Corte de California bloquea la implementación de las nuevas tarifas del servicio de inmigración
La ciudadanía por naturalización (N.400) iba a aumentar de $640 a $1,170 (un incremento del 81%), mientras que la suspensión de deportación (I-881) registraría un alza de $285 a $1,525 (535%). Y el formulario de asilo, que era gratis, costaría $50. Por ahora todo se queda tal y como está.
Por:
Jorge Cancino.
El gobierno de Donald Trump anunció la reanudación a nivel nacional de la regla de carga pública, la cual niega la residencia legal a los inmigrantes que usen servicios públicos, aunque lo hagan para enfrentar la crisis provocada por el coronavirus. La reactivación significa que antes de aprobar cualquier beneficio migratorio, el gobierno determinará primero si el solicitante podría ser una carga para el estado. Más información aquí.
Video Los alcances de la reactivación de la regla de carga pública para todos los trámites, incluida la residencia
Dos días antes de ser implementadas, una corte del norte de California bloqueó la implementación de las nuevas tarifas de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) que iban a entrar en vigor el viernes.
La orden de 35 páginas firmada por el juez Jeffrey White, bloqueó el incremento de tarifas, entre otras razones, porque el nombramiento del secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Chad Wolf, no fue designado correctamente en su posición.
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Otra razón indicada por White fue que el análisis hecho por la USCIS para justificar el incremento de tarifas “no era apropiado”.
“Las tarifas de inmigración de USCIS y los cambios en ciertos otros requisitos de solicitud de beneficios de inmigración, en su totalidad quedan a la espera de la adjudicación final de este asunto”, se lee en el fallo.
“La orden emitida por el juez federal del distrito norte de California bloqueó el alza que regiría a partir del viernes”, dijo a Univision Noticias José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, (Florida).
Los demandantes también demostraron que esta nueva regla causaría un daño irreparable si entraba en vigor, agregó. "Muchas personas no tienen dinero para financiar los costos actuales y menos si estos suben considerablemente".
Las nuevas tarifas anunciadas por primera vez en noviembre del año pasado por la Oficina de Ciudadanía y Servicios de inmigración (USCIS), señalaban que la ciudadanía por naturalización (N.400) aumentaría de $640 a $1,170 (un incremento del 81%), mientras que la suspensión de deportación (I-881) registraría un alza de $285 a $1,525 (535%).
El asilo, en cambio, que desde 1980 los inmigrantes que lo solicitan no pagaban cuota porque era financiado por el resto de los trámites por razones humanitarias, tendría por primera vez una cuota de $50.
Otros servicios experimentarían aumentos menos costosos o mantendrían sus precios. Entre ellos, la renovación de la tarjeta de residencia, la reinscripción en el Programa de Acción Diferida de 2012 (DACA) o el ajuste de estatus.
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Precios devastadores
Para las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, los nuevos precios de la USCIS tendrían consecuencias devastadoras en la comunidad.
Los nuevos precios afectarían los trámites de naturalización, tarjeta verde y otros servicios que ofrece la USCIS, dice la Red de Ayuda Legal CLINIC de la Iglesia Católica, una de las principales organizaciones nacionales de ayuda a inmigrantes en Estados Unidos.
“Los aumentos también incluían la eliminación de muchas exenciones de tarifas que actualmente ponen los beneficios de inmigración al alcance de los solicitantes de bajos ingresos”, añade.
"La administración Trump está intensificando sus ataques contra los inmigrantes con cambios que van en contra de los valores estadounidenses y dañarán a las poblaciones vulnerables de bajos ingresos", dice Anna Gallagher, directora ejecutiva de CLINIC.
El alza “tendrá consecuencias destructivas para hombres, mujeres y niños que buscan asilo y para los inmigrantes en el camino hacia la ciudadanía. Nos preocupa profundamente que la administración continúe limitando el acceso al sueño americano”, agrega.
Según la USCIS, en promedio las nuevas tarifas propuestas causarían un aumento general promedio del 20%.
En el caso de las aplicaciones para un permiso de trabajo (formulario I-765) habría un aumento de 34%, de $410 a $550. Pero los dreamers amparados bajo el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) seguirán pagando la misma tarifa.
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“Esta regla final ajusta ciertos beneficios de inmigración y naturalización que cobra la USCIS”, dijo la agencia al publicar el anuncio oficial en el Registro Federal.
