Cómo Trump busca asfixiar a las ciudades santuario
Un recorte de fondos y la atención del fiscal general aplicando la ley son dos de las medidas contempladas en la nueva orden ejecutiva con la que el gobierno pretende resguardar al país de los inmigrantes indocumentados.
Por:
Patricia Clarembaux.
Son dos las órdenes ejecutivas relacionadas con inmigración, una de ellas retira los fondos a las ciudades santuario que no colaboren en la aplicación de la justicia.
Imagen Drew Angerer/Getty Images
El presidente Donald Trump firmó este miércoles una orden ejecutiva que debilita a las ciudades santuario al establecer un recorte de sus fondos federales si continúan refugiando a indocumentados, la elaboración de un reporte público semanal de los crímenes que cometen quienes se resguardan en esos espacios y la aplicación de la ley por parte del fiscal general.
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"No podemos cumplir fielmente las leyes de inmigración de Estados Unidos si exoneramos a clases o categorías de inmigrantes que pueden ser expulsados", se lee en el documento firmado este miércoles por el republicano.
La orden presidencial considera que las ciudades santuario "violan intencionalmente" la ley al proteger a inmigrantes de su deportación –y asegura que algunos son criminales. Como consecuencia determina que "no recibirán fondos federales" y que el fiscal general –que aún está por confirmar, pero que podría ser el senador Jeff Sessions, férreo opositor de la inmigración indocumentada– debe tomar medidas contra cualquier entidad que se niegue a la aplicación de la ley.
Minutos antes de la firma, el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, había asegurado en una rueda de prensa que el decreto funcionará como "una directriz" para que el Departamento de Seguridad Nacional "encuentre la manera" de quitarle los fondos a jurisdicciones que se nieguen a cooperar en temas como deportaciones e inmigración.
Además, el decreto establece la restauración del programa Comunidades Seguras, que fue eliminado por el presidente Barack Obama en 2014 por falta de transparencia y que funcionó –entre 2008 y 2014– como una poderosa base de datos manejada por el Departamento de Seguridad Nacional y que permitía a las policías locales establecer el estatus migratorio de cada persona al momento de su arresto. Más de 300,000 personas fueron deportadas bajo esta política, la mayoría con crímenes menores.
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"Las agencias federales harán cumplir la ley sin pedir disculpas", insistió Spicer.
La norma también establece nuevas prioridades de deportación: incluye a aquellos que han sido condenados por algún crimen; quienes han sido acusados por una falta penal, aún cuando su caso no haya sido resuelto; o que hayan cometido fraude ante alguna agencia federal, abusado de algún beneficio o tengan una orden de deportación.
Las ciudades santuario son espacios que se niegan a cooperar con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). En algunos casos las autoridades locales emiten tarjetas de identificación para sus habitantes en situación irregular, prohíben a sus policias locales preguntar por el estatus migratorio de la gente o no notifican a la agencia de inmigración cuando un indocumentado sale en libertad tras ser acusado por un delito menor. Algunas de ellas son Los Ángeles, Chicago, San Francisco, Seattle y Nueva York.
Sin embargo, estos espacios no son en ningún caso territorios donde ICE no pueda detener –de hecho detiene– a indocumentados.
Este miércoles, Trump acompañó esta orden ejecutiva con una más que autoriza la construcción de un muro fronterizo y que, asegura, pagará México; la contratación de 5,000 agentes fronterizos y nuevos centros de detención a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos.
Una batalla legal
Faye Hipsman, analista de políticas del Migration Policy Institute, explica que los anuncios sobre un posible recorte del dinero federal podría llevar a las ciudades santuarios a emprender acciones legales para defender estos espacios. "Tendrán que decidir si arriesgan los fondos para seguir las políticas que quiere implementar el gobierno", explica.
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Otra organización, la Immigrant Legal Resource Center, rechaza que la orden ponga responsabilidades federales en autoridades locales: "Hacer cumplir las leyes de inmigración es una responsabilidad federal, no local", escriben en un comunicado.
Angie Junck, fiscal supervisor de este centro, critica que se le niegue a los inmigrantes indocumentados "el mismo debido proceso y acceso a un día en corte (...) desacata la legitimidad, el gran valor sobre el que descansa nuestro sistema de justicia". Considera "injusto" y "antiestadounidense" que se niegue la libertad a alguien por su lugar de origen o la forma como llegaron al país: "Estamos preparados para luchar contra este abuso a las libertades civiles y a defender los derechos sustentados en nuestra Constitución".
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Houston, Texas. La comunidad inmigrante en la ciudad texana se activó en las protestas contra las políticas migratorias del nuevo gobierno. "Ahora más que nunca nuestros amigos y parientes que tienen DACA están en peligro, estoy aquí hoy para demostrar mi apoyo a las comunidades de inmigrantes", dijo Dora Alvarado, trabajadora de la limpieza.
Imagen Univision
Los problemas en la frontera entre Estados Unidos y México son más complejos que un muro de separación: el número de indocumentados llegando al país no cesa, un muro de casi 2,000 millas es inviable y la inversión en patrullas se triplicó en poco más de una década. Un recorrido in situ por la complejidad de la frontera.
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