios. Pero han ido multiplicando sus fuentes de ingresos. Ahora es una industria", afirmó Da Win.

Además de las sanciones, Da Rin y otros analistas afirman que Haití necesita urgentemente ayuda internacional para acabar con la corrupción mediante una importante reforma judicial y el restablecimiento de la democracia.

"El mensaje que transmiten las sanciones es que la comunidad internacional no está dispuesta a aceptar la actual cultura de impunidad de la sociedad haitiana", declaró a la radio francesa TF1 el respetado rector de la universidad haitiana de Quisqueya, Jacky Lumarque.

EEUU y Canadá intentan negociar un gobierno de transición

Las sanciones se producen mientras funcionarios estadounidenses y canadienses intentan negociar un acuerdo político entre el gobierno de Haití y la oposición para crear un gobierno de transición y allanar el camino hacia las tan esperadas elecciones tras el asesinato del presidente Jovenel Moise en julio de 2021.

Estados Unidos está trabajando con una empresa de mediación profesional, Inter Mediate, dirigida por Jonathan Powell, ex jefe de gabinete del primer ministro británico, Tony Blair. El Departamento de Estado se negó a proporcionar detalles de cualquier "interlocutor [...] con el que nos estamos comprometiendo por consideración a su seguridad - y la seguridad de aquellos con los que trabajan."

La violencia de las bandas, el cólera, el hambre y un gobierno impopular e inconstitucional han convertido la difícil situación de Haití en una de las emergencias más complejas a las que se enfrenta el hemisferio occidental.

La inestabilidad política de Haití ha dado lugar a varias intervenciones militares extranjeras a lo largo de las décadas, incluidas media docena de misiones de las Naciones Unidas desde la caída de la dictadura de Duvalier en la década de 1980. Haití lleva sin presidente desde el asesinato de Moise y las elecciones que debían celebrarse el pasado febrero aún no tienen fecha.

El gobierno haitiano ha solicitado una intervención militar extranjera, alegando que su fuerza policial, pequeña y mal equipada, se ve superada por unas 200 pandillas fuertemente armadas. Estados Unidos y Canadá han debatido el envío de tropas o de una fuerza policial internacional, pero ninguno de los dos países se ha mostrado dispuesto a tomar la iniciativa en lo que muchos consideran una empresa arriesgada.

¿Por qué han esperado tanto EEUU y Canadá para sancionar a los corruptos de Haití?

Los críticos afirman que Estados Unidos y Canadá han esperado demasiado para esgrimir la amenaza de las sanciones, por temor a provocar un caos aún mayor. Con la información sobre los presuntos autores de crímenes y sus vínculos con funcionarios haitianos de alto nivel bien conocida por los funcionarios estadounidenses, "uno tiene que preguntarse por qué estas herramientas para una mayor rendición de cuentas en Haití sólo se están aplicando recientemente", dijo Susan Page, exembajadora de EEUU que sirvió como representante especial de las Naciones Unidas en Haití. "Es hora de pedir cuentas a los responsables del horror que es Haití hoy", añadió Page.

Las sanciones les prohíben viajar a Estados Unidos o Canadá, al tiempo que congelan sus activos en esos países. La mayoría de los sancionados son políticos y empresarios que viven en Haití, algunos con activos en el extranjero. Por ejemplo, uno de los senadores sancionados tanto por Canadá como por EEUU, Rony Célestin, es propietario de una lujosa villa de 4.25 millones de dólares en las afueras de Montreal (Canadá), y desde hace tiempo se sospecha de sus actividades ilícitas.

Célestin y otro senador, Richard Fourcand, están acusados de "abusar de su poder para favorecer actividades de narcotráfico en toda la región", según Brian Nelson, subsecretario del Tesoro estadounidense para terrorismo e inteligencia financiera.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) afirmó que Célestin abusó de su posición política para orquestar la importación de drogas de Venezuela a Haití, así como la exportación de drogas a Estados Unidos y las Bahamas. El Tesoro afirma que Fourcand utiliza su propio avión para transportar drogas a través del sur de Haití, al tiempo que utiliza su influencia política para instalar en puestos del gobierno a personas que le ayuden a facilitar sus actividades de narcotráfico".

Fourcand y Célestin no pudieron ser localizados para hacer comentarios. El gobierno de Haití no ha hecho ningún comentario público, aunque sus funcionarios han expresado en privado su conmoción y han pedido a Canadá y Estados Unidos justificaciones detalladas de las sanciones.

