Represión a opositores en Venezuela alcanzó "niveles inéditos" en 2017, según Human Rights Watch

En abril de 2017, un grupo de hombres vestidos de civil que se presentaron como funcionarios de inteligencia del gobierno venezolano se llevaron a Ernesto Marin (pseudónimo) de su casa. Lo trasladaron a una sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Allí lo esposaron por la espalda, le vendaron los ojos y un militar de la Guardia Nacional le explicó que estaba encerrado allí por un delito "muy grave": "meterse con el gobierno".

El testimonio de las horas de tortura que siguieron quedó sentado en el informe 'Arremetida contra opositores: Brutalidad, tortura y persecución política en Venezuela'. Fue compilado por la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) y la venezolana Foro Penal para documentar la respuesta del gobierno de Nicolás Maduro a las últimas manifestaciones que debió enfrentar desde abril de 2017. Para entonces, miles de personas salieron a protestar a las calles y hubo más de 100 muertos.

A Marin lo llamaron "terrorista", lo acusaron de tener vínculos con la oposición y de recibir "dólares" de los líderes Leopoldo López y Henrique Capriles a cambio de mantenerse en la calle. Lo golpearon por negarlo y, luego, lo obligaron a desvestirse, con una misma cadena le esposaron las manos a los tobillos y de allí lo elevaron unos centímetros del suelo. Le arrojaron agua y con un palo metálico debajo de los glúteos le aplicaron una descarga eléctrica tan fuerte que dijo a HRW que había sentido "un doloroso espasmo en todo el cuerpo".

Así pasaron 15 minutos de preguntas, respuestas y descargas de cinco segundos por vez mientras lo mojaban. Al no conseguir una confesión, lo dejaron colgado una hora. Después de ese tiempo, cuenta HRW en su informe, lo bajaron, le permitieron vestirse y un militar le apuntó con una pistola en la cabeza y le dijo que si hablaba nunca sería liberado.

Luego de un mes de torturas, lo dejaron ir –aunque con orden de presentación– bajo la promesa de que no podía ni hablar de política en sus redes sociales, ni hablar de lo ocurrido. Marin huyó del país.

Otros que conversaron con HRW aseguran haber recibido fuertes golpes por el rostro o patadas en las costillas por negarse a culpar a líderes opositores de promover violencia en las protestas. A uno de ellos incluso lo encarcelaron con presos comunes, lo colgaron en un punto en el que apenas podía tocar el suelo con la punta de los pies y lo dejaron así un día entero bajo el sol inclemente. Luego fue acusado por un juez de "instigación al odio" y de poseer explosivos. Tras todo eso, lo dieron libertad condicional.

Como estos hay cinco testimonios más en el informe con torturas que ahora se repiten como un patrón contra los opositores del chavismo en Venezuela. Pero son más de 50 casos los que registraron con abusos físicos y psicológicos contra al menos 232 personas.

Violencia y brutalidad

Entre abril y septiembre de 2017, los venezolanos salieron a las calles a protestar. En principio, por el intento del Tribunal Supremo de Justicia de usurpar funciones de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. Pero las manifestaciones cada vez sumaban más personas que reclamaban la falta de derechos, pero también por la escasez permanente de casi cualquier alimento, de medicinas y por una inflación tan elevada que supera a cualquier salario.

"El gobierno respondió con actos generalizados de violencia y brutalidad contra manifestantes críticos del gobierno y personas detenidas, y ha negado a los detenidos el debido proceso", se lee en el informe que documenta 88 casos que afectan al menos a 314 personas. "Aunque no fue la primera arremetida contra opositores durante la presidencia de Maduro, la magnitud y la gravedad de la represión en 2017 alcanzó niveles inéditos en la historia reciente de Venezuela", agrega el documento que refiere que en las calles, los manifestantes eran atacados por los cuerpos de seguridad incluso al dispararles balines con objetos metálicos en su interior.

El reporte de HRW en conjunto con Foro Penal, una organización conformada por abogados que han defendido a los opositores detenidos, señala a las fuerzas de seguridad del Estado y a las pandillas armadas del gobierno de atacar a quienes protestaban "empleando fuerza extrema y en ocasiones letal". Denuncia que al menos 757 civiles detenidos fueron juzgados en tribunales militares contraviniendo el derecho internacional. Asegura que los arrestados fueron torturados con métodos como descargas eléctricas, detonaciones de gases lacrimógenos en espacios cerrados, al obligarlos a ingerir alimentos con excrementos y con abusos sexuales que, en algunos casos, incluyeron violaciones.

Concluye que los abusos cometidos en esos seis meses en Caracas y 13 estados del país, son parte de "una práctica sistemática de las fuerzas de seguridad venezolanas" y que, al menos hasta la publicación del informe, no hallaron evidencias de que alguna autoridad del Estado hubiera adoptado medidas para sancionar a los culpables o prevenir las violaciones de derechos humanos. En contraposición, registraron que más de 5,400 personas que protestaban fueron detenidas.

"Los abusos violentos que se exponen en este informe no fueron perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad que estaban siendo atacados o amenazados con violencia", precisan.

En un comunicado, el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, señaló como responsables a funcionarios de los más altos niveles, desde Maduro hasta el exministro de la defensa, Vladimir Padrino López, y el ministro de Interior, Néstor Reverol. "Los abusos perversos y generalizados contra opositores del gobierno de Venezuela, incluidos casos de torturas aberrantes, y la impunidad total de los agresores sugiere responsabilidad gubernamental en los más altos niveles", dijo.