Así son las exorbitantes multas que deben pagar indocumentados que violaron órdenes de deportación

Un error de procedimiento detectado en julio frenó la estrategia de castigar el bolsillo de los indocumentados con orden de deportación. Ahora el gobierno de Trump advierte que reanuda un programa que permite multar con $799 diarios a cada indocumentado que haya violado la orden.

Jorge Cancino
Por:
Jorge Cancino.
Edith Espinal está refugiada en una iglesia de Columbus, en Ohio, y es una de los muchos inmigrantes indocumentados en todo el país que recibieron esta semana multas por no salir del país cuando se emitió su orden de deportación.
Video Esta madre latina recibió una multa de ICE de casi $500,000 por no cumplir su orden de deportación

El gobierno de Donald Trump confirmó este lunes que reanudó las multas a inmigrantes indocumentados con orden de deportación o que firmaron órdenes de salida voluntaria, no la cumplieron y se quedaron ilegalmente en Estados Unidos. Las sanciones económicas son de $799 diarios.

“El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) continúa emitiendo multas civiles a los extranjeros a quienes se les ordenó la deportación, o se les otorgó la salida voluntaria y no salen de los Estados Unidos”, confirmó este lunes a Univision Noticias la agencia por medio de un comunicado enviado por correo electrónico.

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ICE dijo que la multa civil máxima actual “es de $799 por cada día que el extranjero no haya salido voluntariamente, pero esa cantidad puede incrementarse en función de la inflación”. Es decir, si un inmigrante lleva un año viviendo en el país después de la fecha de salida, la multa asciende a los $291,635.

El envío de multas fue suspendido por un error de procedimiento. La agencia debió haber enviado primero un Aviso de Intención de Multa (NIF), y otorgar un plazo de 30 días antes de ejecutar el castigo monetario.

Guerra declarada

De acuerdo con la respuesta enviada por ICE, el gobierno “está utilizando todas las herramientas disponibles para instar al cumplimiento de las órdenes judiciales” emitidas por los jueces de inmigración.

“Las leyes de inmigración de nuestro país no son simplemente sugerencias y las personas no deben sorprenderse cuando hay consecuencias por no cumplirlas”, advierte la agencia.

ICE dijo que la multa civil máxima actual “es de $799 por cada día que el extranjero no haya salido voluntariamente, pero esa cantidad puede incrementarse en función de la inflación”.
Video Administración Trump comenzó a multar a indocumentados que han ignorado sus órdenes de deportación


Si los extranjeros deportables no cumplen con una orden de deportación o continúan evadiendo el arresto, “ICE apuntará a sus billeteras para instarlos a que cumplan”, apuntó.

“Los avisos es otra de las tácticas que utiliza el gobierno para llevar a cabo su política de ‘tolerancia cero’”, dijo Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona y colabora frecuentemente con la redacción de Univisión Noticias.

“El presidente (Trump) está usando todas las reglas y reglamentos que ya existían hasta el extremo de su escritura para justificar su política y cumplir una de sus promesas de campaña”, agregó.

Más de 230 avisos

ICE señaló que, desde 2018, “ha emitido aproximadamente 230 NIF a igual número de indocumentados con orden de deportación de Estados Unidos".

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La agencia añadió que, si bien ha tenido autoridad para emitir multas, el uso de esta herramienta “es relativamente nuevo”, y aseguró que “continuará determinando a quién multar caso por caso”.

En el año fiscal 2019 las cortes de inmigración emitieron 440,223 órdenes de deportación, según datos publicados por el Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad Syracuse, de Nueva York. La cifra no especifica cuantas de estas órdenes fueron en ausencia.

Durante el año fiscal 2018 los tribunales emitieron 342,631 órdenes de expulsión. No se sabe cuántas de estas expulsiones se cumplieron ni cuántos inmigrantes se quedaron en Estados Unidos tras concluir las fechas máximas de permanencia autorizada.

La base de datos de la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) reporta que en 2019 las cortes de inmigración emitieron 15,780 órdenes de deportación en ausencia de inmigrantes que se encontraban en proceso de asilo: En 2018 el número de órdenes de expulsión en ausencia fue de 12,192.

El error administrativo

A mediados de año ICE había enviado varias multas a inmigrantes con ordenes de deportación vigentes que se encontraban viviendo en iglesias para evitar ser arrestadas y expulsadas del país. Todos tenían órdenes de deportación incumplidas.

La agencia reconoció que rescindió las multas a ocho extranjeros que habían buscado refugio en iglesias por no cumplir con las órdenes de expulsión emitidas por jueces. Pero reconoció que la suspensión del procedimiento obedeció a un error administrativo.

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Las notificaciones fueron anuladas “después de saber que esos extranjeros podrían no haber recibido previamente un aviso (NIF) sobre la posibilidad de una multa”, indicó ICE.

“El inmigrante primero debe ser notificado por medio de la NIF que será multado, y debe tener un período de 30 días para responder antes de que la multa se haga efectiva”, explicó Hernández.