“También elimina ciertas exenciones de tarifas, cambia los requisitos de exención de tarifas, altera la prima límite de tiempo de procesamiento y modifica el procesamiento de adopción internacional”, indicó.
Las tarifas de la USCIS:
El costo de una apelación
Si bien el aumento es de apenas 2.5%, abogados advierten que el nuevo precio del formulario será de 700, una tarifa imposible para la mayoría de los inmigrantes que batallan por sus permanencias en Estados Unidos y buscan revertir una decisión administrativa de la USCIS o un dictamen judicial de la Corte de Inmigración.
“En estos tiempos es poco probable que un inmigrante que está batallando por un beneficio migratorio disponible apele un fallo desfavorable emitido por la USCIS)”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami (Florida). “Y el debido proceso le da un plazo máximo de 30 días para que envíe el formulario y el pago”, indica.
El nuevo precio del formulario I-290B no es la única amenaza para los inmigrantes de bajos recursos. En febrero el gobierno publicó en el Registro Federal una propuesta de incremento a las tarifas de dos formularios clave de la Corte de Inmigración (EOIR) que se utilizan para a apelar decisiones de los jueces y empleados de los tribunales.
Abogados y activistas advierten que la iniciativa, de entrar en vigor, deja sin opciones a los inmigrantes para que luchen por sus derechos de permanencia.
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La Corte de Inmigración (EOIR) dice que la propuesta incluye nuevas tarifas para siete documentos, entre los que se incluye la apelación a la decisión de un juez (formulario EOIR/26) y la apelación a la decisión de un funcionario (formulario EOIR/29).
La propuesta indica que el EOIR/26 aumentará de $110 actuales a $975 (un incremento de 786%). A su vez, el formulario EOIR/29 aumentará de los $110 actuales a $705 (un incremento de 541 por ciento).
“Estos aumentos están detenidos. Pero se espera que entren en vigor en cualquier momento una vez pase esto de la pandemia”, dice Guerrero. “Si lo hacen, imagínese, dejarán sin opciones a los inmigrantes pobres”, precisó.
Además del incremento al costo de la naturalización, residencia, asilo y permisos de trabajo, entre otros, la lista incluye un alza de $25 al formulario I-290B que se utiliza para apelar un fallo.
Si bien el aumento es de apenas 2.5%, abogados advierten que el nuevo precio del formulario será de 700, una tarifa imposible para la mayoría de los inmigrantes que batallan por sus permanencias en Estados Unidos y buscan revertir una decisión administrativa de la USCIS o un dictamen judicial de la Corte de Inmigración.
“En estos tiempos es poco probable que un inmigrante que está batallando por un beneficio migratorio disponible apele un fallo desfavorable emitido por la USCIS)”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami (Florida). “Y el debido proceso le da un plazo máximo de 30 días para que envíe el formulario y el pago”, indica.
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El nuevo precio del formulario I-290B no es la única amenaza para los inmigrantes de bajos recursos. En febrero el gobierno publicó en el Registro Federal una propuesta de incremento a las tarifas de dos formularios clave de la Corte de Inmigración (EOIR) que se utilizan para a apelar decisiones de los jueces y empleados de los tribunales.
Abogados y activistas advierten que la iniciativa, de entrar en vigor, deja sin opciones a los inmigrantes para que luchen por sus derechos de permanencia.
La Corte de Inmigración (EOIR) dice que la propuesta incluye nuevas tarifas para siete documentos, entre los que se incluye la apelación a la decisión de un juez (formulario EOIR/26) y la apelación a la decisión de un funcionario (formulario EOIR/29).
La propuesta indica que el EOIR/26 aumentará de $110 actuales a $975 (un incremento de 786%). A su vez, el formulario EOIR/29 aumentará de los $110 actuales a $705 (un incremento de 541 por ciento).
“Estos aumentos están detenidos. Pero se espera que entren en vigor en cualquier momento una vez pase esto de la pandemia”, dice Guerrero. “Si lo hacen, imagínese, dejarán sin opciones a los inmigrantes pobres”, precisó.
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A continuación te presentamos los beneficios que podrá dificultar tu solicitud de residencia o ciudadanía, en caso de que lo hayas pedido. El Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés).
