Critican al gobierno por la cancelación del programa que ofrece asistencia legal a inmigrantes

La decisión de detener el programa para someterlo a revisión se suma a varias otras medidas tomadas en los últimos meses por el Departamento de Justicia como parte de la dura política antinmigrante de Donald Trump.

Jorge Cancino
Por:
Jorge Cancino.
La abogada de inmigración Rebeca Sánchez-Roig habla sobre la política de la administración Trump para procesar algunos beneficios como nuevas solicitudes de visados y residencias permanentes.
Video ¿Hay nuevas políticas del presidente Trump para negar beneficios migratorios?

La cancelación de un programa para darle asistencia legal a extranjeros en proceso de deportación generó reacciones de rechazo de activistas de la comunidad inmigrante en EEUU.

El martes el Departamento de Justicia (DOJ) anunció que detendrá a partir del 30 de abril el Programa de Orientación Legal (LOP) mientras lleva a cabo una auditoría para determinar el costo-efectividad del plan, creado en 2003 durante el primer gobierno de George W. Bush.

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Funcionarios del DOJ comunicaron la decisión del gobierno de Donald Trump al Instituto de Justicia Vera, que administra el programa.

El año pasado el LOP ofreció asistencia a unos 50,000 inmigrantes en más de una docena de estados, entre ellos California y Texas, donde se concentra un alto número de casos en las cortes de inmigración.

Qué dijo el Instituto Vera

Tras conocer la decisión del gobierno de cancelar temporalmente el programa de asistencia, el Instituto de Justicia Vera lamentó el anuncio y dijo que el LOP “atiende a más de 50,000 personas por año en 38 grandes centros de detención, y garantiza que todos los inmigrantes detenidos reciban la información esencial que necesitan para navegar nuestro complejo sistema legal”.

La entidad agregó que LOP "les permite a los participantes representarse a sí mismos si tienen un reclamo válido según la ley existente o determinar que su mejor opción es aceptar la deportación”.

La decisión de detener el programa se suma a varias otras medidas tomadas en los últimos meses por el departamento de justicia como parte de la dura política antinmigrante de Trump.

Entre ellas destaca una que impone a los jueces de inmigración cuotas de casos por resolver para acelerar las deportaciones, otra que busca revertir fallos de jueces que han frenado unos 200,000 casos de deportación y una tercera que puso bajo investigación miles de ciudadanías por naturalización para revocarlas y deportar a los afectados si se comprueba que fueron obtenidas de manera ilegal.

Los afectados

El Instituto Vera indicó que el LOP “es un salvavidas para muchos inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo y titulares de residencias legales permanentes, algunos de los cuales luchan por sus vidas”, y que de otro modo, “no conocerían los derechos que tienen o las probabilidades que enfrentan” para luchar por sus derechos de permanencia en Estados Unidos.

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“El LOP salva vidas todos los días”, añade. “Si este programa no está en funcionamiento, pone en riesgo la unidad familiar, perjudica a nuestras comunidades e infringe el derecho de todas las personas a ser informadas antes de tomar decisiones sobre sus reclamos legales”.

Desde que fue activado en 2003, el LOP ha “tenido efectos incuestionablemente positivos” en los procesos ante las cortes de inmigración, apunta el Instituto Vera, y advierte que su cancelación sería “irresponsable”.

También recuerda que un estudio de 2012 del DOJ concluyó que el trabajo hecho por el programa “es una forma rentable y eficiente de promover el debido proceso y eliminar la gran cantidad de casos atrasados, el problema más importante que enfrentan los tribunales de inmigración en la actualidad”.

“Sorpresa fea”

La decisión del gobierno de suspender el programa tomó por “sorpresa” a los jueces de inmigración. “No habíamos escuchado nada anteriormente sobre la cancelación. Nos enteramos por la prensa”, dijo a Univision Noticias la jueza Dana Leigh Marks, portavoz de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ, por sus siglas en inglés).

“Se trató de una sorpresa fea para nosotros. Los servicios del Programa de Orientación Legal son sumamente importantes, un apoyo para los jueces. La ley nos dice que tenemos que obedecer y educar a la gente respecto si ellos tienen un remedio dentro del debido proceso migratorio”, explicó.

“Y que las personas utilicen esos recursos para defender sus derechos” en Estados Unidos, añadió.

