Una corte federal restituye a los jueces el poder para cerrar o reabrir casos de deportación

Una jueza de California anuló una controversial orden emitida en 2018 por el entonces fiscal general, Jeff Sessions, que eliminó una valiosa herramienta que utilizaban los jueces de inmigración en circunstancias excepcionales para frenar deportaciones.

Jorge Cancino
Por:
Jorge Cancino.
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Una corte de California restituyó la discrecionalidad a los jueces de inmigración para cerrar o reabrir casos de deportación. La valiosa herramienta había sido eliminada durante el gobierno de Donald Trump en el marco de la política migratoria de ‘tolerancia cero’.

El fallo preliminar, emitido por la jueza Susan Illston, de la Corte del Distrito Norte de California, ordena al director de la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (Corte de Inmigración o EOIR), al fiscal general interino “y a todas las personas que actúan bajo sus direcciones” que recuperen el uso de sus facultades discrecionales de inmediato.

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En agosto de 2018, el entonces fiscal general, Jeff Sessions, firmo una orden provisional que estableció el estándar de “buena causa” para que los jueces pospongan o cancelen un proceso de deportación. Contrario al debido proceso en el sistema criminal, las cortes de inmigración funcionan bajo la jurisdicción del Departamento de Justicia y el fiscal general tiene facultades para intervenir cuando lo estime necesario.

El Centro Legal de La Raza demandó a EOIR para revertir la cuestionada medida.

De qué se trata

La orden emitida por Sessions señalaba que “el estándar de causa justificada requiere consideración y equilibrio de múltiples factores cuando un extranjero demandado solicita más tiempo para buscar alivio colateral de otra autoridad, por ejemplo, una visa” para permanecer de manera legal en el país.

Según Sessions, “en el alivio colateral de inmigración el juez debe considerar, principalmente, la probabilidad de que se otorgue este beneficio y si este afectará materialmente el resultado del procedimiento de deportación”.


Es decir, si el fin del juicio es la deportación de individuo, cualquier procedimiento que afecte ese propósito no debe ser considerado para alterar la causa, dejando no solo a los jueces sin la capacidad para decidir, sino a los inmigrantes en proceso de deportación sin la posibilidad de utilizar esta avenida legal para evitar la deportación de Estados Unidos.

Abogados advirtieron en ese momento que la decisión de Sessions limitaba los poderes y libertades que los jueces deben tener para impartir justicia.

Una herramienta clave para los jueces

La herramienta que otorga a los jueces de inmigración la discrecionalidad para cerrar y reabrir un caso de deportación es “clave” dentro del debido proceso migratorio, consideran expertos en materia migratoria.

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“Le abre las puertas a muchas personas que tienen un proceso de deportación o que ya recibieron una orden de expulsión, pero que al existir circunstancias excepcionales pueden pedirle al juez que cierre administrativamente un caso o reabra un proceso una vez caducado los plazos”, explicó José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida.

En el caso de que un inmigrante haya sido acusado de un crimen y sentenciado, la falta lo puede convertir en deportable y enfrentar un juicio de deportación. Pero si tiempo después los cargos son desestimados y el récord criminal del individuo se limpia, desaparece la causa que generó el juicio.

“Este tipo de circunstancia excepcional permite entonces a esa persona pedirle al juez que reabra el caso de deportación para cambiar la sentencia y poder permanecer legalmente en el país”, indicó Guerrero.


La jueza Illston dijo en el dictamen de 73 páginas que la medida emitida por Sessions “fue una de las muchas” que durante el gobierno de Trump “afectaron el sistema de inmigración”.

Los demandantes, un grupo integrado por cuatro agencias y organizaciones de servicios legales sin fines de lucro que representan a inmigrantes y refugiados ante los tribunales de inmigración, alegaron que la medida “eliminó las protecciones procesales críticas para los inmigrantes, se apartó inadmisiblemente de prácticas de larga data al restringir la autoridad de los jueces de inmigración para otorgar alivio a los no ciudadanos en los procesos de deportación y, en general, obstruyó la capacidad de los no ciudadanos y refugiados de buscar alivio de deportación, incluyendo la ayuda humanitaria”.

Los plazos y consideraciones a tener en cuenta

La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) establece que un no ciudadano puede presentar una moción para reconsiderar su caso “dentro de los 30 días después de emitida una orden de deportación". Señala, además, que un extranjero que recibió una orden de deportación “puede presentar una moción para reabrir el caso dentro de los 90 días contados a partir de la emisión de la orden, sujeta a ciertas excepciones limitadas” (excepcionales).

