Corte federal mantiene suspensión visas H-1B y L-1 para profesionales extranjeros

En junio el presidente Donald Trump firmó una proclama que suspendió temporalmente ambos perogramas para proteger, dijo, los puestos de trabajo de los estadounidenses afectados por la pandemia del coronavirus.

Jorge Cancino
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Jorge Cancino.
A partir del próximo 2 de octubre el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) cobrará por el proceso de naturalización 1,170 dólares, cifra a la que se le debe sumar el pago del trámite de los datos biométricos. La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración demandó al gobierno de Trump buscando evitar que esta medida entre en efecto. Más información aquí.
Video La carrera contrarreloj para aplicar a la ciudadanía antes del alza en las tarifas de USCIS

Un juez federal del Distrito de Columbia (DC) negó una solicitud para una medida cautelar que hubiese dejado sin efecto una proclama presidencial firmada el 22 de junio que suspendió hasta el final de 2020 el procesamiento y entrega de visas profesionales H-1B y L-1.

La demanda pretendía proteger a unos 200 profesionales indios que se encontraban fuera de Estados Unidos al momento de la orden y no pudieron entrar a Estados Unidos con sus visas.

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En el dictamen, el juez Amit P. Metha dijo que los trabajadores que demandaron la orden y que se encuentran atrapados en el extranjero por el cierre de las fronteras debido a la pandemia del coronavirus, “no es probable” que ganen su caso impugnando la prohibición de visas del presidente Trump.

El programa de visas H-1B lo utilizan profesionales extranjeros contratados por empresas en Estados Unidos, entre ellos la industria de alta tecnología, laboratorios médicos y periodistas. La visa L-1, en cambio, la utilizan las empresas para la transferencia de ejecutivos.

La proclama

La orden de Trump del 22 de junio restringe la entrada al país de trabajadores extranjeros como parte de una estrategia que limita la inmigración legal para supuestamente proteger los puestos de trabajo de los estadounidenses.

La proclama, anunciada por la Casa Blanca en una conferencia telefónica con periodistas, suspende el procesamiento y entrega de solicitudes de nuevas visas de los programas H-1B y L-1.

La cuota anual de visas H-1B autorizada por el Congreso es de 85,000. De ellas, 20,000 son asignadas a trabajadores extranjeros graduados de universidades estadounidenses con un título de maestría.

La medida, desde que fue firmada por Trump, enfrenta una avalancha de litigios presentados por posibles inmigrantes, gigantes tecnológicos y asociaciones empresariales, reporta la publicación Law360 en su página digital.

Pero el juez Mehta opina que es probable que los demandantes convenzan a la corte de que el gobierno debe seguir procesando sus visas a pesar de las restricciones de entrada. Sin embargo, dado que es poco probable que aseguren el fin de esas barreras de ingreso, exigir que el Departamento de Estado (DOS) procese sus solicitudes de visa "sería un ejercicio inútil", apuntó el juez.

Qué dice la orden

Cuando la Casa Blanca dio a conocer la orden, estimó que las restricciones de viaje ampliadas frenarán la entrada de alrededor de 525,000 personas hasta el final del 2020, incluidos 170,000 titulares de tarjetas de residencia que han sido prohibidas de ingresar a Estados Unidos desde el 22 de abril, cuando Trump firmó la orden ejecutiva que restringe la inmigración legal.

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Entre los afectados se encontraban ganadores de la lotería de visas 2020 (DV-2020). Pero a principios de septiembre una corte ordenó al Departamento de Estado procesar de inmediato sus solicitudes de visas de inmigrante para que puedan entrar a Estados Unidos.

El gobierno considera que el freno de inmigrantes profesionales extranjeros ayudaría a que miles de trabajadores estadounidenses afectados por la pandemia del coronavirus recuperen cuanto antes sus trabajos.

Menos de dos meses después de anunciada la proclama, Trump firmó una nueva orden ejecutiva que limitó la contratación de trabajadores extranjeros, todo ello como parte de su política migratoria de 'tolerancia cero'.

