Abogados de EEUU viajan a Tijuana para asesorar a los migrantes de la 'caravana'
Los abogados temen que el gobierno de Donald Trump coarte el derecho al asilo en la frontera, un paso que llevaría al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a ejecutar deportaciones aceleradas de cientos de inmigrantes centroamericanos.
Por:
Jorge Cancino.
En los últimos cinco años, unos 200,000 casos de deportación han sido cancelados por las cortes de inmigración, de acuerdo con datos del Departamento de Justicia. El cierre administrativo, una herramienta que tienen los jueces para decidir cuáles casos están listos, se encuentra ahora en la mira del fiscal general.
Video El plan de Sessions para revertir fallos de jueces que han frenado miles de casos de deportación
Las más recientes órdenes dictadas por el fiscal general, Jeff Sessions, de enviar fiscales y jueces a la frontera para contener a los miembros de la ‘Caravana de Migrantes’, activó una respuesta de similares proporciones. Abogados de Estados Unidos viajan a Tijuana, México, para asistir legalmente al grupo.
El presidente Donald Trump amenazó el lunes con no permitir que “grandes caravanas de personas entren a nuestro país”. El mensaje colgado en la red social Twitter activó a abogados y grupos de derechos humanos, quienes temen que Estados Unidos elimine el derecho al asilo.
Despite the Democrat inspired laws on Sanctuary Cities and the Border being so bad and one sided, I have instructed the Secretary of Homeland Security not to let these large Caravans of people into our Country. It is a disgrace. We are the only Country in the World so naive! WALL
“Esa es nuestra mayor preocupación, que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) o el fiscal general Jeff Sessions no permita que las personas pidan asilo en la frontera”, dice Víctor Nieblas, es presidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).
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Nieblas indica que “Estados Unidos tiene obligaciones internacionales para proteger a los solicitantes de asilo” y que bajo las leyes actuales, “un solicitante de asilo en la frontera será detenido hasta que se dé una entrevista de miedo creíble”.
El lunes, Sessions ordenó el envío a la frontera de fiscales y jueces de inmigración para “que resuelvan los casos que puedan surgir” de los miembros de la ‘Caravana’, una marcha integrada por poco más de 1,000 inmigrantes centroamericanos que huyeron de sus países para proteger sus vidas.
La caminata, un Viacrucis anual que organiza el grupo Pueblo Sin Fronteras, tiene como objetivo sensibilizar la crisis de violencia y corrupción que en los países del llamado Triángulo del Norte.
La caravana finalizó en la capital de México hace dos semanas, pero unos 200 miembros decidieron seguir viaje al norte para pedir asilo en Estados Unidos. La mayoría de ellos son niños y mujeres.
“Nuestra preocupación es que el DHS niegue las entrevistas de temor creíbles para eliminarlas (deportarlas) rápidamente. Sessions ha sido un gran crítico del proceso de entrevista de miedo creíble. Esta puede ser su oportunidad para cambiarlo y hacer que sea más difícil para los peticionarios de asilo buscar protección en Estados Unidos”, precisó Nieblas.
Agregó que en vista de las advertencias y las últimas decisiones tomadas por el gobierno, “habrá muchos grupos y abogados que viajarán a Tijuana, México, para ayudar y asistir a la gente de la caravana”.
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Nieblas también dijo que todo este movimiento “creará un choque entre el DHS, las políticas de Sessions, los abogados y los inmigrantes que buscan asilo”.
Las preocupaciones de AILA van mas allá de las decisiones de Sessions. La asociación dijo denunció que el Departamento de Justicia “ignora un conjunto de recomendaciones para fortalecer la eficiencia y eficacia del sistema judicial de inmigración” elaborado a partir de la revisión de un “informe parcialmente redactado y encargado por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR)”.
El exhaustivo estudio, agrega, “investigó una variedad de cuestiones relacionadas con los tribunales de inmigración, incluidas las revisiones de desempeño judicial, los programas de orientación legal (LOP) y los mecanismos de procedimiento, como el cierre administrativo, que pueden utilizarse para agilizar el número de casos”.
Estos problemas, dice apunta AILA, impactan significativamente en cómo se administra la justicia y la eficiencia de los tribunales. Y denuncia que, en vez de garantizar procedimientos eficientes y el debido proceso migratorio, el gobierno de Trump “ha hecho todo lo contrario”.
"La administración Trump parece haber ignorado o rebatido todas las recomendaciones en este informe de 2017, en detrimento del debido proceso y de los derechos iguales ante la ley", dijo Benjamin Johnson, Director Ejecutivo de AILA. "Este informe llama a enfatizar el proceso sobre el resultado y priorizar la integridad judicial. Sin embargo, en marcado contraste, el enfoque de la administración ha estado dirigido a despojar a los jueces de inmigración de la independencia, socavando el acceso a los abogados y restringiendo las herramientas que facilitan el debido proceso”.
Entre sus recomendaciones hechas al gobierno, se incluyen:
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Un modelo de revisión del desempeño judicial que enfatiza el proceso justo y la independencia judicial, no las cuotas y los plazos.
Mejor acceso a los abogados como una solución a las demoras e ineficiencias en el procesamiento judicial.
Ampliación de sus derechos y programas de representación legal como el Legal.
Elaborar un programa de orientación.
Ampliar los grupos de contratación y los programas de extensión para aumentar la diversidad de experiencia entre los jueces.
Limitar el uso de video teleconferencias a asuntos de procedimiento.
Uso de "cierre administrativo" como un proceso útil que podría usarse para cerrar casos pendientes de adjudicación en otras agencias o cortes.
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Brian Alexander, hondureño de 7 años, espera un autobús junto a su padre luego de ser procesados por la Patrulla Fronteriza. Según la agencia federal, entre octubre y noviembre de 2015 (los dos primeros meses del año fiscal 2016) cerca de 5,000 menores de edad no acompañados y un número similar de unidades familiares (padres o adultos que acompañan a un niño) fueron detenidos. Esto es casi el doble de los arrestos registrados en el 2014.
