Casero acosaba con impunidad a sus inquilinas: ellas debieron esperar 15 años para que lo corrieran

Westlake es un vecindario hispano de Los Ángeles, California, plagado de pandillas. Por ese motivo, la fachada del edificio de apartamentos en el 729 de la calle Bonnie Brae suele estar marcada por grafiti de quien se adjudica la zona. Este, sin embargo, no ha sido el único peligro que acechaba a los inquilinos.

Dentro de ese inmueble de 97 unidades, algunas de las cuales no tienen siquiera baño propio, el casero se encargó de hacerles la vida muy difícil a las mujeres que allí vivían. Se documentó que las acosó sexualmente durante al menos 15 años, desde 2006, según las denuncias. Sus víctimas eran principalmente inmigrantes hispanas y es posible que algunas no tengan documentos legales. Westlake ha recibido desde hace varios años a la diáspora centroamericana que ha escapado de guerras civiles, pobreza y la inseguridad.

Filomeno Hernández era el encargado de ese y otro edificio ubicado en el 720 al sur de la avenida Westlake, en el mismo barrio. Él aprovechaba cualquier oportunidad para tomar ventaja: les hacía comentarios inapropiados, solicitaba que participaran en actos sexuales a cambio del alquiler, reducir la renta y perdonarles pagos atrasados; además de “realizar visitas intrusivas y sin previo aviso a las casas de las inquilinas para realizar y promover sus insinuaciones sexuales”, citan documentos judiciales.

Las autoridades lo describen como un “patrón de larga data” que ocurría en ambos edificios. El otro inmueble, el de la avenida Westlake, tiene 82 unidades y solo algunas tienen sanitario propio. Los inquilinos deben, por ello, usar baños comunitarios ubicados en cada piso del edificio.

Hernández fue contratado en 2005 para administrar la propiedad en Bonnie Brae y tres años más tarde su patrón, Ramin Akhavan, le pidió que se encargara al mismo tiempo del otro edificio. Recibía un solo cheque, pero podía usar dos apartamentos sin pagar alquiler, de acuerdo con los fiscales.

Sus deberes consistían en aprobar nuevos inquilinos, cobrar el alquiler, recibir solicitudes de mantenimiento, hacer reparaciones, comunicarse con los arrendatarios con respecto a las facturas de servicios públicos y los pagos de alquiler atrasados, ayudar con los procedimientos de desalojo y preparar las unidades vacías para los nuevos habitantes. También seleccionada y entregaba la correspondencia. Esa interacción constante facilitó sus avances sexuales.

“Las acciones descritas anteriormente y la conducta del demandado Hernández causaron que las inquilinas sufrieran daño físico, miedo, ansiedad y angustia emocional, e inhibieron su capacidad de tener una vivienda segura para ellas y sus familias”, cita la demanda que en enero de 2020 interpuso la Fiscalía federal.

Quince años después de que comenzaron los abusos sexuales, sus víctimas recibieron justicia de alguna manera, aunque eso no significó que enviaran a Hernández a la cárcel. El Departamento de Justicia (DOJ) anunció el viernes que había alcanzado un acuerdo con el dueño de ambos edificios, Akhavan, el cual incluye una compensación de 100,000 dólares para las mujeres afectadas y una multa de 5,000 dólares.

También lo obligaron a despedir a Hernández, no volverlo a contratar y echarlo de su vivienda. Por otro lado, Akhavan se comprometió a que no sucederán otros actos de discriminación en sus propiedades y dejará que el Departamento federal de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) lo monitoree constantemente para verificar que lo está cumpliendo a cabalidad.

“El derecho a estar libre de acoso sexual en el hogar es un derecho civil federal vital”, dijo en un comunicado Tracy L. Wilkison, fiscal interina del Distro Central de California del DOJ.

Más denuncias por acoso sexual

Uno de los temores de las organizaciones que defienden a los inquilinos es que los casos de acoso sexual se hayan incrementado durante la pandemia, debido a que el desempleo y la reducción de jornadas laborales afectaron la habilidad de cumplir con el pago del alquiler. Univision Noticias informó en mayo de 2020 cómo caseros sin escrúpulos se estaban aprovechando de la situación, de acuerdo con una agencia pública de Hawái que recibía denuncias de varios lugares del país.

La Alianza Nacional de Vivienda Justa (NFHA) afirma que, tal como se anticipó, el problema se exacerbó debido a la contingencia sanitaria. En su informe anual más reciente que fue publicado en julio, el grupo señala que en los últimos meses hubo más casos de discriminación y acoso. Advierte que varias denunciantes son hispanas.

En 2020, se reportaron 1,071 quejas de acoso, un aumento significativo frente a las 761 denuncias reportadas en 2019 y el mayor número desde que la NFHA comenzó a recopilar estos casos en 2012.

La organización advierte en su reporte que los estadounidenses de origen asiático y los isleños del Pacífico experimentaron un incremento del 9% en casos de acoso y discriminación en sus hogares.

“En 2020, nos pidieron que nos quedáramos en casa para mantenernos a salvo. Pero para muchos estadounidenses el hogar no fue lo suficientemente seguro. Las minorías y las mujeres todavía enfrentan niveles mucho más altos de acoso y discriminación en el hogar y en el mercado de la vivienda”, dijo Lisa Rice, directora ejecutiva de NFHA, en un comunicado.

Antes de que se presentaran los contagios del nuevo coronavirus, el gobierno federal también registraba más quejas. En 2019, HUD recibió 246 denuncias de acoso sexual relacionadas con la vivienda, más del doble de las 103 que recibió en 2017. Se atribuía a un mayor escrutinio y al movimiento #MeToo, que ha ventilado diversos casos de abuso laboral por parte de hombres en posiciones de poder.

Para someter una denuncia de acoso sexual en la vivienda y otras otras formas de discriminación, usted puede llamar al teléfono 1-800-896-7743 del Departamento de Justicia o enviar un correo electrónico a fairhousing@usdoj.gov.

Mira también: