Una crisis doble: mujeres denuncian haber sido acosadas por sus caseros al no poder pagar la renta por la pandemia
La Fiscalía federal y una agencia estatal aseguran que han recibido denuncias contra dueños de viviendas que supuestamente acosaron a sus inquilinas a cambio del pago del alquiler. “Si eres una mujer migrante es muy fácil para un casero abusivo tomar ventaja ahora”, advirtió una funcionaria.
Por:
Isaías Alvarado.
Con el cierre de los negocios y el cese de operaciones de las empresas, millones de trabajos han sido afectados por el covid-19. Estos trabajadores pasan su encierro luchando por superar esta pandemia.
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La pandemia ha supuesto una crisis doble para varias mujeres, algunas de ellas migrantes, que al no poder pagar la renta tras quedar desempleadas, han sido acosadas o agredidas sexualmente por sus caseros, según denuncias hechas en una agencia de Hawái desde los lejanos Indiana o California. También la Fiscalía federal ha recibido "inquietantes" quejas y emprendió una campaña para detener este problema.
A pesar del temor a ser desalojadas en medio de la inédita crisis de salud pública, una docena de mujeres presentaron quejas contra los dueños de sus viviendas ante la Comisión Estatal de la Mujer de Hawái, una agencia que asegura estar recibiendo por primera vez denuncias de este tipo.
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Preocupa especialmente que muchas víctimas que son migrantes no reporten este abuso por miedo a quedar en la calle o, peor aún, a que las deporten.
“Si eres una mujer migrante es muy fácil para un casero abusivo tomar ventaja ahora”, advirtió la directora ejecutiva de dicha comisión, Khara Jabola-Carolus, en una entrevista con Univision Noticias. “Estamos muy preocupados porque nunca vimos este tipo de quejas en nuestra oficina (…) No es un problema nuevo, pero quizás la escala actual es mayor porque hay mucha más gente vulnerable”, agregó.
La mitad de las quejas recibidas en ese organismo las presentaron migrantes y, en algunos casos, ni siquiera acudieron a la agencia que les correspondía geográficamente.
“Nos han llamado de Indiana, de California y de otros estados porque no sabían qué hacer. Eso te rompe el corazón”, dijo la funcionaria.
Una de las víctimas denunció que el dueño del apartamento le envió una foto de su órgano sexual cuando ella le notificó en un mensaje de texto que no podía pagar la renta y le preguntó si tenía una propiedad más barata.
“A otras mujeres les dijeron: ‘Te puedo bajar la renta si tienes sexo conmigo, si vamos a cenar, si vives conmigo un fin de semana”, detalló Jabola-Carolus. “Es una variedad de escenarios, pero todos han atemorizado mucho a estas mujeres”, indicó la titular de la Comisión estatal de la Mujer de Hawái.
En los peores casos, indicó, dos propietarios de apartamentos tocaron indebidamente a sus inquilinas. “El casero básicamente acorraló a la mujer y la agredió sexualmente. Ella tenía miedo incluso de dejar el apartamento por la cuarentena”, describió la funcionaria. “Una agresión sexual siempre es algo malvado, pero le agrega crueldad cuando tomas ventaja y lo haces durante una crisis en la que alguien no tiene un lugar a dónde ir”, lamentó.
El Departamento de Justicia (DOJ) también ha recibido quejas “inquietantes” contra caseros que buscarían sacar ventaja de esta crisis. La Fiscalía no especificó cuántas ni en qué estados se han registrado estas denuncias. El gobierno federal emprendió esta semana una campaña advirtiendo que enjuiciará con todo el peso de la ley a cada uno de estos infractores.
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“Ha habido informes contra propietarios de viviendas que han respondido a las solicitudes de aplazar el pago del alquiler con demandas de favores sexuales y otros actos de conducta sexual no deseada. Tal comportamiento es despreciable e ilegal”, señaló el fiscal federal Byung J. Pak en un comunicado.
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD en inglés) aseguró, por su parte, que aún no ha detectado algún caso como estos relacionado con la pandemia. Sí precisó que 56 quejas de acoso sexual fueron sometidas por inquilinos desde el 1 de febrero. De estas, 36 acusaciones son investigadas por agencias asociadas y las otras 20 por oficiales de HUD.
