La campaña electoral en México termina como la más violenta de su historia: 35 candidatos asesinados

Omar Plancarte, un empresario aguacatero que competía por la alcaldía de Uruapan, en Michoacán, para las elecciones de este domingo, fue secuestrado por un grupo de hombres armados la mañana del pasado 25 de mayo. No se sabe de él desde entonces.

Plancarte aspiraba a gobernar Uruapan, una de las ciudades más violentas del mundo y epicentro de la industria aguacatera mexicana: uno de cada tres aguacates que se consumen en el mundo son mexicanos. El 87% de ellos se consume en Estados Unidos. La intensa actividad económica contrasta con el dolor y violencia que han teñido la región: empresarios denuncian en privado que son amenazados por los narcotraficantes.

La familia del candidato secuestrado no es extraña a la tragedia: sus dos hijos fueron también secuestrados en Zapopan hace nueve años y tampoco se sabe de ellos desde entonces. Plancarte había fundado un pequeño colectivo para buscarlos y se había integrado a la Red de Eslabones de Derechos Humanos mexicana.

La política es rehén de los narcotraficantes, asegura un estratega de una campaña local en Michoacán, el estado donde Omar Plancarte desapareció sin dejar rastro. "No se puede hacer nada sin que lo apruebe la maña", explica a Univision pidiendo mantener su anonimato. La omnipresente sombra del crimen se asoma en el país y la desaparición de Plancarte no es en absoluto un caso aislado.

Alma Rosa Barragán Santiago, candidata a la alcaldía de Moroleón, en Guanajuato, fue asesinada a tiros. Cuando sepultaron sus restos, el sacerdote que encabezó su funeral dijo: “Nadie merecía esto”.

La violenta muerte de Barragán a tiros cuando descendía de su camioneta está entre los 35 candidatos asesinados en todo el país antes de las elecciones del 6 de junio, según las cifras de la consultora Etellekt, que además añade que en total, las muertes violentas entre políticos durante la campaña suman 89.

México elige a los 500 representantes de su Cámara de Diputados, legisladores en los congresos locales, cerca de 2,000 alcaldes y 15 de los 32 gobernadores el próximo domingo 6 de junio, en las primeras elecciones nacionales desde la victoria del presidente López Obrador en 2018.

Las cifras de la consultora Etellekt afirman que, desde septiembre y hasta inicios de mayo, se han registrado 782 hechos violentos contra políticos y candidatos, por encima de las 776 registradas en las elecciones de 2018. Estos números confirman que la actual campaña electoral ha sido la más violenta en la historia reciente de México.

En mayo, además de Barragán, el candidato Abel Murrieta, quien contendía a la alcaldía de Cajeme, en Sonora, también murió a tiros a plena luz del día mientras hacía campaña.

Murrieta, quien había sido abogado de la familia LeBaron, víctimas de una masacre en la que murieron cinco niños y tres adultos en 2019, había dicho poco antes que haría de la lucha contra la delincuencia uno de sus principales objetivos.

Analistas de seguridad sostienen que no es un secreto que grupos de narcotraficantes colocan candidatos afines en municipios y ciudades para poder operar sin la interferencia de la policía, extorsionar negocios y obtener dinero del presupuesto gubernamental.

La cotidianidad de la violencia se ha convertido en un acompañante seguro para quien contiende a un cargo. “Amenazaron a mi papá hace dos semanas”, dice María N., hija de un candidato a una diputación en el estado de Michoacán y quien declina dar su nombre por seguridad. “Nadie quería que se lanzara. Yo solo quiero que ya llegue el 6 de junio”.

Como este aspirante, muchos otros sobrellevan las amenazas como pueden. Insisten que con el voto es la única forma de cambiar las cosas. Por ello, deciden salir a la calle a pesar de todo, sin dejar que el miedo se apodere de ellos ni de sus familias.