Comité Judicial del Senado debatirá planes que incluyen ciudadanía para dreamers, titulares de TPS y campesinos
En una audiencia que tanto demócratas como republicanos tildan de “clave”, senadores discutirán los proyectos de reforma migratoria aprobados por la Cámara de Representantes en marzo. Sin embargo, las bancadas no pueden asegurar si las iniciativas serán enviadas al pleno porque nadie ni nada garantiza que tienen los 60 votos necesarios para ser aprobadas.
Por:
Jorge Cancino.
Dick Durbin, legislador demócrata por Illinois, aseguró que el Congreso está listo para dar luz verde al camino a la ciudadanía para soñadores y beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS). Durbin dijo que ha conseguido el apoyo republicano necesario para aprobar el proyecto de ley y que solo le faltan cinco votos más, pero que confía en que los conseguirá. El próximo martes se llevará a cabo una audiencia que permitiría comprobar el apoyo. Expertos piden no bajar la guardia. Más noticias aquí.
Video El senador Durbin dice que solo le faltan cinco votos para aprobar el camino a la ciudadanía para los dreamers
En una audiencia que tanto demócratas como republicanos tildan de “clave”, el Comité Judicial del Senado debatirá este martes dos proyectos migratorios aprobados en marzo por la Cámara de Representantes, iniciativas que entre otros beneficios incluyen un camino a la ciudadanía para dreamers, titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS) y trabajadores agrícolas.
El Senador Dick Durbin (demócrata por Illinois), quien preside el Comité, ha dicho que los proyectos de ley enviados por la Cámara Baja están más cerca que nunca de ser aprobados, a unos cuatro o cinco votos republicanos, pero no hay certeza si los 50 senadores demócratas aprobarán ambas iniciativas cuando se discutan en el pleno.
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Para convertirlos en ley, se requiere un mínimo de 60 votos y los demócratas, que tienen control del Senado, solo disponen de 50. Durbin dice tener cinco o seis apoyos republicanos, pero hay al menos cuatro senadores demócratas cuyos votos no están garantizados, siendo ellos Joe Manchin (West Virginia), Jon Tester (Montana), y los senadores por Arizona Kyrsten Sinema y Mark Kelly.
Sinema, junto con el senador republicano John Cornyn (Texas), presentó en abril un proyecto para responder a la crisis en la frontera. Si bien la iniciativa no tiene votos suficientes para ser aprobada, se ha convertido en un factor de negociación clave para ambos partidos.
Los planes de la Cámara
El 18 de marzo, la Cámara de Representantes aprobó, con apoyo bipartidista, dos iniciativas de ley que regularizan la permanencia de entre 2 y 3 millones de dreamers, beneficiarios del TPS y trabajadores del campo, quienes recibirían una residencia provisional condicionada por 10 años al término de los cuales podrán solicitar la Residencia Legal Permanente (Green Card o tarjeta verde).
Cinco años después serán elegibles para convertirse en ciudadanos estadounidenses por naturalización.
Ambos proyectos forman parte de un plan de reforma migratoria integral propuesto por el presidente Joe Biden en enero, que incluye un camino a la ciudadanía para los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en el país.
Debido a que el proyecto se estancó en los debates preliminares, la Cámara de Representantes, con el respaldo de la Casa Blanca, cambió de estrategia optó por mover los planes sobre dreamers, TPS y campesinos, y dejar para más adelante la discusión sobre el futuro del resto de indocumentados.
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Qué dicen los demócratas
Fuentes demócratas familiarizadas con las discusiones, pero que no están autorizadas para hablar sobre el tema púbicamente, dijeron que las negociaciones en el Comité Judicial han mostrado algún avance. Sin embargo, advierten que el escenaro a corto y mediano plazo es “complejo”.
También mencionan que la Casa Blanca debe dividir la inversión de capital político en el plan de infraestructura del presidente, cuyas negociaciones se encuentran en un impasse, y la reforma migratoria.
La estrategia apunta que la prioridad se enfoca en el proyecto de infraestructura de 2.3 billones de Biden, y que una o las dos iniciativas migratorias aprobadas por la Cámara Baja se unifiquen y se incluyan como enmienda en el ambicioso plan del mandatario.
“Todo está en conversaciones”, dijo la fuente. E indicó que en la audiencia del martes el Comité Judicial tratará de esclarecer el escenario para ambos planes.
El sector conservador del Partido Republicano mantiene su postura. “No habrá votos mientras no se solucione la crisis en la frontera”, dijo una fuente que pidió mantener su nombre en el anonimato.
Agregó que en múltiples ocasiones “Durbin ha prometido una reforma migratoria bipartidista, pero a la misma vez él y su partido (demócrata) en la Cámara y el Senado están actuando de manera unilateral en este y otros temas”.
Tras una pausa, puntualizó: “Muy difícil una reforma migratoria sin afrontar la crisis humanitaria en la frontera sur”.
Por aparte, el sector moderado republicano cifra esperanzas en que al final del día “podamos trabajar juntos (ambos partidos) en un proyecto que beneficie a millones de indocumentados".
“En nuestra opinión, existe una ventana para que haya apoyo republicano para un plan migratorio que tenga que ver con dreamers, TPS y trabajadores agrícolas”, dice Wadi Gaytán, portavoz de La Iniciativa Libre, un grupo conservador que se define como una organización de base no partidista y sin fines de lucro que promueve los principios y valores de la libertad económica para empoderar a la comunidad hispana en Estados Unidos.
