El gobierno de Trump impone a los jueces de inmigración una cuota anual de casos a resolver para acelerar las deportaciones

La administración comunicó a los jueces que deberán resolver un mínimo de 700 casos al año para conseguir evaluaciones satisfactorias sobre su trabajo. La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración advierte de la "violación de la independencia judicial".

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Por:
Damià S. Bonmatí.
El Departamento de Justicia notificó a los jueces de inmigración que empezará a evaluar su desempeño laboral de esta manera. La intención del gobierno es acelerar el número de deportaciones y reducir los atrasos que el sistema acumula. Los nuevos criterios entrarán en efecto el primero de octubre, según The Wall Street Journal.
Video Jueces de inmigración deben cerrar al menos 700 casos al año para tener calificaciones satisfactorias

El Departamento de Justicia, liderado por el fiscal general Jeff Sessions, notificó a los jueces de inmigración que empezará a evaluar su desempeño laboral en función del número de casos migratorios que cierran al año. La intención del gobierno es acelerar el número de deportaciones y reducir los largos atrasos que el sistema acumula.

Según confirmó a Univision Noticias la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, el nuevo sistema fue comunicado por email el pasado viernes 30 de marzo y establece evaluaciones anuales a los jueces migratorios.

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Para que obtengan una buena calificación, deberán haber cerrado al menos 700 casos al año. Los nuevos criterios entrarán en efecto en el próximo año fiscal, que empieza el próximo 1 de octubre, según se lee en el email publicado por The Daily Beast.

Para Ashley Tabaddor, jueza de inmigración en Los Ángeles y presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, este paso de la administración Trump es " una absoluta violación de la independencia de los jueces", dijo a Univision Noticias.

"Los jueces de inmigración están en lo correcto cuando dicen que esta es la primera vez que se implementan métricas numéricas en el sistema judicial de inmigración", dijo el martes un oficial del Departamento de Justicia a Univision Noticias, agregando que hoy día los jueces completan en promedio unos 678 casos al año.

Según el funcionario, el nuevo requisito es resultado de un acuerdo con el sindicato de jueces de inmigración, que "acordó eliminar la prohibición a las métricas de rendimiento individual" en negociaciones con el gobierno.

Fuertes retrasos

Hay casos pendientes de resolución con fechas estimadas en 2020, lo que suele dar tiempo a los inmigrantes antes de que se decidan sus casos e incluso les puede aportar permisos de trabajo temporales. Las cortes de inmigración tienen acumulados casi 700,000 casos, según datos del Centro de Información de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse en Nueva York.

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“Hay demasiados casos frente de la corte y nadie puede cumplir con todos ellos si no hay jueces”, dijo recientemente la jueza Dana Leigh Marks, portavoz de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, a Univision Noticias. Pero, al parecer, el gobierno quiere que esos jueces ya contratados aceleren sus decisiones.

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"El propósito de implementar estas métricas es impulsar un manejo de los casos eficiente y efectivo mientras se preserva la discreción de los jueces de inmigración y el debido proceso", escribió a los magistrados James McHenry, el director de la Executive Office for Immigration Review, la oficina gubernamental que administra los casos de inmigración pendientes.

"Muy problemático"

Sin embargo, asociaciones de jueces y abogados de inmigración temen que este sistema ponga en peligro la independencia judicial.

La jueza Tabaddor recibió con mucha preocupación el email del gobierno, que describió como "excepcionalmente problemático" y "una absoluta violación de la independencia judicial".

De hecho, Tabaddor advierte que esta presión añadida a los jueces podría incrementar aun más los casos acumulados en las cortes. "En vez de reducir los casos, los aumentará porque cada persona pondrá en duda la legitimitad de la decisión judicial y apelará", dijo, agregando que a los casos ya pendientes se sumarán las apelaciones de los resueltos.

La jueza advierte que no resuelve el mismo número de casos un juez en un centro de detención de inmigrantes que otro con casos más complejos. "Esto crea un conflicto y un factor externo en la resolución del caso", anticipó.

Ya en octubre de 2017, la idea de imponer cuotas a los jueces para que aceleren los procesos y aumenten la emisión de órdenes de deportación puso en alerta a la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).

"Sin respeto al debido proceso"

En este sentido, Laura Lynch, consejera de AILA, dijo a Univision Noticias estar "increíblemente preocupada con la dirección que está tomando esta política". Acusó también al Departamento de Justicia de "una falta de respeto al debido proceso y a los principios de equidad".

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Lindsay Toczylowskiat, del Immigrant Defenders Law Center que ayuda legalmente a indocumentados, detalló que el sistema atenta contra el debido proceso y reduce las garantías de los inmigrantes de resolver sus casos sin una deportación.