“Ninguno de estos casos está marcado como relacionado con el covid-19”, aclaró la dependencia en un comunicado enviado a Univision Noticias. “Estos casos no necesariamente involucran a propietarios o inquilinos, ya que podría haber hostigamiento de una variedad de partes diferentes, incluidas personas de mantenimiento, vecinos, etcétera”, explicó esa dependencia federal.
La crisis que ha generado el coronavirus podría dejar a los inquilinos en una situación vulnerable: 1 de cada 10 estadounidenses no pagó la renta en abril, según la cifra más reciente del Consejo Nacional de Viviendas Multifamiliares; y más de 33 millones de personas ya han pedido el subsidio por desempleo.
A las organizaciones que defienden a los inquilinos no les sorprende enterarse que este problema surge en medio de la pandemia. “Conforme aumente la crisis esto sucederá más en los lugares donde no hay protecciones. Siempre hay una relación de dominio entre los dueños o manejadores y los inquilinos”, dijo a este medio Leonardo Vilchis, director del grupo Unión de Vecinos.
"El temor a quedarse en la calle es tan fuerte que muchas mujeres se quedan calladas (…) Es urgente prevenir este abuso", agregó el activista.
En los últimos años, la Unión de Vecinos ha brindado su ayuda en más de 20 acusaciones de ese tipo en Los Ángeles, California. Pero ninguna resultó en algún tipo de castigo, más allá de forzar a los propietarios que dejaran de cobrar el arriendo o entregarles cartas advirtiéndoles que sabían lo que estaban haciendo.
Los hispanos son uno de los grupos más afectados por la pandemia y no solo en cuestión de salud. El covid-19 ha dejado a millones sin recursos para necesidades básicas como pagar la renta, comprar comida o ayudar a sus familias en sus países de origen. Desde personas de clase media, hasta inmigrantes indocumentados. Todos han sido golpeados.
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Hasta hace cuatro años, Betty, quien pidió no publicar su apellido por su estatus migratorio, se quitó de encima al dueño de un pequeño apartamento en el oeste de Los Ángeles, donde aún vive.
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Esta migrante mexicana relató que el acoso comenzó en 2003 y fue escalando. De piropos y tocamientos indebidos a espiar a su hija mientras se bañaba y llegar a meterse en su cuarto una noche. La excusa era que frecuentaba la vivienda para hacer reparaciones y que, como propietario, podía ingresar al apartamento a la hora que quisiera.
“Una vez le dije que no podía pagar la renta y él me agarró la pierna y me dijo: ‘No te preocupes, veré cómo le hago’”, contó a Univision Noticias.
Ella levantó su voz, pero el maltrato arreció, al grado que ella evaluó mudarse. “Tenía miedo hasta de salir. Si tiraba la basura me insultaba diciéndome ‘espalda mojada’ y ‘regrésate a tu país’. Y él es mexicano (…) Yo no conocía mis derechos y, siendo indocumentada, agachaba la cabeza”, contó.
“Estos depredadores están esperando el momento más susceptible para hacerte daño”, advirtió Betty, refiriéndose a los casos que han surgido durante el brote del covid-19.
“Pero tenemos poder hablando y si no lo haces él seguirá abusando. Sí hay salida, no se vale ser víctima de nadie”, concluye.
Hay pocas investigaciones sobre el acoso sexual en las viviendas alquiladas. La más reciente, publicada a finales de 2018, encuestó a mujeres de bajos ingresos en Columbia, Missouri, y descubrió que el 10% había experimentado estos abusos. La mayoría eran jóvenes de minorías. Solo una de ellas presentó una denuncia ante la policía. El resto dijo que temía perder su vivienda o no sabía a quién acudir.
El modus operandi de esos acosos coincide con los que han sido denunciados actualmente en medio de la pandemia: peticiones de favores sexuales a cambio de postergar el pago del arriendo o bajar los montos de los depósitos de seguridad.
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“Las mujeres de bajos ingresos son presa fácil de los propietarios que buscan explotarlas para tener relaciones sexuales”, dijo Rigel Oliveri, autora del estudio y profesora de la Facultad de Derecho de Universidad de Michigan.
