Detrás del arresto de una beneficiaria de DACA hay una historia de violencia doméstica
ICE dijo a Univision Noticias que "aquellos que infrinjan las leyes de inmigración pueden estar sujetos a arresto, detención y, si se encuentra con una orden final de deportación, a ser expulsado de Estados Unidos”.
Por:
Jorge Cancino.
El abogado Ezequiel Hernández explica por qué la audiencia de este 12 de noviembre es clave para el futuro de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), programa que ampara de la deportación a unos 700,000 jóvenes que entraron al país siendo niños.
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El arresto de la inmigrante mexicana Daniella Ramírez, una beneficiaria de la Acción Diferida de 2012 (DACA), causó preocupación entre los soñadores. Pero no por la detención estando amparada bajo el programa aprobado durante el gobierno de Barack Obama, sino por la causa que generó la privación de su libertad.
Ramírez, de 23 años, permanece detenida en un centro de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), en proceso de deportación.
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En un comienzo había circulado la versión de que la inmigrante era una de las más de 350,000 casos de deportación cerrados que en el 2018 fueron reabiertos por el entonces fiscal general, Jeff Sessions, en el marco de la política migratoria de tolerancia cero.
Otra versión, publicada en medios durante el fin de semana, refería que Ramírez no había renovado su permiso de trabajo por miedo, y una vez expirado su caso fue detectado por ICE, que procedió a detenerla.
En la actualidad protege de la deportación a poco más de 650,000 dreamers (jóvenes indocumentados que entraron al país antes de cumplir los 16 años y se les conoce como soñadores). El programa les otorga además un permiso de trabajo renovable cada dos años.
Ramírez no es una de las afectadas de la decisión de Sessions (la reapertura de más de 350,000 casos de deportación que habían sido cerrados), ni tampoco la detuvieron porque no renovó a tiempo su autorización de empleo.
La inmigrante fue detenida por agentes federales de ICE porque un error cometido en 2017, le hizo perder su estatus temporal legal de permanencia, y también sus derechos de estadía en Estados Unidos.
“Daniela Ramírez, de nacionalidad mexicana, ingresó a Estados Unidos el 2 de abril de 2007 como visitante no inmigrante con autorización para permanecer por un período temporal que no debía exceder el 1 de octubre de 2007”, explicó ICE a Univision Noticias por medio de un correo electrónico en respuesta a una pregunta formulada por la misma vía.
“Ramírez fue arrestada por el Departamento de Policía de Azusa, California, el 7 de mayo de 2017 y acusada de infligir lesiones corporales a un cónyuge o conviviente”, agrega la nota. “Las Oficina de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) le notificó el vencimiento de su DACA el 7 de julio de 2017”, puntualizó.
“Un cargo de violencia doméstica pone a un dreamer, y a cualquier inmigrante, automáticamente en proceso de deportación”, advierte José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida.
ICE dice que Ramírez fue declarada culpable de agresión el 17 de octubre de 2O17 en el Tribunal Superior de Los Ángeles, “y sentenciada a tres años de libertad condicional”.
Agrega que los agentes de esa dependencia “la localizaron y arrestaron en su lugar de trabajo el 20 de diciembre de 2019”, y actualmente “se encuentra bajo custodia en espera de un proceso de deportación ante los tribunales federales de inmigración”.
“Lo más importante en este tipo de casos”, dice Guerrero, “es tratar de negociar este cargo criminal. Y en caso se puedan con la ayuda de un abogado criminalista, hacer que la persona no quede culpable. Pero para eso se necesita que durante el proceso se modifiquen esos cargos”, indica.
Guerrero explica además que, “si un inmigrante es acusado de un delito de violencia doméstica, debe contratar de inmediato a un abogado criminalista y a otro de inmigración, y que durante la defensa se entere de las consecuencias migratorias que tendrá por haber cometido este tipo de falta”.
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“Y no debe olvidar que, bajo la política migratoria del actual gobierno, aunque le suspendan la sentencia usted es culpable”, apuntó.
ICE también dijo a Univision Noticias que “continúa enfocando sus recursos de cumplimiento en individuos que representan una amenaza para la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza”.
Dijo además que “lleva a cabo una aplicación específica de inmigración de conformidad con la ley federal y la política de la agencia”, y advirtió que, sin embargo, “no exime a las clases o categorías de extranjeros removibles de una potencial aplicación de la ley”.
“Todos aquellos que infrinjan las leyes de inmigración pueden estar sujetos a arresto, detención y, si se encuentra con una orden final de deportación, a ser expulsado de Estados Unidos”, indicó.
La agencia federal también dijo que los extranjeros puestos en proceso de deportación “pueden recibir el debido proceso legal de los jueces federales de inmigración en los tribunales de inmigración”, y que estos “toman decisiones basadas en los méritos de cada caso individual”.
Cabe destacar que el 25 de enero de 2017, cuando el presidente Donald Trump emitió la orden ejecutiva sobre las jurisdicciones santuario, estableció nuevas prioridades de deportación.
Guerrero reiteró que la violencia doméstica “es un crimen grave sujeto a deportación automática. Aunque el inmigrante esté protegido por DACA. Por eso hay que cuidar el beneficio, para no perderlo y después lamentarlo”, concluyó.
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2010 | Un grupo de jóvenes indocumentados de Massachusetts y Nueva York protestaban en julio de 2010 ante la Casa Blanca para que el Dream Act se aprobara. Era el nombre que recibió un proyecto de ley presentado en 2001 pero estancado en el Senado para legalizar a aquellos que no habían cumplido 16 años y llevaban cinco consecutivos en el país. Nunca se aprobó.