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Marks también dijo que dentro de un tribunal “es difícil que la persona reciba una asesoría legal. Eso toma mucho tiempo, es difícil y la gente está nerviosa. La ayuda es mucho más eficaz cuando se puede hablar con un abogado fuera de la corte, porque las personas se sienten más cómodas y pueden preguntar qué pueden hacer con sus casos”.

“Incluso este programa permite, aún cuando los individuos no tienen remedio dentro de la ley, acepten los dictámenes del tribunal de una manera más fácil porque entienden el proceso”, apuntó.

Cortes congestionadas

A finales de enero las Cortes de Inmigración tenían acumulados más de 700,000 casos, de acuerdo con datos del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad Syracuse, en Nueva York.

El fiscal general Jeff Sessions ha ordenado a las cortes acelerar los procesos y fijado cuotas a los jueces como una forma de descongestionar los tribunales y al mismo tiempo acelerar las deportaciones, una de las promesas de campaña de Trump junto con la construcción del muro en la frontera con México.

El Instituto Vera también le recuerda al DOJ que el mismo estudio de 2012 Encontró que el programa “creó un ahorro neto para el gobierno de casi $18 millones, lo que significa que cada $1 que el gobierno gastó en LOP ahorró $4”.

“Esta es la razón por la que LOP ha tenido un fuerte apoyo en el Congreso, que mantuvo su financiación total en el año fiscal 2018”, precisó.

El instituto indicó además que, a pesar de la decisión del gobierno, “sigue comprometida con brindar servicios legales críticos a las comunidades de inmigrantes y sus familias” y proseguirá su trabajo de “garantizar que todas las personas tengan derecho a la justicia”.

Eduardo Olmos, agente fronterizo, camina en la franja que separa a Tijuana de San Diego a la que nadie sin autorización puede entrar.
Unos 2,400 agentes de la Patrulla Fronteriza vigilan en el sector de San Diego, California.
Acceso a la franja entre los dos cercos en la zona de Otay Mesa. Al fondo se observa la valla antigua.
Eduardo Olmos, agente de la Patrulla Fronteriza, recorre el tramo entre dos bardas metálicas en San Diego, un modelo que el gobierno Trump pretende ampliar.
A lo largo de esa franja hay vehículos de la Patrulla Fronteriza estacionados.
El agente fronterizo Eduardo Olmos conduce junto a la colonia Libertad de Tijuana, México.
Según las autoridades, en la colonia Libertad, que se observa al fondo de esta foto, viven traficantes de personas.
La colonia Libertad es considerada como una zona conflictiva, por eso la Patrulla Fronteriza no deja de vigilarla desde su jurisdicción.
En el lado de Tijuana, los asentamientos poblacionales llegan hasta la vieja barda fronteriza.
El agente fronterizo Saúl Rocha habla sobre las medidas de seguridad implementadas en el sector San Diego.
Un vehículo de la Patrulla Fronteriza apostado cerca de la garita de San Ysidro, el cruce fronterizo más activo del mundo.
El agente Eduardo Olmos de cara a Playas de Tijuana.
Una bota vieja cerca de la valla fronteriza que concluye en el Océano Pacífico.
A la izquierda, Playas de Tijuana; a la derecha, un sector de San Diego por donde circula una camioneta de la Patrulla Fronteriza.
El agente Saúl Rocha observa dos países separados por dos cercos fronterizos.
Un cartel publicitario en Tijuana se observa a través del viejo cerco fronterizo de Estados Unidos.
A la estación en San Diego de la Patrulla Fronteriza le toca vigilar 60 millas.
En 2016, la Patrulla Fronteriza arrestó a 31,000 personas en San Diego, esto es 100% menos que hace 30 años.
El descenso de detenciones en ese sector se atribuye al doble cerco, la tecnología y la gran cantidad de agentes.
A medida que han bajado los arrestos en San Diego, estos han subido en Arizona y Texas.
El agente Eduardo Olmos señala la zona cerca del Océano Pacífico donde cada fin de semana se reúnen decenas de familias de inmigrantes.
Un agente fronterizo en cuatrimoto patrulla cerca de la playa de San Diego.
El agente fronterizo Saúl Rocha (derecha) conversa con uno de sus colegas en una zona restringida al público, cerca del mar de California.
Detrás de la valla fronteriza, sobre la cual le escribieron la frase “Dios ama a Estados Unidos”, una familia mexicana posa sonriente.
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Eduardo Olmos, agente fronterizo, camina en la franja que separa a Tijuana de San Diego a la que nadie sin autorización puede entrar.
Imagen Isaias Alvarado
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