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En el fallo, la jueza Illston escribe que una moción para reconsiderar un caso de deportación “aborda si un juez de instrucción cometió errores de hecho o de derecho, mientras que una moción para reabrir sólo puede concederse si se presenta una nueva evidencia que 'es material y no estaba disponible y no podría haber sido descubierta o presentada en la primera audiencia'”.

Asimismo, una persona que no sea ciudadana puede solicitar la revisión judicial de una orden de deportación definitiva (final) emitida por la Corte de Apelaciones de Inmigración (BIA) a través de una petición de revisión ante un tribunal de apelaciones. Entre las ayudas humanitarias para solicitar la cancelación de una deportación o la reapertura de un caso se incluye la Visa U, para víctimas violencia doméstica, o la Visa T para víctimas de tráfico humano.

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El Alto Comisionado de las Naciones Unidos para los Refugiados (ACNUR) pidió este lunes paciencia a los migrantes del campamento de Matamoros, en la frontera con Estados Unidos, ante las fallas del sistema electrónico para reanudar las solicitudes de asilo. “Sí ha habido un sobrecargo el viernes porque todo el mundo ha querido inscribirse y también porque pensaba que si no se inscribía el viernes perdía algo", declaró a EFE el representante adjunto de ACNUR en México, Giovanni Lepri.
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“Hay gente que está desesperada, pedimos por favor a ACNUR que venga y que nos hable qué es lo que está pasando”, dijo el nicaragüense, Ernesto López. Pese a la incertidumbre, la situación en el campamento se ha mantenido en calma y no se han registrado protestas por el retardo que se ha presentado.
De acuerdo con la información proporcionada por ACNUR, son 90,000 personas las que han accedido a la página Conecta para tratar de registrarse. De ellas solo 2,000 ya cuentan con una cita confirmada.
"No pueden pedirnos más paciencia", reclamó Emili Urdaneta, una de las solicitantes de asilo. “No aguanto la presión de que haya personas que lo logran y yo no. Me siento muy frustrada, me siento mal”, añadió. Al igual que ella cientos, como esta mujer mexicana que carga a su bebé, esperan con paciencia la respuesta de autoridades estadounidenses.
La política de Trump dejó a centenares de solicitantes de asilo expuestos a la violencia en las ciudades fronterizas mexicanas y les dificultaba hallar abogados y comunicarse con las cortes para saber de sus casos.
Hay preguntas que todavía no tienen respuesta sobre los cambios en la política migratoria implementados por el gobierno de Biden, incluyendo cómo los centroamericanos que regresaron a sus países volverán a la frontera entre Estados Unidos y México. Tampoco está claro cuánto tiempo llevará resolver todos los casos, de los cuales tienen prioridad los más antiguos.
Algunos describen el campamento de inmigrantes de Matamoros como 
<b>un espacio insalubre en el que es muy difícil la convivencia</b>. Sin embargo, otros como el cubano Joel Fernández, entrevistado por el diario Milenio, afirma que 
<a href="https://www.milenio.com/estados/migrantes-confian-en-que-entraran-pronto-a-estados-unidos" target="_blank">"en este tiempo hemos aprendido a convivir</a>, a hacernos hermanos unos y otros y sufrir el dolor de la persona que está a tu lado".
Oficiales de inmigración de EEUU revisan la documentación de quienes buscan cruzar por el paso fronterizo. La coordinadora de la Casa Blanca para la frontera sur y exembajadora en México, 
<a href="https://www.univision.com/noticias/inmigracion/reunificar-familias-migrantes-separadas-donald-trump-fracaso-moral-roberta-jacobson">Roberta Jacobson</a>, señaló la semana pasada que "la situación de los migrantes en el campo de Matamoros es una de las cosas más preocupantes". La funcionaria afirma que las solicitudes que tendrán prioridad son las de personas que tienen más tiempo inscritas en el MPP y quienes están en situación de vulnerabilidad.
El alcalde de Brownfiled, Texas,
<a href="https://www.facebook.com/MayorTrey/" target="_blank">Trey Méndez, anunció en su página de Facebook</a>, que a partir de este jueves "se permitirá cruzar a personas del campamento migrante de Matamoros, con excepción de aquellos cuyo caso ya ha sido negado por el tribunal". Méndez añadió que la operación se desarrollará de 10 a 14 días seguidos y a quienes no tengan una prueba de covid-19 negativa no se les permitirá el ingreso a EEUU.
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Imagen John Moore/Getty Images
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