"Pagas o te deportan": extraditan a 4 peruanos que extorsionaban a hispanos amenazándolos con ICE

Cuatro peruanos acusados de usar un centro de llamadas para extorsionar a por lo menos 15 hispanos en Florida, cobrándoles deudas inexistentes bajo la amenaza de encarcelarlos o incluso denunciarlos para que los deportaran, fueron extraditados a Estados Unidos, informó el Departamento de Justicia (DOJ).

Este esquema fraudulento estuvo ligado a la empresa Fonomundo, con oficinas en la ciudad de Miami, que ofrecía celulares de baja calidad y productos naturales a sus víctimas, la mayoría de las cuales eran ancianos, según la acusación interpuesta en el Distrito Sur de Florida de la Fiscalía federal.

Después de que los clientes compraban estos productos, los defraudadores les llamaban por Internet desde un call center en Perú fingiendo ser abogados y funcionarios del gobierno. Les advertían que si no pagaban una "tarifa de liquidación" los demandarían, meterían a la cárcel o denunciarían ante el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para que los expulsaran del país.

Ese modus operandi también se usó desde otro centro de llamadas en Perú para robar a varios migrantes con otra estafa común: a quienes habían comprado un programa para aprender inglés. Uno de los distribuidores de estos delincuentes, ABC Latina, tenía oficinas en Miami; mientras que otras dos agencias asociadas estaban en California.

En el caso relacionado con la compañía Fonomundo, los fiscales alegan que los sospechosos obtuvieron los nombres y la información de inmigrantes de habla hispana que habían comprado productos de otras empresas. Usaban guiones para convencer a sus víctimas de que les tenían que pagar cuanto antes.

Les decían que eran representantes legales, funcionarios de empresas dedicadas al cobro de deudas y oficiales del "departamento legal" de un estado o ciudad estadounidense.

Los acusados hicieron amenazas relacionadas "con marcas negativas en sus historiales de crédito, la deportación y otras consecuencias migratorias, arresto y encarcelamiento, cuando las víctimas se opusieron a hacer pagos", de acuerdo con los documentos judiciales.

Los peruanos que fueron extraditados son Jesús Gerardo Gutiérrez Rojas, de 37 años; María de Guadalupe y Alexandra Podesta Bengoa, de 38; Virgilio Ignacio Polo Davila, de 43; y Omar Alfredo Portocarrero Cáceres, de 39.

Las autoridades peruanas los arrestaron a fines de 2017 en respuesta a la acusación interpuesta en una corte federal en Miami el 6 de diciembre de 2016. Ellos permanecieron encarcelados en el país suramericano hasta su traslado a EEUU, que se aprobó el pasado 18 de enero.

Estuvieron detrás del fraude telefónico al menos entre enero de 2012 y julio de 2015, según el DOJ. Contra ellos pesan 43 cargos penales. No se ha revelado cuánto dinero robaron a sus víctimas.

"El Departamento de Justicia perseguirá a los delincuentes que atacan y extorsionan a los consumidores estadounidenses, donde quiera que estén", dijo Jody Hunt, vicefiscal de la División Civil de la Fiscalía, en un comunicado. "Aquellos que extorsionan por teléfono a los consumidores de EEUU no pueden escapar de la justicia al hacer sus llamadas desde el extranjero", advirtió.

Podesta, Polo y Portocarrero supuestamente administraban y operaban el centro telefónico en Perú, desde el cual extorsionaron a los ancianos en varios lugares de EEUU. Mientras que Gutiérrez era el gerente general de Fonomundo y también supervisaba lo que hacían sus cómplices en Suramérica.

Los fiscales federales argumentan que socios de esta banda que operaban en Miami se encargaban de recolectar los pagos y, a veces, enviaban paquetes a las víctimas.

"Este es un recordatorio para nuestra comunidad de desconfiar de aquellas personas que amenazan con el encarcelamiento, un puntaje de crédito negativo o un cambio en el estatus migratorio", alertó Ariana Fajardo Orshan, fiscal del Distrito del Sur de Florida del DOJ.

Este caso también fue investigado por el Servicio de Inspección Postal, la Fiscalía del Sur de Florida, el Servicio de Seguridad Diplomática de EEUU y la Policía Nacional del Perú.