Arreglando el problema

ICE dijo que cuando se percató del error, “en ese momento también señaló que puede optar por emitir las multas en una fecha posterior”.

Indicó que “la semana pasada envió notificaciones a siete de las ocho personas mencionadas antes de que puedan ser multados por no salir de Estados Unidos en violación de sus órdenes finales de expulsión”, a quienes se les pidió “que se presenten en las oficinas locales de ICE”.

“Si no aparecen, se podrán iniciar procedimientos de multas”, advirtió.

El octavo inmigrante multado a mediados de año no recibió esta vez una NIF “porque se fue de Estados Unidos la semana pasada”, aseguró la agencia.

La oficina a cargo de las deportaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) precisó que las NIF fueron enviadas por las oficinas de campo localizadas en Detroit (2), Atlanta (1), Washington D.C. (2), San Antonio (1) y Salt Lake City (1).

Uno de los 8 inmigrantes que anteriormente recibieron una de estas multas fue la hondureña Rosa Ortez Cruz, de 38 años y madre de cuatro hijos, quien vive refugiada en una iglesia en Carolina del Norte.

La multa aquella vez era de $314,007, según dijo aquella vez Jeremy McKinney, su abogado, a Univision Noticias.

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ICE dijo que se compromete “a utilizar varios métodos de aplicación, incluido el arresto, detención, monitoreo tecnológico y sanciones financieras para hacer cumplir la ley de inmigración y mantener la integridad de las órdenes legales emitidas por jueces”.

El Plan B

Mientras el gobierno comienza a emitir una nueva ronda de NIF, Hernández dijo que “los inmigrantes indocumentados saben si tienen o no una orden de deportación vigente o una salida voluntaria que no cumplieron”.

Recomendó que “debe estar preparados, tener listo un plan B para el caso que los ubiquen y sean arrestados, porque procederán a deportarlos cuanto antes debido a que ya tienen una orden final de deportación”.

“Tengan siempre en cuenta que, si les llega el aviso de multa, el gobierno sabe exactamente dónde viven. Y en vez de preocuparse por la multa, preocúpense de que serán arrestados y sacados del país. Por eso hay que estar preparados”, indicó.

El plan B consiste en:


  • Hable con su abogado para que revise el expediente y determine si califica para alguna opción de reapertura de su caso.
  • Si no tiene abogado, busque uno en esta herramienta preparada por Univision Noticias.
  • Seleccione a una persona de confianza, familiar o amigo, a quien usted llamará en caso de ser arrestado.

Cuando seleccione a la persona a la que llamará por teléfono en caso de que sea arrestado durante una redada, las organizaciones de ayuda a inmigrantes recomiendan:

