2,975 muertos después: ¿qué se ha aprendido en Puerto Rico tras María y qué pasaría si viene otro huracán?

SAN JUAN, Puerto Rico.- El gobierno hizo “un trabajo fantástico”. Así se expresó el presidente Donald Trump a la luz del estudio publicado por la Universidad George Washington que cifra las muertes a causa del huracán María en Puerto Rico en 2,975. El estudio, encargado por el gobierno de Puerto Rico al Instituto Milken de Salud Pública de dicha universidad, destaca que el riesgo de muerte fue un 45% mayor en aquellos que vivían en comunidades pobres y en mayores de 65 años.

El gobierno de Puerto Rico, hasta la semana pasada, mantuvo la cifra oficial de muertos a causa del catastrófico huracán en 64. Muchos se preguntan: ¿y ahora qué?

Al recibir el informe, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, hizo un mea culpa que dejó más interrogantes ante un posible desastre natural en plena temporada de huracanes: “ Yo no soy perfecto. Yo cometo errores”, dijo. Y les endilgó parte de la responsabilidad a los médicos del país. “En aquel momento teníamos un protocolo. No nos dimos cuenta hasta un poco después de que era totalmente insuficiente y esto todo emana en que la responsabilidad de adjudicar la causa de muerte era de los médicos, pero que lamentablemente no había un proceso formal para prepararlos ante una devastación”.

Acto seguido, informó que firmaría una orden ejecutiva para crear la Comisión 9-20 que se encargará de revisar y reformar los protocolos ante catástrofes y un registro de ancianatos y personas con enfermedades crónicas con el fin de que puedan ser identificados con mayor celeridad.

"No hemos aprendido la lección"

Sumado a una deuda previa de 70,000 millones de dólares, a un sistema energético en ruinas y una Junta de Control Fiscal que promueve medidas de austeridad, según la socióloga Marcia Rivera el país no está mejor preparado a raíz de la experiencia con los huracanes Irma y María.

“Lo que yo saco en claro es que en Puerto Rico no estamos preparados todavía, no hemos aprendido la lección. No hay una cultura de previsión. Pero el problema mayor es que esos que fueron incapaces de manejar la emergencia, han sido incapaces de generar una base de datos para enfrentar cualquier situación nueva que se presente. La vulnerabilidad no se ha mejorado, sigue estando ahí”, dijo a Univisión Noticias.

Para Rivera, la incapacidad del gobierno de atender a la catástrofe tanto desde el punto de vista humano como el de infraestructura, debiera tener consecuencias concretas en los responsables. “El huracán tuvo un aviso de varios días. Después, cuando empezaron a ver el costo humano de la tragedia, la ocultaron. Hicieron un complot de silencio. Y la actitud frente a Estados Unidos fue como de aquí estamos bien. O sea, ocultar tres mil muertos… Que el gobernador todavía siga sosteniendo al equipo que orquestó ese proceso de mal manejo y ocultamiento no tiene nombre. Eso se llama impericia”, remató.

Varios de los pasos a seguir después del drama que se vivió a partir de aquel 20 de septiembre de 2017 en el que el país colapsó, deben llevarse a cabo con premura, según la socióloga.

Además de crear o fortalecer las bases de datos del gobierno, Rivera cree que es impostergable identificar por cada municipio mediante mapas las zonas vulnerables, así como instalar en los hospitales energía alternativa.

Además, advirtió que la sensación de indefensión general se debe, en parte, a la falta de credibilidad. “ El Estado no puede ser eximido de su responsabilidad vicaria con las cosas que le corresponden. Y en este caso no cumplió. Y quien no cumple tiene que salir de la gestión gubernamental”.

Sin preparación

El 20 de septiembre de 2017, César Hernández, médico, les daba respiración artificial de forma manual a sus pacientes en el Hospital Regional de Bayamón.

Afuera del hospital, Puerto Rico era una postal apocalíptica. Adentro, el agua había inundado el primer nivel e hizo que el generador eléctrico dejara de funcionar. Hoy Hernández reside en Nueva Orleans y forma parte de aquellos que migraron del país luego de María. La población de Puerto Rico se redujo en un 8%, de 3,027,000 habitantes durante el mes de septiembre de 2017 a 3,048,000 en febrero de 2018.

Cuando Hernández supo que el gobernador Ricardo Rosselló les compartió una cuota de responsabilidad a los médicos, se mostró claramente indignado. “Eso es una excusa barata”, dijo.

Hernández admitió que su hospital pudo haberse preparado mejor. En el pasado recuerda capacitación y simulacros para enfrentar ataques terroristas, pero no para enfrentar un huracán, estando Puerto Rico ubicado en la zona roja de huracanes.

“Ojalá el gobierno hubiera imitado a esas enfermeras que hacían guardia día y noche, día y noche en el hospital. O a aquella empleada de cocina que, en vez de estar con su familia, alimentaba uno por uno a cada paciente”, dijo, en clara molestia en torno a las expresiones del gobernador.

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI), quien ha hecho una labor portentosa que incluso llegó a los tribunales en demanda de información al gobierno, descubrió a principios de julio que ni el gobierno ni el Departamento de Salud de Puerto Rico siguieron las guías para el Control y la Prevención de Enfermedades de Atlanta (CDC en inglés) para llenar los certificados de defunción tras el huracán.

Este sugiere anejar un formulario especial para vincular el fallecimiento a un desastre natural. La agencia federal, informó el CPI, esperó 36 días luego del huracán para enviar la documentación que incluye el formulario especial al Departamento de Salud y al Registro Demográfico. Errores como estos son algunos de los que Hernández reclama que no se repitan.

Marcia Rivera cree que es de suma importancia conocer la verdad para estar mejor preparados de cara al futuro y el estudio de la universidad George Washington es sólo un pequeño paso. “Se requiere una investigación de cómo se firmaron las actas de defunción. Esto hay que abrirlo a una investigación”, indicó. Las interrogantes se multiplican: "¿qué ocurrió con las personas que migraron y murieron en los Estados Unidos cuya salud estaba comprometida en Puerto Rico?", cuestionó Rivera.

Aunque el gobierno validó las 2,975 muertes, sólo ha ofrecido el nombre y apellido de 57 personas. No contar con el nombre y apellido de cada muerte imposibilita a los familiares de las víctimas a recibir ayuda para los gastos funerarios que otorga la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

¿Aprendió algo el país?, se le cuestionó a César Hernández. “La gente sí, el gobierno no. Como gobierno puedes asumir la culpa, pero ajá. ¿Y? Las acciones hacen a un verdadero líder, no sus palabras. Tenemos gente al mando que está pensando en sus intereses y no en los del pueblo”, culminó