Los administradores de estas viviendas también se aprovechan de la situación. Una acusación que la Fiscalía federal interpuso en enero alega que el encargado de dos complejos de apartamentos en un barrio hispano de Los Ángeles abusó durante 14 años de varias inquilinas.
Los edificios están ubicados en Westlake, un vecindario habitado principalmente por inmigrantes centroamericanos y mexicanos, y ambos tienen 179 unidades, algunas sin un sanitario privado.
La demanda presentada por el DOJ en un tribunal federal de Los Ángeles menciona al encargado de los apartamentos, Filemón Hernández, al dueño de estos, Ramin Akhavan, y a sus empresas Bonnie Brae Investment Services y Westlake Property Services. Los acusan de violar la Ley de Equidad de Vivienda.
“La queja alega que Hernández participó en hostigamiento que incluyó -entre otras cosas- involucrarse frecuente y repetidamente en contacto sexual no deseado, como agresión sexual, hacer avances y comentarios sexuales no deseados, ofrecer reducir o permitir el pago tardío del alquiler a cambio de sexo e ingresar a las casas de las inquilinas sin su consentimiento”, describe la Fiscalía.
Las autoridades creen que esta conducta indebida comenzó desde 2006 y afectó a “varias mujeres”. No lo mencionan los fiscales, pero es muy probable que algunas de estas víctimas hayan sido indocumentadas. La demanda busca compensaciones monetarias para las víctimas, sanciones civiles y una orden judicial que prohíba la discriminación en dichos complejos.
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En 2019, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano recibió 246 quejas de acoso sexual, más del doble de las 103 que registró en 2017. Un informe de la National Alliance for Fair Housing lo atribuye a un mayor escrutinio por parte de las autoridades. Para ese año también cobró fuerza el movimiento #MeToo, que empoderó a las mujeres para que denunciaran a los acosadores.
La mayoría de los avances se han logrado en el ámbito laboral, porque allí están los reflectores. “Parte del problema es que las protecciones contra el acoso sexual en la vivienda generalmente se han quedado rezagadas con respecto a las del lugar de trabajo”, escribió Sandra Park, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), en un artículo publicado en 2018.
Uno de cada dos estadounidenses no pudo pagar la renta en abril, un dato que coincide con un incremento en las solicitudes de desempleo desde el inicio de la pandemia.
Imagen John Moore/Getty Images
"No se queden calladas"
Kenia Alcocer, organizadora de la Unión de Vecinos, dice que hay incluso menos logros en los barrios hispanos, porque muchas migrantes prefieren callar por temor a que las deporten. Ella ha brindado ayuda a más de 20 acusaciones contra caseros y administradores en los últimos cuatro años. En algunos casos, estos llegan a meterse a sus viviendas sin previo aviso, usando las llaves que deben tener en caso de una emergencia. Dice que las más afectadas son las madres solteras y sus hijas.
“Para muchas mujeres es muy difícil hablar de esto. Hacer una denuncia es complicado. La gente tiene temor de reportarlo por miedo a Migración”, lamentó Alcocer. “El acoso es tal, que la opción que escoge la mayoría de las víctimas es salirse del apartamento”, agregó.
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Algunos incidentes se han registrado en cocheras convertidas en habitaciones, en las cuales viven muchos migrantes por el alto costo del alquiler en California. El caso más reciente en el que intervino Unión de Vecinos ocurrió a principios de 2019 en un humilde garage en el barrio de Boyle Heights. “Cada vez que la señora salía, el dueño la hostigaba, salía a verla, le decía piropos, le hacía la vida difícil”, contó Alcocer.
La activista menciona que han logrado detener el acoso uniendo a los inquilinos y enviado advertencias escritas a los dueños en las que detallan las acusaciones y las consecuencias legales.
“Mi consejo es que no se queden calladas, que hablen a una organización y, si sienten que están en una circunstancia delicada, marquen al 911. No están solas”, recomendó Alcocer.
Para denunciar el acoso sexual en la vivienda, llama a este número del Departamento de Justicia de EEUU (844) 380-6178. También puede enviar su queja al correo electrónico fairhousing@usdoj.gov o someterla en esta página de internet. Otra opción es presentar su acusación en este portal o llamando al número (800) 669-9777 del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano.
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