Las separaciones de familias en la frontera continúan: ahora el gobierno las justifica de otra forma
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles, organización que encabezó la demanda contra la política de separaciones del gobierno de Trump, califica esta medida de “ilegal” y mantiene vigente la presión sobre el Departamento de Seguridad Nacional.
Por:
Jorge Cancino.
La nueva regla, que se enmarca en el plan de ‘tolerancia cero’ fue anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia, y planea prohibir el asilo a quienes han sido condenados, incluso aquellos que cometieron faltas como conducir ebrios o reingresar al país tras haber sido deportados.
Video Un cambio de política de la administración Trump afectaría a miles al prohibir el asilo a inmigrantes condenados
Abogados y activistas que defienden los derechos de los inmigrantes aseguran que el gobierno de Donald Trump sigue practicando la política de separaciones de familias en la frontera, aunque no con la misma agresividad que mostró entre el 5 de mayo y el 26 de junio del año pasado en el marco de la política de 'tolerancia cero'.
“Después del fallo emitido por el juez Dana Sabraw de la corte federal de San Diego, no debería haber registros de más separaciones”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California. “Pero hay. Puedo decir que tengo más de 10 casos de padres separados de sus hijos después del 26 de junio del 2018”.
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En los casos que representa Gálvez los padres permanecen detenidos en centros de detención de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE); los niños, en cambio, fueron enviados bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento y Recursos Humanos (ORR), una dependencia del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHR).
“Estamos hablando de familias que llegaron por primera vez a Estados Unidos. Vinieron huyendo en busca de asilo. No los he podido reunificar por varias razones. Hemos tratado de coordinar con los trabajadores sociales del ORR, pero de pronto se interrumpen los contactos telefónicos y los procesos de detienen. Se pierde la comunicación”, agregó.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), organización que encabezó la demanda contra la política de separaciones del gobierno de Trump, califica esta medida de “ilegal” y mantiene vigente la presión sobre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
En julio, durante una presentación de documentos de seguimiento ante la corte presidida por el juez Sabraw, la ACLU mencionó el caso de Estuardo, un inmigrante guatemalteco de 27 años que fue separado de su pequeño hijo Ariel, de 5 años, no entre mayo y junio del año pasado, sino en 2019, un año después de la orden judicial.
El grupo de derechos civiles acusó en ese momento al gobierno de explotar las lagunas legales en el fallo de Sabraw para seguir "sistemáticamente" separando a las familias migrantes que huyen con niños de sus países y vienen a Estados Unidos en busca de un recurso legal disponible, el asilo.
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En la audiencia de julio, 13 meses después del dictamen, el tribunal dijo que todavía se registraban discrepancias entre los informes de los demandantes y del gobierno, y que el gobierno no había logrado aún dar cumplimiento a la totalidad de las reunificaciones ordenadas por el tribunal.
También dejó en claro que el núumero total de menores separados durante la vigencia del programa no estaba clarificado y tampoco existen datos concretos respecto al número de separaciones registradas antes del 5 de mayo y después de la fecha del dictamen.
Documentos de la corte evidencian además los reiterados intentos del gobierno por prolongar las reunificaciones con más preguntas que respuestas en los informes, lo que evidencia falta de capacidad de respuesta por parte de las autoridades federales para reparar los daños caudados por un programa que no procuró una hoja de ruta adecuada para el momento en que los padres afectados por el levantamiento de cargos criminales pudieran recuperar a sus hijos una vez concluido el juicio criminal y enfrentaran el juicio migratorio de deportación.
Durante el juicio que finalizó con la orden de Sabraw al gobierno de reunificar en un plazo máximo de 30 días a la totalidad de menores afectados por las separaciones, el DHS entregó datos de 2,654 separaciones de menores hasta 17 años.
Pero a finales de octubre Jonathan White, comisionado del HHS, reconoció ante la corte de Sabraw que el gobierno federal probablemente separó de sus padres a 1,250 niños inmigrantes en la frontera con México antes de anunciar formalmente la implementación la política de tolerancia cero.
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El gobierno de Trump tuvo un plazo de hasta seis meses para dar cuenta de la totalidad de separaciones efectuadas. La entrega de nuevas cifras corrobora que este plazo tampoco fue cumplido y la duda acerca de cuántos niños fueron separados forzosamente de sus padres antes o durante la aplicación del programa.
“Tampoco después del 26 de junio del año pasado, cuando el juez Sabraw dio la orden de reunificarlos”, dijo Gálvez.
“Están pasando menos” (separaciones forzadas de familias en la frontera), dice Félix Villalobos, abogado gerente de la organización RAICES, un grupo que ayuda a cientos de migrantes afectados por las separaciones en la frontera.