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“A la misma vez, vemos que parte de esa ventana tiene que incluir el plan de los senadores Sinema y Cornyn sobre la seguridad y emergencia en la frontera”, agrega, proyecto de ley que los demócratas por ahora no mencionan.
Gaitán dijo que el citado proyecto “crea una oportunidad para más jueces, hace un sistema de asilo mas eficaz y eficiente, y entonces opinamos que las conversaciones que están ocurriendo con los senadores Durbin y (Lindsey) Graham (republicano por Carolina del Sur) sean productivas”.
En 2013, Durbin y Graham integraron el denominado Grupo de los Ocho que redactó el plan de reforma migratoria S.744, que incluyó un camino a la legalización para la mayoría de los 11 millones de indocumentados que viven en el país. El proyecto, sin embargo, fue frenado por el liderazgo republicano de la Cámara de Representantes bajo el argumento de la seguridad nacional.
Qué dicen los dreamers
Los soñadores, jóvenes indocumentados que ingresaron antes de cumplir 16 años a Estados Unidos y se les conoce como dreamers, dicen que la audiencia de este martes les permitirá conocer quién apoya las iniciativas de ley enviadas por la Cámara de Representantes y quiénes no.
“Vamos a conocer de qué lado están los legisladores”, dice José Muñoz, vocero de United We Dream (UWD), una de las principales organizaciones de dreamers del país”.
“Hemos sabido que muchos de ellos (republicanos) han dicho muchas veces que ‘necesitamos pasar una ley para proteger a los DACA’, pero aunque dicen que nos quieren ayudar no han dado su aporte para convertir en ley una iniciativa”, agregó.
Muñoz dice, además, que “si no lo hacen esta vez, nuevamente van a colocar a miles en el banquillo de las deportaciones. Ellos tienen el poder para hacerlo. Y si no lo hacen, confiamos en que el liderazgo demócrata utilizará el proceso de reconciliación”.
Aniversario de DACA
La audiencia de este martes coindice con el 9º Aniversario de la Acción Ejecutiva de 2012 para los llegados en la infancia firmada por el entonces presidente Barack Obama, programa que difirió la deportación de unos 800,000 mil dreamers y les otorgó un permiso de trabajo temporal renovable.
“También recordamos en este Aniversario que el programa DACA pende de la decisión de una corte federal de Texas”, dice Juan Escalante, director de campañas digitales de FWD.us, un grupo de presión integrado por líderes de la comunidad tecnológica. “El programa todavía está en peligro”, indicó.
El programa fue demandado en 2018 por nueve estados (Alabama, Arkansas, Kansas, Louisiana, Mississippi, Nebraska, Carolina del Sur, Texas y West Virginia), quienes alegan que el beneficio usa recursos estatales para educación y salud, y viola la ley federal de inmigración.
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La decisión está en manos del juez Andrew Hanen, quien en febrero de 2015 prohibió la ampliación del programa y la entrada en vigor de DAPA, otro beneficio similar que dilataba la deportación de unos 5 millones de padres indocumentados de residentes legales permanentes y ciudadanos.
El proceso de reconciliación
Citado por los dreamers y también por los demócratas y que algunos llaman el Plan B de la reforma migratoria, se conoce como ‘proceso de reconciliación’, un recurso que se utiliza en casos extremos cuando no existe apoyo suficiente en el Senado para aprobar una ley con un mínimo de 60 votos.
Si las conversaciones fracasan y se agotan las instancias estipuladas en el marco del proceso ordinario, los demócratas entonces tomarían ambos planes migratorios y los regresarán a la Cámara Baja para ser incluidos dentro de una tercera iniciativa de ley, con ese mecanismo de “reconciliación”.
“Cuando un proyecto de ley o dos, como en este caso, no se aprueban porque no cuentan con el 60% de los votos del pleno, existe esta herramienta que, de ser aprobada por la Cámara Baja, cuando vuelve al Senado en esta instancia se puede aprobar con mayoría simple, es decir 51 votos”, dice Joe García, un ex congresista demócrata por Florida.
Para aprobarlo, la mayoría de la Cámara de Representantes debe ponerse de acuerdo, introducir un tercer proyecto, agregarse los que ya fueron aprobados y someter ese “paquete” de leyes a votación. Si se consiguen 217 de los 435 votos del pleno de la Cámara de Representantes, el plan es aprobado y enviado al Senado.
Al tratarse de un “paquete de reconciliación”, la Cámara Alta ya no necesitará de una mayoría de 60 votos, “sino solamente de una mayoría simple con 51 votos”, explicó García.
Esta herramienta fue aprobada por el Congreso en 1974 para facilitar la aprobación de ciertas leyes, sobre todo relacionadas con el gasto, la deuda pública y los impuestos.
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Nueva York. Cualquier persona residente en el estado, de 16 años o más, puede solicitar una licencia de conducir no comercial sin importar su estatus migratorio. Todos los solicitantes deben proporcionar 6 puntos de documentos que prueben la identidad, y también la fecha de nacimiento y la residencia. Además, una prueba de residencia. Si nunca se le ha concedido un número de la Seguridad Social, deberá firmar una declaración jurada en la que conste este extremo y llevarla consigo cuando presente la solicitud.
Puede encontrar más información sobre cómo solicitarlo en el
sitio web del DMV del Estado de Nueva York.