Esta abogada detalló que si los jueces están "preocupados por sus métricas en vez de los méritos del caso" no lucharán para obtener más datos del inmigrante, o lograr testimonios en el país de origen. También restará tiempo a los inmigrantes detenidos para lograr un abogado, dijo.


Participaron en el reporteo de esta nota Jorge Cancino, Melvin Félix y Alejandro Fernández Sanabria.

Esta furgoneta Dodge Grand Caravan del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lleva a dos inmigrantes detenidos durante una deportación que realiza ICE en San Diego todas las tardes después de que acuden a una corte de inmigración. Almudena Toral/Univision Digital
El carro tiene rejas por dentro y cristales polarizados. Si uno no se fija en la matrícula, que dice DHS, luce como un auto cualquiera. Toma el desvío de la última salida de Estados Unidos y se dirige a la frontera entre San Diego (EEUU) y Tijuana (México). Almudena Toral/Univision Digital
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Al llegar al Instituto Nacional de Migración mexicano, los dos agentes de ICE que acompañan a los dos detenidos abren y cierran tres rejas para acceder a la antesala de la puerta directa con México. La primera verja da acceso a una zona aislada por donde se alejan de una carretera comercial, la segunda da paso a un camino de tierra desde donde se ve una bandera mexicana gigante de fondo, y la tercera, la que se observa en esta fotografía, da acceso a un cuadrilátero vallado por los cuatro lados que tiene una puerta compartida con México. Almudena Toral/Univision Digital
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Dos policías de ICE vigilan a los dos detenidos mientras esperan que los oficiales mexicanos abran la puerta por donde se realizará la deportación. Ambos detenidos llevan cadenas que los amarran desde su cintura y terminan con unas esposas en sus manos. La espera dura unos quince minutos. Almudena Toral/Univision Digital
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La sombra de un policía de ICE se proyecta en el piso del lugar. La frontera de San Diego-Tijuana es una de las dos que realiza más deportaciones. Tamaulipas y Tijuana reciben a 70% de los deportados desde Estados Unidos. Almudena Toral/Univision Digital 
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Uno de los agentes de ICE desencadena al primer inmigrante que será deportado. Posteriormente lo escolta hasta la puerta de entrada a México, donde un agente de migración mexicano le hará preguntas sobre su salud e identidad. Almudena Toral/Univision Digital
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Cuando el primer inmigrante ha cruzado la puerta hacia México, el agente de ICE desencadena al segundo inmigrante. Almudena Toral/Univision Digital 
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El agente federal de migración de México, vestido de marrón, los recibe y les hace varias preguntas a los inmigrantes antes de dejarlos entrar al país: su nombre, edad, estado de salud, si son mexicanos y de qué parte del país. Anota las respuestas en una carpeta. Almudena Toral/Univision Digital
El detenido cruza de Estados Unidos a México. En el Instituto Nacional de Migración mexicano les entregan un sobre con una “constancia de recepción de mexicanos repatriados” y una póliza de seguros, que les provee asistencia y medicinas por los tres años siguientes a su repatriación. Almudena Toral/Univision Digital 
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Los agentes de ICE se retiran cerrando todas las verjas y puertas a su paso. Almudena Toral/Univision Digital
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Los deportados aparecen por el puerto fronterizo El Chaparral en Tijuana, México. Llevan puesta la ropa con la que les detuvieron y, en la mayoría de los casos, ninguna otra pertenencia ni dinero. Al llegar aquí deben averiguar dónde están y cómo encontrar medio de transporte para reunirse con sus familias. Almudena Toral/Univision Digital
Uno de los deportados, Antonio Martínez-Arreguín, muestra su “constancia de recepción de mexicanos repatriados” cerca de El Chaparral, antes de emprender la caminata de horas para intentar llegar a casa de un primo. La constancia le sirve, hasta que pueda tramitar sus documentos, para identificarse como ciudadano de México. No tiene dinero, teléfono ni documentos. Almudena Toral/Univision Digital
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Antonio Martínez-Arreguín, recién deportado, camina en Tijuana. “Ha cambiado mucho… 
<br> Acá hay un puente, se me hace…”, dice. Deambula intentando orientarse: “¡Aquí antes había un McDonalds!”. Para llegar a casa de su primo cruzará una autopista y un río. Tras un mes recuperándose y ahorrando algo de dinero en México, piensa cruzar de nuevo a Estados Unidos. Allí está parte de su familia –y puede ganar $1,000 por semana en vez de $60. Almudena Toral/Univision Digital
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Esta furgoneta Dodge Grand Caravan del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lleva a dos inmigrantes detenidos durante una deportación que realiza ICE en San Diego todas las tardes después de que acuden a una corte de inmigración. Almudena Toral/Univision Digital
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