Nueva demanda republicana pone en peligro política de asilo de Biden
Arizona junto a otros 19 estados presentaron el viernes una nueva demanda en contra de la política migratoria del gobierno de Joe Biden, esta vez para pedirle a mismo juez que tiene detenida la eliminación del Título 42, que frene la entrada en vigor de una política que otorga poderes extraordinarios a los agentes de asilo del servicio de inmigración.
Por:
Jorge Cancino.
Vicente Carrizo es un indocumentado venezolano que junto a sus amigos decidió que era momento de migrar hacia Tapachula, con la expectativa de que el Título 42 sea eliminado y se les permita cruzar a EEUU. La incertidumbre sobre el futuro de esta medida ha incrementado la llegada de migrantes a esta ciudad mexicana. En el 2021 México recibió más de 131,000 solicitudes de refugio. Lee más aquí acerca de la audiencia sobre el futuro del Título 42.
Video Aumenta la llegada de migrantes a la frontera sur de México en medio de la expectativa por el futuro del Título 42
Arizona junto a otros 19 estados presentaron el viernes una nueva demanda en contra de la política migratoria del gobierno de Joe Biden, esta vez para pedirle a mismo juez que tiene detenida la eliminación del Título 42, que frene la entrada en vigor de una política que otorga poderes extraordinarios a los agentes de asilo del servicio de inmigración.
El fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, "está solicitando al Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Louisiana, que posponga la fecha de entrada en vigencia de la Norma Final Provisional de Asilo o que otorgue una Orden Judicial Preliminar a nivel nacional”, se lee en un comunicado,.
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Brnovich sostiene que la nueva política “elimina en gran medida a los jueces federales de inmigración del proceso de revisión de asilo y, en cambio, otorga a los oficiales de asilo dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) una autoridad sin precedentes para otorgar asilo a los inmigrantes de forma absoluta”.
En caso la corte falle a favor de la demanda, “en la frontera seguiremos viendo el mismo escenario, donde son los jueces quienes toman la decisión de los casos de asilo”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida.
Guerrero agregó que “la regla provisional tiene como objetivo darle poderes extraordinarios a los agentes de asilo de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) para determinar casos de asilo y solo aquellos casos que nieguen serán enviados al tribunal de inmigración”.
La regla entraría en vigor a partir del 31 de mayo, fecha estipulada por el gobierno para eliminar el Título 42 del Código de Estados Unidos que, desde marzo de 2020, ha permitido la deportación acelerada de unos 2 millones de extranjeros por la pandemia del coronavirus.
La oposición republicana, incluyendo al gobernador de Arizona, alegan que el retiro de esta política provocará una oleada sin precedentes de extranjeros generando una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.
La demanda fue presentada ante el mismo juez que el 25 de abril emitió un fallo provisional que le prohibió al gobierno eliminar el Titulo 42 en la frontera con México.
“Con su nueva regla impactante, la administración de Biden está intentando apoderarse de las responsabilidades y la autoridad de los jueces federales de inmigración en el proceso de asilo”, precisó Brnovich.
“También persigue esta consolidación de poder sin precedentes de una manera descarada que pasa por alto los requisitos de la Ley de Procedimientos Administrativos (APA)”, señaló.
En marzo los departamentos de Justicia (DOJ) y Seguridad Nacional (DHS) anunciaron la emisión de una nueva regla que “asegurará que aquellos que son elegibles para asilo reciban alivio rápidamente, y los que no lo son, sean rápidamente deportados”.
“Hasta ahora las personas que pasan la entrevista de miedo creíble son puestas en un proceso de asilo únicamente ante un juez de inmigración, quien decide su futuro en Estados Unidos", explicó Guerrero.
Pero a partir del 31 de mayo, fecha prevista para la implementación de la norma provisional, serán los agentes de asilo de USCIS quienes evaluarán cada caso que se presente en la frontera y tendrán la discrecionalidad para “considerar las solicitudes de asilo de personas sujetas a expulsión acelerada que afirmen miedo de persecución o tortura, y pasen la evaluación de temor creíble requerida”.