El decreto, publicado por la Casa Blanca en su página digital, estableció que los puestos de trabajo en el gobierno federal deben ser ofertados a trabajadores estadounidenses, incluyendo aquellos de empresas contratistas y subcontratistas.

Cambios en camino

El pasado 5 de septiembre Univision Noticias reportó que el gobierno tenía en sus manos una propuesta que, de ser aprobada y publicada en el Registro Federal (diario oficial estadounidense), afectará severamente el programa de visas H-1B para profesionales extranjeros.

Un anuncio publicado dos días antes por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en la página de la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios de la Casa Blanca advirtió de los cambios.

El DHS “propondrá revisar la definición de ‘ocupación especializada’ para aumentar el enfoque en obtener los mejores y más brillantes ciudadanos extranjeros a través del programa H-1B, y revisar la definición de empleo y relación empleador-empleado para proteger mejor trabajadores y salarios estadounidenses”, se lee en la descripción del nuevo plan.

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“Además, el DHS propondrá requisitos adicionales diseñados para garantizar que los empleadores paguen los salarios adecuados a los titulares de visas H-1B”, agrega.

La autoridad para proponer cambios fue otorgada por Trump el 22 de junio, cuando firmó una proclama que restringe la entrada de trabajadores profesionales extranjeros, entre ellos el programa de visas H-1B.

De acuerdo con el memorando presidencial, el secretario del DHS deberá “tomar las medidas adecuadas”, de conformidad con la ley aplicable y en coordinación con el secretario de Estado “para disponer que un extranjero no sea elegible para solicitar una visa o para la admisión o entrada a Estados Unidos u otro beneficio hasta que dicho extranjero haya sido registrado con información biográfica y biométrica, incluidas, entre otras, fotografías, firmas y huellas digitales”.

El programa está siendo redactado bajo un hermético silencio. Univision Noticias ha preguntado a la Casa Blanca cuándo se dará a conocer, pero la oficina de prensa de la Presidencia no ha respondido las solicitudes de comentarios sobre el tema.

Un empleado de un molino de cedro en Leakey, Texas. 1973.
Un barbero de San Antonio, Texas. 1939.
Un agricultor muestra la cosecha de zanahorias en Edinburg, Texas. 1939.
Un trabajador del campo en Valle Imperial, California. De origen mexicano y residente legal en los Estados Unidos. Mayo de 1972
Mineros en Virginia Occidental. 1938.
Agricultores en un campo de remolacha, Minnesota. 1937.
Empleados de un molino de cedro en Leakey, Texas, 1973.
Peter Balandran, nacido en Chihuahua, México. Trabajador del ferrocarril en Kansas City, 1943.
Agricultoras en un campo de zanahorias. Edinburg, Texas, 1939.
El agricultor Hugo Olivas y su esposa muestran sus Green Card en la frontera para entrar a Estados Unidos, donde trabajan y hacen sus compras. Calexico, México. Abril de 1973.
Un minero en West Virginia. 1938.
Agricultor mexicano reclutado por la Administración de Seguridad Agrícola estadounidense para trabajar en campos de remolacha en Arkansas, Colorado, Nebraska y Minnesota. Mayo 1943.
Trabajador de un molino de cedro. Leakey, Texas, 1973.
Un minero de 50 años en West Virginia. “No quiero solo crecer, hacerme viejo y morir”, expresó. Septiembre de 1938.
Esposa de un minero mexicano preparando alimentos. West Virginia. Septiembre 1938.
El agricultor Gilberto Gutiérrez Banaga examina la calidad de la tierra en la frontera entre Estados Unidos y México, cerca de Mexicali. Mayo de 1972.
Trabajador pagando por mercancí en la plaza del mercado, Waco, Texas. 1939.
Trabajadores agrícolas mexicanos regresan por la frontera hacia su tierra luego de ser atrapados por la patrulla fronteriza estadounidense cerca de Calexico. Mayo de 1972.
Un agricultor se toma un descanso. Weslaco, Texas. Febrero de 1939.
Agricultores en los campos de lechuga cerca de la frontera en Blyte, California. Mato de 1972.
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Un empleado de un molino de cedro en Leakey, Texas. 1973.
Imagen National Archives and Records Administration
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