“No se escucha tanto como antes, por la razón de que el gobierno está más enfocado ahora en el Programa de Protección al Migrante (MPP)”, activado el 20 de enero.
“Los están forzando a todos a esperar en México”, indicó.
En enero, un informe del Inspector General del DHS reveló que las separaciones forzadas comenzaron mucho antes de lo que había dicho el gobierno y que el número total de afectados era de miles.
El MPP fue implementado el 20 de enero como parte de los esfuerzos del gobierno para contener la llegada de miles de migrantes a la frontera en busca de asilo.
El protocolo determina que los solicitantes de la protección deben esperar en México hasta que los jueces de inmigración resuelvan sus casos en Estados Unidos. A la fecha más de 55,000 personas han sido regresadas luego de pedir asilo en la frontera.
“El MPP fue creado como respuesta a la prohibición de familias”, dice Lilia Velásquez, una abogada de inmigración que además es profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de Californio en San Diego. “Donde hay niños los envían a esperar a México, para que así estén juntos”.
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Pero el programa “ha sido todo un fracaso”, advierte.
A comienzos de diciembre Univision Noticias reportó que la política migratoria de Trump en la frontera con México seguía generando inquietud en los jueces de inmigración, quienes tienen en sus manos el futuro de miles de migrantes que huyen de sus países.
“La NAIJ (Asociación Nacional de Jueces de Inmigración) está profundamente preocupada por la falta de transparencia con respecto al MPP, tanto para el público, los atrapados en el proceso y los jueces involucrados”, dijo a Univisionb Noticias la jueza Dana Marks, presidenta honoraria de la entidad.
“No se nos consultó antes de que comenzara el programa, ni cómo se ha desarrollado”, agregó.
La agencia federal confirmó a Univision Noticias la existencia de separaciones en la frontera, incluso después del fallo emitido por el juez Sabraw el 26 de junio del año pasado, pero bajo otra norma.
Lo ocurrido entre el 5 de mayo y el 26 de junio de 2018 obedeció a instrucciones dictadas por el entonces fiscal general Jeff Sessions, quien ordenó levantar cargos criminales a los padres que cruzaban la frontera por lugares no autorizados. Y que mientras enfrentaban sus procesos criminales, el Estado asumía el control de sus hijos.
La CBP dice que ahora “cuando se encuentra con menores, hay requisitos legales que debe cumplir y que están vigentes para garantizar la seguridad del niño”. Y añade que cuando un niño menor sin estatus legal llega a un puerto de entrada, o ingresa entre nuestros puertos de entrada, solo o con alguien que no sea un padre o tutor legal, el niño será procesado como un Menor No Acompañado (UAC) y será referido al HHS para una mayor disposición y colocación, que a menudo es con un familiar o amigo de la familia que ya se encuentra en Estados Unidos”.
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La agencia federal puntualizó además que “continúa cumpliendo con la orden judicial” del 2018, pero advierte que “puede ocurrir una separación familiar “cuando los siguientes factores están presentes:
El padre o tutor presenta un peligro para el niño;
El padre tiene antecedentes penales;
El padre tiene una orden penal pendiente;
El padre tiene una enfermedad contagiosa;
Reclamo fraudulento de tutela; y
Contrabando de narcóticos en el momento de la entrada u otra actividad criminal relacionada con la entrada que resulta en la acusación penal del adulto.
El CBP también señala que “cuando un padre extranjero deportable llega a Estados Unidos con su hijo menor ciudadano estadounidense, se debe permitir que el menor ingrese mientras se procesa al ciudadano extranjero. En tales casos, los funcionarios de CBP se aseguran de que los padres tengan la oportunidad de organizar el cuidado de sus hijos, a menudo colocando al niño con un miembro de la familia”. En el fallo de Sabra del 26 de junio del 2018, el juez escribió que la política de separación de familias del gobierno de Trump sembró caos y afectó el debido proceso “consagrado en nuestra Constitución”.
“Esto es particularmente cierto en el tratamiento de los migrantes, muchos de los cuales son solicitantes de asilo y niños pequeños”, precisó.
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Silvia Gómez, de 25 años, sentada junto a su hija de 9 años en el autobús en el que harán el primer trayecto hasta Tapachula. Se marcha porque su familia en Guatemala se lo pidió. Le dijeron que esperar hasta el 15 de enero de 2020 por su primera corte era un tiempo excesivo para andar con una niña en un albergue. Sus planes no están claros aún: cree que dejará a su hija en Guatemala y regresará a México cuando se aproxime su fecha de entrada a Estados Unidos para presentarse ante el juez de inmigración.