Arizona teme que que el cambio permita que extranjeros “obtengan asilo a través de solicitudes falsas”, pero no menciona la prevalencia del debido proceso migratorio.
La nueva política “tiene como objetivo desintegrar el proceso de solicitud de asilo, que fomenta la inmigración ilegal”, añadió Brnovich, un discurso similar al utilizado por el expresidente Donald Trump para defender su política migratoria de tolerancia cero.
La coalición de estados demandantes también argumentó que la nueva regla provisional de asilo “viola al menos seis requisitos legales, es arbitraria y caprichosa, y viola los requisitos de notificación y comentarios de la APA”.
La veintena de estados asegura que la puesta en vigor de la política de asilo de Biden en la frontera causará a los estados “sufrimiento y daños irreparables” por los costos en que incurrirían en apoyar a los inmigrantes con programas estatales y locales disponibles.
“Retrasar la inminente fecha de vigencia del 31 de mayo de 2022 no solo evitará por completo el daño a los estados, sino que también evitará que el gobierno federal se inflija daño a sí mismo”, precisó.
El mismo argumento, del daño que provocaría la suspensión de una regla o política sin la consideración previa del daño que ésta pudiera causar a los estados, fue utilizada por los demócratas durante para demandar las políticas migratorias de Trump adoptadas en base a decretos y memorandos en uso del poder ejecutivo del presidente.
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“No que no se tiene en cuenta es que, la Corte de Inmigración (EOIR) tiene en estos momentos más de 1.7 millones de casos acumulados”, dice Guerrero. “La regla provisional está diseñada para aliviar la presión que se generará en la frontera después del 23 de mayo, cuando está previsto levantar el Título 42”.
“Si el juez la frena, estaríamos viendo un incremento diario de hasta 18,000 casos de asilo en los tribunales, de acuerdo con los pronósticos del DHS. A menos que el Título 42 permanezca y el gobierno siga deportando aceleradamente con un debido proceso migratorio lastimado a causa de una regla de salud pública”, advirtió.
Por ahora la eliminación del Título 42 se encuentra en suspendo debido al fallo temporal del 25 de abril por el juez de Louisiana Robert Summerhays. Sin embargo y mientras no haya un dictamen definitivo, la Casa Blanca reitera que sigue adelante con los planes de desmantelamiento.
"La Corte discutió la Solicitud de Orden de Restricción Temporal (ECF No. 24) presentada por el demandante (la Oficina del Procurador General de Arizona). Por las razones expuestas en el expediente, el Tribunal anunció su intención de otorgar la solicitud. Las partes consultarán sobre los términos específicos que se incluirán en la Orden de Restricción Temporal e intentar llegar a un acuerdo", escribió Summerhays en su razonamiento por escrito de 25 páginas.
En la demanda encabezada por Arizona participan, además, los estados de Alabama, Alaska, Arkansas, Carolina del Sur, Florida, Georgia, Idaho, Kansas, Kentucky, Louisiana, Missouri, Montana, Mississippi, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Utah, West Virginia y Wyoming.
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El viernes la Corte celebró una audiencia donde los abogados de las partes en la disputa presentaron nuevos argumentos. El tribunal dijo que emitiría un fallo definitivo antes del 23 de mayo, fecha en que el gobierno planea eliminar el Título 42.
Cabe señalar que ambas demandas, tanto la que solicita el freno a la regla provisional de asilo como impedir el levantamiento del Título 42, están siendo ventiladas en una corte presidida por un juez nombrado por el expresidente Trump y cuya jurisdicción se encuentra a 500 millas de la frontera con México, señala un reportaje de la Radio Nacional Pública (NPR).
Agrega que los estados demandantes de la política migratoria de Biden están utilizando los tribunales de justicia para mantener vigente, oculta en la sombra, la política migratoria de tolerancia cero del expresidente Trump.
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