Así es la nueva ofensiva del gobierno de Trump para hacer frente a solicitudes de asilo en la frontera

El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, ordenó el lunes el envío a la frontera de fiscales y jueces de inmigración para “que resuelvan los casos que puedan surgir” de los miembros de la ‘Caravana de Migrantes’, una marcha integrada por más de 1,000 personas provenientes de Centroamérica que cruzaron parte de México y de ellos cerca de 200 continuaron viaje hacia el norte para pedir asilo en Estados Unidos.

El movimiento, calificado por el presidente Donald Trump como una amenaza a la seguridad de Estados Unidos y una invasión de indocumentados, se trata de un Viacrucis anual que organiza el grupo Pueblo Sin Fronteras con el fin de sensibilizar la crisis de violencia y corrupción en los países del llamado Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras).

Si bien los ataques del mandatario debilitaron la marcha, decenas de migrantes que hicieron el recorrido entre Tapachula, fronterizo con Guatemala, y la Ciudad de México, donde finalizó el recorrido, han decidido seguir camino al norte, a la frontera, donde tienen pensado entregarse a las autoridades federales estadounidenses en los pasos fronterizos para pedir asilo.

El lunes Trump, nuevamente a través de su cuenta en la red social Twitter, escribió que había “instruido al secretario de Seguridad Nacional que no permita que estas grandes Caravanas de personas entren a nuestro país”.

Fue el fiscal Sessions quien de inmediato respondió a las preocupaciones de Trump indicando que, de acuerdo con versiones de prensa, algunas personas de la caravana “han comenzado a llegar a nuestra frontera sur con la intención de solicitar asilo”.

Sessions agregó que Estados Unidos “tiene el sistema de inmigración más generoso del mundo, pero este (la Caravana) es un intento deliberado de socavar nuestras leyes y desbordar nuestro sistema. No hay derecho a exigir la entrada sin justificación. Los contrabandistas y traficantes y aquellos que mienten o cometen fraude serán procesados con todo el rigor de la ley”, aseguró.

Qué pueden esperar

A pesar de la ira de Trump contra la Caravana para justificar su política migratoria, “los migrantes que llegan a la frontera tienen el derecho de solicitar el asilo”, advierte Bárbara Hines, profesora retirada de la Clínica Legal de la Facultad de Leyes de la Universidad de Texas en Austin. Pero con más limitaciones que durante los tiempos de Barack Obama.

Hines reitera que “ningún inmigrante que se entrega y pide asilo en la frontera tiene derecho a un abogado proporcionado por el gobierno. Pero en un caso de asilo, tiene el derecho de ser representado por un abogado si tiene fondos para contratar uno o si existe una Organización No Gubernamental (ONG) con capacidad de representarle”.

Lamentablemente, agrega “la mayoría de los peticionarios de asilo no tienen abogados, los inmigrantes suelen ser arrestados y detenidos”.

El pasado 14 de abril la Casa Blanca publicó en el Registro Federal (diario oficial estadounidense) el memorando que piso fin a la política del “catch and release” (capturar y liberar), una práctica que dejaba libres a indocumentados que eran detenidos mientras se resuelven sus casos en suelo estadounidense.

La medida le agregó una nueva herramienta a la implementación de su política migratoria cuyo objetivo es cumplir la promesa de campaña de deportar a la mayoría de los indocumentados en el menos tiempo posible.

Más difícil que antes

La principal diferencia entre lo actuado durante el gobierno de Obama y ahora con Trump, “es que Sessions ha obstaculizado la posibilidad de ser liberado después de comprobar el miedo creíble, es decir, el primer paso en la solicitud de asilo”, explica Hines.

“Toda esta maniobra es parte del programa de atacar a los inmigrantes, frenar la migración sin respetar la ley de asilo, tanto domestica como internacional. Y sin tomar en cuenta los motivos que provocan la migración centroamericana, principalmente la violencia que se vive en sus países de origen”.

La violación sexual es uno de los graves problemas en los países de origen de los inmigrantes que huyen, en el tránsito hacia el norte “y también en Estados Unidos”, dice Clara Long, investigadora principal para Estados Unidos de Human Right Watch (HRW).

“La violación sexual viene siendo un abuso demasiado común cuando se habla de migrantes en México, pero desafortunadamente también aquí en nuestro país”, reitera. “Dicho esto, la idea de la Caravana de Inmigrantes (que cruza la mitad de México hasta la capital) fue salvaguardar la integridad física de todos los participantes. Y el comentario del presidente sobre las violaciones hecho durante la marcha, más bien pareció dirigido a pintar una imagen de miedo y caos”.

