Título 42: corte celebra audiencia clave que decidirá el futuro de las restricciones en la frontera

Un juez del Distrito Oeste en Louisiana celebra este viernes una audiencia clave que decidirá la permanencia o eliminación del Título 42 en la frontera con México, una política de salud pública activada en marzo de 2020 por la pandemia del coronavirus.

La cuestionada norma ha permitido al gobierno federal deportar de manera acelerada a unos 2 millones de extranjeros, la mayoría de los cuales venía en busca de asilo en Estados Unidos.

Tras un fallo preliminar emitido el 25 de abril, que prohibió al gobierno suspender la regulación, el juez Robert Summerhays dio un plazo de 14 días para que la Administración de Joe Biden suspenda los preparativos de desmontaje de la política de seguridad sanitaria.

Debido a que el gobierno dijo que acataría la resolución y que confiaba en que al final del día la corte retiraría la moción premilitar, el tribunal extendió el miércoles la orden en espera de la audiencia de este viernes, donde los abogados tanto de los estados demandantes como del gobierno entregarán nuevas evidencias que corroboren sus argumentos.

El fallo

En el dictamen del 25 de abril el juez Summershays escribió que "la Corte discutió la Solicitud de Orden de Restricción Temporal [ECF No. 24] presentada por el demandante (la Oficina del Procurador General de Arizona)”. Y que “por las razones expuestas en el expediente, el Tribunal anunció su intención de otorgar la solicitud”, de mantener vigente la norma.

La sentencia preliminar agrega que “las partes consultarán sobre los términos específicos que se incluirán en la Orden de Restricción Temporal e intentar llegar a un acuerdo".

La Casa Blanca dijo entonces que el gobierno estaba "trabajando arduamente para planificar y prepararse para eso (cancelar la política)” y que continuaría “trabajando con el Congreso para implementar el levantamiento del Título 42 de una manera tan ordenada y humana como sea posible".

Poco después la vocera de la Casa Blanca, Jan Psaki, dijo durante una rueda de prensa que “el 13 de mayo la Corte escuchará argumentos sobre la decisión judicial preliminar de Arizona”. Y que cuando se conozca una decisión final “el Departamento de Justicia (DOJ) anunciará el siguiente paso.

Los demandantes

La demanda en contra de los esfuerzos por levantar las restricciones del Título 42 es encabezada por Arizona y participan, además, los estados de Alabama, Alaska, Arkansas, Carolina del Sur, Florida, Georgia, Idaho, Kansas, Kentucky, Louisiana, Missouri, Montana, Mississippi, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Utah, West Virginia y Wyoming.

Tras la sentencia preliminar de finales de abril, el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, aplaudió al tribunal por otorgar una Orden de Restricción Temporal (TRO, por sus siglas en inglés) contra la administración Biden para mantener el Título 42 vigente, a pesar de que ya ha intentado revertirlo antes de la fecha límite del 23 de mayo.

“La administración de Biden no puede continuar en flagrante desprecio por las leyes existentes y los procedimientos administrativos requeridos”, indicó.

La oposición republicana se había unido en varios frentes para advertirle al gobierno que, si eliminaba la controvertida política vigente desde marzo de 2020, se generaría una crisis migratoria sin precedentes en la frontera con México, al tiempo que amenazaba con acciones legales para mantenerlo en vigor.

Desde que fue implementado, el Título 42 ha permitido la deportación acelerada de unos dos millones de inmigrantes. Los detractores de la medida alegan que la norma de salud pública, que data de 1944, es ilegal porque obstruye la política de asilo y daña el debido proceso migratorio.

Los planes del gobierno

Mientras se emite la sentencia final de Summershays, el gobierno reitera que, por ahora, avanza con medidas para afrontar un posible aumento en la llegada de migrantes si finalmente puede terminar con esa política a partir del 23 de este mes.

Uno de sus planes es "ampliar significativamente" las deportaciones expeditas, han dicho funcionarios gubernamentales de alto nivel refiriéndose a la aplicación rigurosa del Título 8 de la Ley de Inmigración (INA), un procedimiento distinto, pero garantizado bajo el respeto al debido proceso migratorio.

Simultáneamente, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, entregó a finales de abril al Congreso un detallado plan operativo para atender la crisis migratoria en la frontera con México. El plan prioriza la seguridad fronteriza al tiempo que construye un sistema de inmigración ordenado y humano, indica, recuperando el debido proceso.

Crisis “heredada”

El jefe de la seguridad nacional de EEUU reconoce que en la frontera hay una crisis, pero advierte que fue “heredada” del gobierno anterior. Sin embargo, no reconoce que el problema fue advertido en 2013 en un informe elaborado por un grupo de expertos de la Universidad de California a Naciones Unidas y este organismo, a su vez, al entonces gobierno de Barack Obama: del éxodo de migrantes, sobre todo centroamericanos.

El gobierno asegura que, una vez retirado el Título 42, tiene “autoridad legal para hacer cumplir nuestras leyes de inmigración y seguridad fronteriza” bajo la implementación del Título 8 de la Ley de Inmigración.

Entre otras cosas, “el Título 8 establece que las personas que cruzan la frontera sin autorización legal (indocumentados) son procesados para su remoción y, si no pueden establecer una base legal para permanecer en Estados Unidos, sean rápidamente expulsados del país”.

Algunos reportes hablan entre 6,000 y 18,000 personas diarias. Y el DHS anticipa que los niveles de migración aumentarán, ya que los traficantes buscarán aprovecharse y beneficiarse de los migrantes vulnerables”.

El gobierno también tiene en cuenta que actualmente hay más personas en el mundo desplazadas de sus hogares que en cualquier otro momento desde la II Guerra Mundial, incluso en el hemisferio occidental.