  • Déjale una carta-poder para que tome decisiones en su ausencia sobre sus hijos y bienes.
  • Si tiene hijos en edad escolar, comuníquese con la escuela y registre el nombre de esa persona para que pueda retirarlos del establecimiento.
  • Trate de que la persona que le ayude no se encuentre indocumentado. Y si no tiene documentos de estadía legal, que no tenga contactos con servicio de inmigración.
<b>María, una guatemalteca de 27 años,</b> fue regresada a México con sus tres hijos. Quiere ir a Estados Unidos para que sus niños tengan un mejor futuro y porque asegura que necesita protección porque era golpeada por su esposo. Ella asegura que tiene miedo de estar en México porque fue secuestrada y aunque escapó, amenazaron a su madre con que hallarían a la hija y la matarían. No ha logrado conseguir abogado que le apoye con su petición de asilo solo por estar en México. Si perdiera su caso no volvería a Guatemala, sino que se movería a Chiapas porque lo considera más seguro.
La abogada de inmigración en San Diego Maricela Amezola dice que 
<b>actualmente no tiene ningún caso de MPP,</b> aunque asegura que podría tomar algunos sin costo alguno si los argumentos para pedir el asilo fueran contundentes. Explica que tiene pocos abogados en su despacho y que por eso no puede enviarlos un día entero a Tijuana a ayudar a los migrantes bajo los Protocolos de Protección de Migrantes (MPP). Cree que las posibilidades de que un caso de asilo prospere sin abogado son muy remotas, sobre todo por la complejidad de los cambios en la legislación de parte del gobierno de Donald Trump.
Una vista del pasillo en forma de caracol en El Chaparral, el punto fronterizo por el que decenas de migrantes centroamericanos retornados a México 
<b>deben pasar cada vez que tienen su cita con un juez de inmigración en Estados Unidos.</b> Una vez ante los oficiales de Estados Unidos, son recibidos y traslados en buses a las salas de corte.
La carta en la que una organización le notifica a una inmigrante retornada a México que no podrán representarla ante el juez de inmigración: 
<b>"Nuestro equipo legal determinó que NO TIENE la capacidad para aceptar su caso en este momento",</b> se lee en el correo. La negativa se explica porque esta organización, Jewish Family Services, solo tiene un abogado y dos representantes autenticados por el Departamento de Justicia. Entre ellos tres evalúan cuáles y cuántos casos pueden asumir considerando, por ejeplo, que la vida de las personas corra peligro por ser víctimas de la violencia o por razones médicas. Esta es la única organización en la frontera de California que está tomando casos de migrantes devueltos a México bajo los MPP.
El pastor Gustavo Banda Aceves dirige el albergue Embajadores de Jesús en Tijuana, donde casi 90% de los migrantes que allí duermen fueron devueltos a México para los MPP. Explica que la desesperación de los centramericanos por ver una solución en sus casos es tal que hace que muchos de ellos desistan y se devuelvan a sus países. Por eso y las dificultades para conseguir abogados, asegura, 
<b>"la gente no quiere intentarlo más".</b>
Brenda Esmeralda Ruiz, una salvadoreña, ha estado a punto de desistir varias veces, pero el pastor Banda le ha dicho que no se rinda, que siga buscando un abogado que la represente y pelee su caso en Estados Unidos. Ella huyó de su país porque su esposo la golpeaba frecuentemente y la acosaba, hasta que un día se cansó. Salir de El Salvador fue la mejor solución que encontró para poner fin a ese círculo de violencia. Cuando tomó la decisión le pidió a un amigo que la acompañara y se fueron hasta Tapachula. De ahí se montó en la bestia hasta Mexicali y de allí siguió hasta Tijuana. Hasta ahora solo ha tenido una corte. En ella el juez le pidió considerar volver con un abogado.
Diana Vidal, otra salvadoreña de 32 años, también está en Tijuana. Huyó porque tanto las pandillas como la policía acosaron a sus hijos y los obligaban a cumplir órdenes. Cuando ella puso la denuncia en la Fiscalía, la policía comenzó a golpear a los adolescentes e incluso la amenazaron de muerte. Y una noche llegaron miembros de la pandilla Máquina, una de las menos numerosas y quienes controlaban la zona en la que ellos vivían, y les dieron 30 minutos para tomar unas pocas cosas y marcharse de la casa. Así hicieron. Ahora tienen algunos meses en Tijuana. Dice frustrada que ha hablado con cinco abogados y que ninguno ha aceptado su caso. 
<b>"El juez me dijo que tenía 87% de probabilidades de entrar (a Estados Unidos) con un abogado",</b> dice. "El problema es que ninguno quiere venir aquí porque dicen que están saturados".
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"Los inmigrantes vienen con la ilusión de que si no tienen dinero les asignarán un abogado, pero se decepcionan porque eso no ocurre", dice el pastor Alberto Rivera, que dirige el albergue Ágape, también en Tijuana. Cuenta que ve cómo los migrantes llegan con una hoja que les dan en Estados Unidos con una lista de posibles abogados probono y organizaciones sin fines de lucro: "Pero 
<b>ellos llaman y llaman y cuando les contestan les dicen que están saturados". </b>Hasta albergues como Ágape llegan personas que les dan asesoría legal, pero que en muchos casos no son abogados, explica: "Les dicen cómo llenar los documentos, pero 
<b>en algunos casos ha habido dificultades porque han llenado formularios de forma errónea".</b>
Un padre guatemalteco muestra los mensajes de texto con el que grupos criminales amenazaron a su familia e intentaron secuestrar a la hija adolescente desde su propio colegio. Ellos aseguran que su familia en Estados Unidos puede ayudarles a pagar un abogado que los represente, pero hasta ahora no han podido conseguir a ninguno que tome su caso.
Ahora esta familia espera en México el día de su corte. Entre sus miembros hay un bebé de apenas meses que la madre lleva entre brazos. Ella cuenta que mientras estuvieron en custodia de la Patrulla Fronteriza su hijo se enfermó por el frío; la llevaron a una clínica donde una doctora atendió al menor, pero cuando tocó pagar la cuenta, el funcionario que la trasladó se quejó por la cantidad alejando que ella no era estadounidense.
Daniela Díaz, una salvadoreña también esperando en Tijuana. Asegura que ha llamado a todos los números que le han dado en la lista de abogados y que hasta ahora ninguno si quiera le ha devuelto la llamada pese a que ha dejado mensajes de voz. "Esto me pasa cada vez que llamo", dice mientras escucha una de las grabadoras de una de las organizaciones con las que intentaba comunicarse.
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María, una guatemalteca de 27 años, fue regresada a México con sus tres hijos. Quiere ir a Estados Unidos para que sus niños tengan un mejor futuro y porque asegura que necesita protección porque era golpeada por su esposo. Ella asegura que tiene miedo de estar en México porque fue secuestrada y aunque escapó, amenazaron a su madre con que hallarían a la hija y la matarían. No ha logrado conseguir abogado que le apoye con su petición de asilo solo por estar en México. Si perdiera su caso no volvería a Guatemala, sino que se movería a Chiapas porque lo considera más seguro.
Imagen Almudena Toral/Univision
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