El debido proceso

Otra diferencia notable con la forma en que se manejaron los casos de asilo en la frontera hasta ahora, es el tiempo en que serán atendidos y la presión que ejerce la Casa Blanca.

“El principal problema es que los inmigrantes van a tener poco tiempo y poco acceso a buscar representación legal”, dice Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego.

“No sabemos dónde van a poder hacer las entrevistas, los juicios. En la frontera no hay tribunales, no hay instalaciones para la administración de la justicia, para escuchar y evaluar los casos”, agregó.

“Además, con la prisa, no sabemos que los inmigrantes van a tener el tiempo necesario, prudente para que puedan hallar y contratar a un abogado que los defienda. Los casos de asilo con muy complicados. Y con lo que quiere hacer el gobierno puede que se esté negando justicia a estas personas, afectando el debido proceso migratorio. Menos tiempo más casos negados. Estamos ante un gran dilema y ante un gran problema”, apuntó.

La entrevista de asilo con el agente de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), el primer paso en el proceso, “es clave y, quizás, el momento determinante sobre el futuro inmediato en Estados Unidos”, explica el libro Inmigración, las nievas reglas, una guía de Univision para vivir legalmente en Estados Unidos. “Un error, una mala respuesta, un dato equivocado o un silencio no adecuado podría representar la diferencia entre la tranquilidad o la pesadilla de volver al lugar de donde la persona huye y se siente amenazada”.

Las estadísticas de Sessions

En octubre de 2013, cuando Sessions anunció los esfuerzos para cambiar y acelerar el proceso de asilo, presentó una serie de estadísticas para justificar el punto de vista del gobierno de Trump:

• En 2009 el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) llevó a cabo más de 5,000 revisiones creíbles del miedo, mientras que en 2016 el número aumentó 94,000.
• El número de extranjeros puestos en proceso de deportación aumentó de 4,000 en 2009 a más de 73,000 en 2016 (tampoco aquí señala la crisis de la frontera iniciada en 2014).
• Entre 2009 y 2016 las audiencias de miedo creíble pasaron de un promedio anual de 3,000 a más de 69,000 (la mayoría de ellos niños solos en busca de asilo en Estados Unidos).
• En 2016 hubo un 700% más de órdenes de expulsión emitidas en ausencia para casos que comenzaron con un reclamo de miedo creíble que en el año 2009. De hecho, las órdenes de expulsión emitidas en ausencia, en todos los casos de inmigración, se han duplicado desde 2012, con casi 40,000 por año en el año fiscal 2017.

Sessions no explicó por qué aumentó el porcentaje de órdenes de deportación en ausencia, y tampoco que un elevado porcentaje corresponden a niños o menores indocumentados acompañados por un adulto y que huyeron de Centroamérica porque sus vidas estaban en peligro.

Razones olvidadas

Cinco meses antes de los argumentos de Sessions, en mayo, Univision Noticioas reportó en exclusiva que el 87% de las órdenes de deportación de niños solos indocumentados y unidades familiares detenidos en la frontera entre el 18 de julio de 2014 y finales de enero de 2017, recibieron órdenes de deportación en ausencia, según reveló un informe de la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR).

El informe precisó además que, durante ese tiempo, las autoridades de inmigración detuvieron y procesaron 185,768 indocumentados (92,190 niños y 93,578 unidades familiares). Y que 140,594 casos, equivalente al 75.69%, ya habían tenido una audiencia preliminar dentro del debido proceso migratorio.

Lo que tampoco explica Sessions es el porqué del elevado número de órdenes de deportación emitidas en ausencia por las cortes de inmigración.

En marzo de 2015, ocho meses después del estallido de la crisis en la frontera, Univision Noticias reportó que el Servicio Luterano de Refugiados e Inmigración (LIRS), la Comisión de Mujeres Refugiadas (WRC) y Kids in Need of Defense (KIND), habían presentado una declaración en una audiencia del subcomité de inmigración del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, para expresar su preocupación por el trato que reciben los menores no acompañados, y afirmar que hay formas sencillas de mejorar la eficiencia del sistema de inmigración sin limitar la protección y el debido proceso.

Los abogados consultados por Univision Noticias temen que la política de asilo de Trump agrave el proceso de asilo y le cierre las puertas a miles de inmigrantes centroamericanos que siguen huyendo de sus países por las mismas causas que originaron la crisis de 2014.