El gobierno de Trump busca reducir permisos de trabajo a extranjeros
Una semana después de enviada al Congreso una lista de principios migratorios para incluirla en una solución para los dreamers, la Casa Blanca pone en la mirilla las autorizaciones de empleo a extranjeros.
Por:
Jorge Cancino.
Los demócratas rechazaron las condiciones que exige el presidente Donald Trump para adoptar una ley que beneficie a los dreamers. Algunos consideran que el debate debe ser sobre el proyecto bipartidista del 'Dream Act'.
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El gobierno federal revisa la actual política que permite conceder permisos de trabajo a ciudadanos extranjeros, ya sea que ingresaron legalmente al país o permanecen indocumentados. El objetivo del plan es reducir el número de autorizaciones de empleo, que en el año fiscal 2017 bordea los 2 millones.
La estrategia fue diseñada para dar cumplimiento a la orden ejecutiva del presidente Donald Trump firmada el 18 de abril, y que se denomina “Compre productos estadounidenses y contrate estadounidenses: colocando a los trabajadores estadounidenses primero”.
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El viernes, la Oficina de Ciudadanía y servicios de Inmigración (USCIS) publicó en su página digital una serie de “datos adicionales” sobre el programa de visas basadas en empleo con el objetivo, dijo, de apoyar la orden ejecutiva del 18 de abril.
El listado incluye los permisos de trabajo otorgados a beneficiarios de visas tipo L-1A y L-1B, H-1B, y H-2B. También a inmigrantes indocumentados beneficiarios de programas de residencia temporal, entre ellos amparados por un TPS (Estatus de Protección Temporal), asilo y la Acción Ejecutiva del 2012 (DACA) para los dreamers.
Las visas tipo L se usa para transferencia internacional de ejecutivos o empleados con conocimiento extraordinario de compañías extranjeras con presencia en Estados Unidos y en el exterior.
Las visas tipo H-1B, en cambio, sirven para la contratación de profesionales extranjeros. Y las H-2B las emplean principalmente trabajadores del área de servicios tales como hoteles o empleados domésticos.
De las visas para extranjeros sin un estatus legal de permanencia, destacan los permisos de trabajo asignados a asilados y refugiados, amparados por un Programa de Protección Temporal –TPS-), asilados/refugiados y DACA.
El gobierno sostiene que, debido a la existencia de una política migratoria relajada, en el 2017 concedieron demasiadas autorizaciones de empleo, permitiendo que miles de extranjeros permanezcan legalmente en Estados Unidos, y con un permiso que afecta el mercado laboral.
Los datos publicados por la USCIS revelan que la agencia otorgó un promedio mensual de 160,000 permisos de trabajo en los primeros 10 meses del año fiscal del 2017 (octubre de 2016 a julio de 2017), cifra que representa una tasa cercana a los 2 millones para todo el año.
A su vez, casi el 90% de los permisos fueron otorgados por los funcionarios federales en uso de su discrecionalidad, es decir, el agente que estuvo a cargo de la revisión de la solicitud aprobó la solicitud del beneficio migratorio.
El 18 de abril Trump aseguró que su gobierno aplicará “rigurosamente las leyes que rigen la entrada a Estados Unidos de trabajadores extranjeros", sin detallar si se refería solamente a aquellos que reciben visas H-1B (para profesionales) o si también incluiría al proceso para la certificación laboral, un requisito clave que deben cumplir las empresas que contratan a trabajadores extranjeros.
"Nadie podrá competir con los estadounidenses por un empleo. Usaremos todos los recursos que estén a nuestro alcance para restaurar el sueño americano", recalcó el mandatario aquel día luego de insistir en que la ley se reforzará con acuerdos justos, incluyendo los suscritos con Canadá, con quien aseguró buscará "una solución".
"El asunto es que NAFTA ha sido un desastre para Estados Unidos", dijo al referirse al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que el país mantiene con México y Canadá, y que el presidente está renegociando con ambos países.
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Durante su campaña presidencial, el mandatario prometió a sus seguidores que revisaría los programas de visas para trabajadores extranjeros con el objetivo de favorecer la contratación de mano de obra estadounidense.
El Centro de Estudios de Inmigración (CIS) apoya la revisión de la política que regula la entrega de permisos de trabajo a extranjeros. Y las cifras publicadas el viernes por la USCIS las calificó de “alarmantes”. Se estima que cerca del 17% de los permisos de trabajo concedidos en los primeros 10 meses de 2017 fueron para solicitantes de asilo, una cifra que se ha triplicado debido al incremento en el número de peticiones de asilo a partir de 2009.
El fiscal general Sessions ha solicitado al Congreso que cambie la política de asilo para restringir la entrada al país, al tiempo que pidió fondos adicionales para procesar más de 600,000 casos atascados en las cortes de inmigración y acelerar las deportaciones.
Sessions también ha dicho que los casi 800,000 dreamers que se beneficiaron de DACA han perjudicado a los trabajadores estadounidenses al competir por empleos.
DACA incluyó un amparo de la deportación y un permiso de trabajo renovable cada dos años. Sessions canceló el programa el pasado 5 de septiembre luego de cinco años en vigor.
A pesar de las críticas de Sessions, organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes insisten en que DACA proyectaba un aporte a la economía estadounidense de unos $460,000 millones durante la próxima década.
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A pesar de los buenos pronósticos, comentarios negativos respecto al aporte de los inmigrantes siguen teniendo una mayor acogida en el gobierno de Trump.
La Federación para la Reforma Migratoria Americana (FAIR), dijo al Washington Times que la actual política para la entrega de autorizaciones de empleo ha creado incentivos para que vengan al país trabajadores que acepten salarios más bajos, y que su único objetivo es conseguir una tarjeta de residencia legal permanente.
Otro programa en la mirilla del gobierno es el OPT STEM, vigente desde 1947, y que otorga a ciertos estudiantes graduados en Estados Unidos un permiso de empleo por tres años. El sistema fue ampliado en 2008 durante el gobierno de George W. Bush.
La nueva política de autorizaciones trabajo se viene gestando desde el 23 de enero, cuando Trump’ recibió el borrador de una orden ejecutiva titulada 'Protección de empleos para los estadounidenses mediante el fortalecimiento de la integridad de los programas de visas para trabajadores extranjeros'.
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