El gobierno confirma que la Patrulla Fronteriza está deportando a inmigrantes en unas 2 horas por la pandemia

Una nueva regla no escrita está siendo ejecutada por las autoridades de inmigración en la frontera con México: la mayoría de los inmigrantes detenidos están siendo deportados en menos de dos horas.

Así lo confirmó este miércoles el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Chad Wolf, durante una conferencia de prensa en Washington DC para entregar detalles de una reciente redada de inmigrantes en California.

A la pregunta hecha por la corresponsal del Noticiero Univision Claudia Uceda sobre deportaciones aceleradas de inmigrantes, Chad respondió que la prontitud de las expulsiones obedece “a la emergencia de salud pública relacionada con covid-19”, aunque los protocolos para combatir la pandemia no describen este tipo de actuaciones.

El secretario agregó que "la Patrulla Fronteriza y no debería retener a personas en entornos congregados en los que no tenemos las instalaciones para asegurarnos de que el covid-19 no se propague allí", por lo que los inmigrantes que la agencia está deteniendo "alrededor del 90% de ellos son devueltos en unas dos horas”, añadió.

Wolf precisó que la medida “es por la seguridad, no solo de los agentes de la Patrulla Fronteriza y de las comunidades a lo largo de la frontera suroeste, sino también de los migrantes”.

“Muchas de estas personas llegaron, usted sabe, bajo nuestro cuidado y custodia sin antecedentes médicos. Es difícil hacer un juicio (diagnóstico) médico”, aseguró.

Wolf no detalló si en las deportaciones aceleradas de inmigrantes se incluye a solicitantes de asilo, menores de edad junto a familiares y/o menores no acompañados (UAC).

Golpe al debido proceso

Abogados consultados por Univision Noticias dijeron que la nueva estrategia viola el debido proceso, sobre todo de aquellos inmigrantes que llegan a la frontera, son detenidos y solicitan un recurso legal disponible, como el asilo.

“Si los detienen, el gobierno debería arrestarlos y permitirles pelear su caso de asilo ante un juez e inmigración”, dice Álex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles (California).

“Un proceso de asilo bajo este procedimiento deberías durar meses y, si el inmigrante es puesto en libertad para que continúe de esa manera su causa de asilo, incluso podría tardar años”, agregó. “Pero jamás una deportación en dos o menos de dos horas”.

“Mire, si los agarran y los deportan sin una regla clara, eso quiere decir que los están castigando injustamente, quizás para toda la vida. Porque la deportación tiene consecuencias migratorias. Puede que el gobierno quiera afectar el derecho de estas personas de solicitar un recurso legal disponible para siempre y eso es afectar el debido proceso migratorio”, indicó.

Cabe señalar que la Corte de Inmigración (EOIR) tiene acumulados más de 1.2 millones de casos que son administrados por unos 440 jueces y cada uno maneja 700 casos anuales. Eso significa que, en promedio, un caso dilata 3.9 años en ser resuelto, sobre todo los inmigrantes que esperan la resolución de sus procesos en libertad.

“Otro obstáculo”

La rapidez en la que procede la Patrulla Fronteriza para expulsar a inmigrantes “no le da tiempo a las personas para que se pongan en contacto con un familiar o un abogado y presente documentos que evidencien su reclamo de asilo”, dice Bárbara Hines, una exprofesora de la clínica legal de la escuela de leyes de la Universidad de Texas, en Austin.

“Todo esto es otro paso para destruir el sistema de protección del debido proceso migratorio, pero sobre todo las leyes migratorias por parte de este gobierno”, agregó.

Hines añadió que “dentro de un período de dos horas o menos, no hay tiempo para batallar por su permanencia. Las personas no tienen tiempo para defender sus derechos de permanencia”.

A la pegunta de si cree que la regla no escrita, pero reconocida por el secretario Wolf, será desafiada en las cortes, como otras tantas medidas y reglamentos migratorios cambiados por el gobierno sin la aprobación del Congreso, la abogada respondió: “Ojalá que sí”.

La medida se agrega a una larga lista de acciones desarrolladas por el gobierno de Trump para destruir el proceso de asilo desde que llegó a la Casa Blanca el 20 de enero de 2017.