El gobierno de Trump recula y no suspenderá, por ahora, un programa que otorga asistencia legal a inmigrantes

Casi tres semanas después de conocerse planes del Departamento de Justicia (DOJ) de eliminar un programa que ofrece asistencia legal a inmigrantes, el fiscal general, Jeff Sessions, anunció durante una comparecencia ante el Congreso, que finalmente no será eliminado.

Sessions acudió el miércoles al Senado para justificar el presupuesto de su departamento para el año fiscal 2019. El fiscal dijo a senadores que “la mayoría de las drogas, casi todas entraron por la frontera sur”, y explicó que para terminar con la inmigración ilegal ha contratado 100 jueces de inmigración, y que a muchos de ellos ya los envió a la frontera.

Y luego sorprendió al subcomité y a muchos fuera del Congreso, al anunciar que un programa de asistencia legal creado en 2003 por el entonces presidente George W. Bush, continuará operando, por el momento.

El DOJ había anunciado a mediados de mes que, a partir del 30 de abril, el Programa de Orientación Legal (LOP) sería suspendido mientras lleva a cabo una auditoría para determinar el costo-efectividad del plan.

“He ordenado que no termine (el programa) mientras lo estamos revisando”, indicó Sessions. Y explicó que tomó la decisión después de conversar con congresistas de ambos partidos, quienes se oponían a la decisión de cancelarlo.

De qué se trata

El programa es administrado por el Instituto de Justicia Vera. El año pasado el programa ofreció asistencia a unos 50,000 inmigrantes en más de una docena de estados, entre ellos California y Texas, donde se concentra un alto número de casos en las cortes de inmigración.

El primer anuncio de la cancelación generó una avalancha de criticas al gobierno de Donald Trump por parte de organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes. El programa otorga asistencia legal a extranjeros en proceso de deportación.

El Instituto de Justicia Vera ha señala que el programa “atiende a más de 50,000 personas por año en 38 grandes centros de detención, y garantiza que todos los inmigrantes detenidos reciban la información esencial que necesitan para navegar nuestro complejo sistema legal”.

La entidad agregó que el LOP " les permite a los participantes representarse a sí mismos si tienen un reclamo válido según la ley existente o determinar que su mejor opción es aceptar la deportación”.

En los 15 meses de Trump en la Casa Blanca, el DOJ ha eliminado varios programas como parte de las duras medidas políticas migratorias del mandatario. Entre ellas destaca una que impone a los jueces de inmigración cuotas de casos por resolver para acelerar las deportaciones, otra que busca revertir fallos de jueces que han frenado unos 200,000 casos de deportación y una tercera que puso bajo investigación miles de ciudadanías por naturalización para revocarlas y deportar a los afectados si se comprueba que fueron obtenidas de manera ilegal.

También eliminó la polìtica del 'catch and release' (detener y liberar) tras pubicar un memorando en el Registro Ferderal.

Ayuda valiosa

El Instituto Vera indicó que el LOP “ es un salvavidas para muchos inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo y titulares de residencias legales permanentes, algunos de los cuales luchan por sus vidas”, y que de otro modo, “no conocerían los derechos que tienen o las probabilidades que enfrentan” para luchar por sus derechos de permanencia en Estados Unidos.

“El LOP salva vidas todos los días”, añade. “Si este programa no está en funcionamiento, pone en riesgo la unidad familiar, perjudica a nuestras comunidades e infringe el derecho de todas las personas a ser informadas antes de tomar decisiones sobre sus reclamos legales”.

La decisión del gobierno de suspender el programa tomó por “sorpresa” a los jueces de inmigración. “No habíamos escuchado nada anteriormente sobre la cancelación. Nos enteramos por la prensa”, dijo a Univision Noticias la jueza Dana Leigh Marks, portavoz de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ, por sus siglas en inglés).

Marks también dijo que dentro de un tribunal “es difícil que la persona reciba una asesoría legal. Eso toma mucho tiempo, es difícil y la gente está nerviosa. La ayuda es mucho más eficaz cuando se puede hablar con un abogado fuera de la corte, porque las personas se sienten más cómodas y pueden preguntar qué pueden hacer con sus casos”.

“Incluso este programa permite, aún cuando los individuos no tienen remedio dentro de la ley, acepten los dictámenes del tribunal de una manera más fácil porque entienden el proceso”, apuntó.

A finales de enero las Cortes de Inmigración tenían acumulados más de 700,000 casos, de acuerdo con datos del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad Syracuse, en Nueva York.

El fiscal general Jeff Sessions ha ordenado a las cortes acelerar los procesos y fijado cuotas a los jueces como una forma de descongestionar los tribunales y al mismo tiempo acelerar las deportaciones, una de las promesas de campaña de Trump junto con la construcción del muro en la frontera con México.