El servicio de inmigración reactiva la regla de carga pública para todos los trámites, incluida la residencia

El gobierno de Donald Trump reactivó este martes a nivel nacional la regla de carga pública para todos sus trámites, incluida la residencia permanente (green card o tarjeta verde).

La reactivación de la regla significa que antes de aprobar cualquier beneficio migratorio, el gobierno determinará primero si el solicitante podría ser una carga para el estado.

El nuevo reglamento había entrado en vigor el 24 de febrero, pero a finales de julio un juez federal de Nueva York la detuvo bajo el argumento de que la política “disuade a los inmigrantes de buscar hacerse la prueba del covid-19, situación que podría amenazar los esfuerzos para frenar la propagación del coronavirus”.

El gobierno apeló el fallo y el pasado 11 de septiembre la Corte de Apelaciones del 2º Circuito “emitió una decisión que permite al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reanudar la implementación de la regla final de Inadmisibilidad por Carga Pública en todo el país, incluso en Nueva York, Connecticut y Vermont”, dijo este martes la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).

La agencia indicó además que “la decisión suspende la orden judicial del 29 de julio de 2020 emitida durante la pandemia de coronavirus que impidió al DHS hacer cumplir la regla final de carga pública durante la emergencia sanitaria nacional”.

“Por lo tanto, aplicaremos la regla final de carga pública y la orientación relacionada en el manual de políticas de USCIS a todas las solicitudes y peticiones con matasellos (o enviadas electrónicamente) a partir del 24 de febrero de 2020”, precisó.

Paso “desafortunado”

Abogados cuestionaron la decisión del gobierno de activar la regla de carga pública en momentos que la pandemia supera los 200,000 muertos eh Estados Unidos y los contagios no se detienen.

“Es desafortunado, especialmente en estos tiempos de covid-19”, dijo Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles (California). “Es un ejemplo de cómo esta Administración está actuando de una manera inhumana”.

Gálvez dijo además que “el gobierno está penalizando injustamente a personas que no tienen control sobre esta enfermedad, no tienen control sobre ello. El m,ensaje es que van a castigar a las personas que están haciendo bien las cosas, pero ellos buscarán hacer todo lo posible para bloquearlos y sancionarlos”.

"Todos aquellos que aplicaron deben conseguir un contador (CPA) para que los ayude con esta parte financiera y asegurarse, con el respaldo de un abogado, que el caso no será rechazado por el gobierno”, dijo José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami (Florida).

El fallo de julio

En la decisión de julio, el juez federal George Daniels dictaminó que los estados y las organizaciones sin fines de lucro que impugnaron la nueva regla tenían razón.

El tribunal encontró que una suspensión de la regla es merecida por causa de la crisis sanitaria, indicando que la regla desalienta a los inmigrantes a procurar examinaciones médicas y tratamientos para el covid-19, lo cual impide los esfuerzos para controlar la propagación del virus.

La corte reconoció el argumento y evidencia presentada que demuestra que inmigrantes no se han apuntado para el Medicaid u otro tipo de asistencia médica publica por miedo de ser considerados como “carga pública” para propósitos inmigratorios.

Por lo tanto, ordenó que la regla de carga publica no puede ser implementada mientras el país siga bajo una emergencia nacional de sanidad. La orden aplica a nivel nacional.

De qué se trata la regla

La regla final de carga pública, que se publicó el 14 de agosto del año pasado en el Registro Federal (diario oficial estadounidense) modificó las regulaciones del DHS y describe la manera en la que esta dependencia federal determinará si una persona solicitando admisión a Estados Unidos o el ajuste de estatus (la tarjeta verde) “es inadmisible”, sea porque se trata, o es probable que en cualquier momento “se convierta en una carga pública”.

Pero no todos los extranjeros se verán afectados, advierte el Defensor del Pueblo (Ombudsman) de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS). “La regla final exime a ciertas personas, como los titulares de visas "U" y "T", asilados, refugiados y otras categorías”.

Activistas que defienden los derechos de los inmigrantes señalan que la falta de información, y la incertidumbre generada tras el primer anuncio del gobierno, ha tenido impacto en la comunidad, y denuncian que muchos extranjeros con hijos estadounidenses los han retirado de programas para los cuales califican legalmente por miedo a ser afectados en trámites de legalización futuros.

La regla final iba a entrar en vigor el 16 de octubre del 2019, pero horas antes un tribunal federal detuvo su implementación. Sin embargo, el 27 de enero de este año la Corte Suprema emitió una decisión que tuvo el efecto de levantar todos los requerimientos de la Regla Final, con excepción de Illinois.

“No todos serán afectados”

“Nuestra mayor preocupación es que no todos serán afectados”, dice Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA). “No todo el mundo ha entendido bien la nueva regla”, agrega.

Salas dice además que “personas que a lo mejor son elegibles para usar beneficios púbicos o para utilizar cuidado médico, no están eligiendo estas opciones por miedo que impacte su estatus migratorio”.

“Para eso estamos haciendo educación comunitaria. Nosotros estamos opuestos a que entre en vigor, pero hemos minimizado los daños en los últimos meses entregando información a la comunidad”, precisó.

La activista dijo además que “le pedimos al publico que se informe, que no tome decisiones sobre su cuidado médico sin antes estudiar la regla y ver si les afectará o no. Y si son residentes permanentes, que tengan claro que para ellos no aplica. Los que tienen la ‘green card’ no deben dejar de lado el cuidado médico porque para eso pagan sus impuestos”, indicó.