Michel Martelly y el partido de las Cabezas Calvas

El partido político fundado por Martelly, el Partido Haitiano Tèt Kale (PTHK), que significa Partido de las Cabezas Calvas en criollo haitiano, ha sido acusado durante mucho tiempo de corrupción, desde el robo de fondos públicos hasta vínculos con el narcotráfico y los asesinatos cometidos por pandillas. Martelly es un popular cantante que actuaba bajo el nombre artístico de ' Sweet Micky' (Dulce Micky) antes de convertirse en presidente en 2011. Según sus críticos, una de sus canciones, ' Bandido Legal', personificaba su estilo despreocupado de gobierno.

Algunos dicen que los gobiernos deberían hacer públicas las pruebas o acusar de delitos a las personas sancionadas.

"Cuando la impunidad es la norma, puedo entender el valor de nombrar y avergonzar. Pero si hay pruebas de actividad delictiva, ¿por qué no presentar cargos? ¿Por qué no entregar las pruebas a los fiscales de Haití?", afirmó Jake Johnston, experto en Haití del Center for Economic and Policy Research (CEPR) de Washington.

¿Cómo afectan las sanciones el estatus migratorio en EEUU?

Para imponer sanciones, no es necesario que una persona haya sido condenada por un delito. Basta con que las agencias de inteligencia estadounidenses sospechen que ha cometido un delito.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses admiten que es más difícil enfocarse en personas que viven en Estados Unidos, ya que su condición de inmigrantes les confiere cierto grado de protección legal. Martelly es un residente permanente legal casado con una ciudadana estadounidense, según su abogado, mientras que Lamothe dijo a Univision que está en proceso de solicitar la residencia.

En el caso de Martelly, si es sancionado se le podría negar el reingreso a Estados Unidos después de viajar al exterior, según el analista de inmigración de Univision, Ezequiel Hernández. "Su residencia también podría ser rescindida si mintió sobre sus actividades y podría ser puesto en proceso de deportación", dijo.

También podría enfrentar problemas para renovar su residencia, o si busca la ciudadanía, incluso si no es acusado formalmente de un delito. "Podrían denegársela por mala conducta moral o si se considera que no redunda en el interés nacional de Estados Unidos", añadió.

Lamothe se enfrenta a un riesgo aún mayor de deportación si es sancionado debido a su estatus migratorio temporal.

Pero Martelly y Lamothe aún podrían luchar contra las sanciones en los tribunales. Lamothe ya ha pedido a Canadá que muestre las pruebas que tiene, diciendo que planea demandar al gobierno por difamación si no presenta los detalles.

"Es una completa invención", dice Lamothe

Lamothe ha negado rotundamente cualquier vinculación delictiva, señalando que mientras fue primer ministro la tasa de criminalidad de Haití era baja. "Es una completa invención. Nunca en mi vida he tenido contacto con pandillas, ni he apoyado o acordado sus acciones", dijo a Univision, agregando que no ha puesto un pie en Haití desde 2020 y que no tiene intereses comerciales allí.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Globales de Canadá dijo a Univision que es "juicioso" en su imposición de sanciones y estaba dispuesto a imponer más sanciones "a los que seguirán apoyando la violencia y la inestabilidad."

Preguntado por la situación de Martelly y Lamothe, el Departamento de Estado de EEUU dijo que "no notificamos con antelación sanciones o restricciones de visado [...] y seguiremos tomando las medidas apropiadas según sea necesario."

Estados Unidos y Canadá también pretenden ampliar las sanciones con la ayuda de Naciones Unidas, que adoptó en octubre una resolución respaldada por Estados Unidos para sancionar a las pandillas haitianas y a sus benefactores. Actualmente, las Naciones Unidas están reuniendo un equipo de investigadores para perseguir a los haitianos vinculados a las bandas.

Aunque las sanciones envían un mensaje contundente, los expertos opinan que mucho dependerá de cómo se apliquen y con qué fin. "¿Es para marginar a Martelly y asegurarse de que no se presenta a unas futuras elecciones presidenciales?", se pregunta Page. O utilizaría el gobierno estadounidense las sanciones "para exigir ciertas reformas en Haití por parte de quienes están actualmente en el poder", añadió.

El uso de sanciones no significa que la intervención ya no sea una opción, según los funcionarios.

"No hemos quitado nada de la mesa, pero con 30 años de experiencia en Haití, sabemos muy bien que hay enormes desafíos cuando se trata de cualquier intervención", dijo el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en una conferencia de prensa de fin de año.

"Está claro que nuestro enfoque debe cambiar esta vez, y por eso (existen) las sanciones que hemos puesto", añadió.