ICE le pone fecha a la deportación de pareja con más de 25 años en EEUU que nunca estuvo indocumentada

“Les pedimos que nos den un tiempo más para deshacernos de toda la vida aquí, pero nos dijeron que no”, cuenta entre sollozos Patricia García, una inmigrante peruana que lleva más de 25 años en Estados Unidos junto a su esposo y un hijo protegido bajo el programa de Acción Diferida (DACA). “El 26 de noviembre mi marido y yo debemos presentarnos con los pasajes. Tenemos que irnos el 2 de enero”, añade.

Al otro lado del teléfono se escucha un llanto amargo. “Por qué”, pregunta. No hay respuestas.

La familoia de García llegò a Estados Unidos en 1993 en busca de asilo. Huyeron del Perú por amenazas del grupo terrorista Sendero Luminoso. “Llegamos toda la familia, hermanos, sobrinos y primos”, cuenta Patricia. “Y a todos les aprobaron las peticiones, menos a mi esposo, mi hijo y a mí”.

Añade que mientras esperaban respuesta, en aquel tiempo del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS), “el resto de la familia recibió la protección por parte del gobierno. Un año después se convirtieron en residentes legales y cinco años más tarde se hicieron ciudadanos”.

Mientras esperaban, recibieron un permiso de trabajo que renovaban cada año. “Nuestros papeles se extraviaron en la corte”, explica Patricia. “Y después de 11 años, nuestro caso fue desestimado ( dismiss)”, indica. “Cuando los papeles por fin aparecieron, un juez nos dio la deportación sin que nosotros lo supiéramos”.

Corría el 2010 y las prioridades de deportación eran otras, distintas a las establecidas por Donald Trump en enero del año pasado.

Batalla legal

“Nosotros apelamos el fallo y todos los años presentamos un recurso conocido como ‘stay of removal’ (suspensión de deportación y aplazamiento temporal de la deportación por no constituir una amenaza para la seguridad pública y/o nacional), un recurso que fue eliminado por este gobierno”, añade.

La herramienta era parte del uso discrecional que utilizaban los jueces de inmigración para detener deportaciones, sobre todo de individuos o familias como los García, que carecen de antecedentes criminales, llevan tiempo en Estados Unidos y no constituyen una amenaza.

En los últimos 10 años, unos 350,000 expedientes recibieron el beneficio, pero bajo la política de 'tolerancia cero' de Trump el recurso fue cancelado, y los miles de casos favorecidos fueron reabiertos por orden del fiscal general, Jeff Sessions.

“Este año nos negaron el ‘stay of removal’ y nos dieron una cita para el 23 de octubre. Fuimos, les pedimos que nos den un tiempo más para deshacernos de toda la vida aquí, pero nos dijeron que no, nos lo negaron”, cuenta, entre llanto.

Su esposo Migue Torres, un ciudadano argentino con quien lleva 30 años casada, corre la misma suerte. Pero su hijo Juan Manuel, de 26 años, no se ve afectado por la decisión del gobierno porque se encuentra protegido por DACA.

El legado de los García

“Llevamos más de 25 años en este país, tenemos 15 años con casa propia, hemos pagado impuestos, tenemos un comportamiento ejemplar. Nunca hemos sido indocumentados, es más, nuestros permisos de trabajo vencen en mayo de 2019, fue el gobierno el que se equivocó y extravió nuestros documentos de asilo y ahora nos quieren deportar. Estamos desesperados, señor, es terrible”, indica.

No hay palabras para describir la desazón de García. “Mi salud está quebrantada. A mis 62 años debo regresar a mi país, no tengo trabajo, sin seguro de salud, sin dónde llegar porque toda mi familia vive en este país y con ciudadanos americanos. Esto es prácticamente como irme a morir”, sentencia.

A finales de marzo Univision Noticias reportó que el fiscal general Sessions planeaba revertir fallos (cierres administrativos) dictados por los jueces de inmigración quienes habían “puesto a dormir” unos 350,000 casos de deportación por no constituir una amenaza a la seguridad nacional o pública para el país.

El 6 de junio, el gobierno confirmó que está reabriendo en las cortes de inmigración casos de deportación que habían sido cerrados administrativamente. “La agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) está presentando mociones ante los tribunales –supervisados por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR)– para volver a reprogramar algunos casos que previamente se habían cerrado administrativamente usando la discreción procesal”, dijo en esa ocasión Jennifer Elzea, subsecretaria de prensa de la agencia federal.

Elzea agregó que ICE “generalmente revisa” este tipo de casos y determina si la discreción procesal (prosecutorial discretion, PD) fue “apropiada”.

“El cierre administrativo es una herramienta que tenemos los jueces para decidir respecto cuáles casos están listos o cuáles otros tienen otros caminos o pasos antes de estar listos para una decisión final de la corte”, explicó a Univision Noticias la jueza Dana Leigh Marks, portavoz de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ, por sus siglas en inglés).

El 19 de septiembre el gobierno de Trump avanzó un paso más en su política migratoria dejando a los jueces de inmigración una única opción: la expulsión del país, excepto si el gobierno se equivocó o si el inmigrante califica para ser ciudadano estadounidense.

García dijo que había decidido contar su historia esperando lo mismo que aguardan miles de inmigrantes atrapados en la política de ‘tolerancia cero’ del gobierno de Trump: un milagro.

Qué dice ICE

"Miguel Torres-Bruno, de 60 años, ciudadano argentino y Martha García, de 61 años, ciudadana y peruana, recibieron una orden de deportación por parte de un juez de inmigración el 9 de octubre de 2002", dijo un vocero de ICE a Univision Noticias por medio de un correo electrómnico.

"Como ambos casos recibieron el debido proceso migratorio completo con la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR, dependioente del Departamento de Justicia), la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas y la Oficina de Operaciones de Remoción (ERO) están retirando a la pareja de Estados Unidos de conformidad con la ley federal, la política de la agencia y la orden de los tribunales", precisó Tamara Spicer, vocero de las agencia.

A la pregunta si la deportación del matrimonio responde a la polìtica de 'tolerancia cero' del gobierno de Trump, la agencia detalló que, "una suspensión de deportación (stay of removal) es un beneficio humanitario temporal que ICE puede otorgar a un extranjero que está pendiente de deportación".

"Las estancias pueden otorgarse hasta un año de duración. La búsqueda de estancias repetidas no es un medio viable para que un extranjero posponga permanentemente el retorno requerido a su país de origen", agregó la agencia federal.

La Asociación Americana de Abpgados de Inigración (AILA) estioma que nunos 350,000 inmigrantes han sido favorecidos por el cierre administrativo de sus casos de deportación en la última década, cuyos casos están siendo revisados bajo la nueva política anunciada por el fiscal general Sessions tras retirarle a los jueces de inmigración el uso de esta herramienta.