El gobierno de Trump retiene por más tiempo a Menores No Acompañados que arresta en la frontera con México

Cuando fue declarada la emergencia nacional de salud pública en la frontera por la pandemia del coronavirus, en marzo, el gobierno procedió a deportar prontamente a Menores No Acompañados (UAC) que llegaban al país en busca de asilo sin darles la oportunidad de solicitar este recurso legal disponible.

Abogados y activistas consultados por Univision Noticias durante la primavera dijeron que las políticas implementadas por los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) y de Justicia (DOJ) violaron el debido proceso migratorio. También citaron la ley de protección de tráfico humano de 2008 (TVPRA), que prohíbe la deportación inmediata de menores (de entre 1 y 17 años) que no provengan de países fronterizos y exige que sea un juez de inmigración quien decida sus futuros en Estados Unidos.

Pero los procedimientos de emergencia durante al menos tres meses fueron interpretados por el gobierno de manera diferente, incluso invocando una vieja ley, promulgada por el Congreso en 1944, que permite al ejecutivo "deportar” inmediatamente a cualquier extranjero que trate de entrar al país, con el argumento de que podría representar un serio peligro para la salud de los estadounidenses y para la seguridad nacional.

Cambio de estrategia

Debido a las demandas y las órdenes emitidas por los tribunales para que se apegue a la ley, ahora el gobierno no procede a deportar de manera acelerada a los UAC, sino que los está enviando a hoteles y retrasando sus entregas al Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS), como señala el protocolo que regula el tratamiento de niños migrantes en la frontera.

El giro se ha producido en las últimas semanas, tras denuncias e informes en los que investigadores revelaron que el gobierno ha utilizado más de 25 hoteles en tres estados para enviar a menores que luego serían deportados sin que puedan pedir asilo. Ahora los están entregando al HHS, donde permanecen detenidos más allá de lo estipulado por el Acuerdo Judicial Flores de 1997, que solo permite privarlos de libertad hasta 20 días y luego deben ser entregados a familiares o amistades mientras prosiguen sus casos migratorios.

“Los agentes de inmigración están transfiriendo a más menores migrantes detenidos cuando cruzan ilegalmente la frontera solos a las autoridades federales del HHS, según funcionarios del gobierno con conocimiento del asunto”, reportó el diario The Wall Street Journal.

“Aproximadamente 30 menores por día fueron entregados a refugios para migrantes administrados por el HHS en las últimas semanas en comparación con aproximadamente seis por día hace un mes”, agregó el periódico.

Exigencias de abril

A mediados de abril un grupo integrado por 79 organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, urgió al gobierno a detener de inmediato la deportación acelerada de UAC en la frontera con México.

La petición, contenida en una carta dirigida al secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Chad Wolf, y al director de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC), Robert Redfield, señaló que esta acción “es contraria a las leyes que garantizan el derecho a solicitar asilo, ubicar a los niños y protegerlos de la trata de personas”.

“Estas acciones no hacen nada para proteger la salud y la seguridad públicas, violan Ley TVPRA de 2008, son contrarias a la ley nacional y al derecho internacional que garantiza el solicitar asilo y colocara los UAC en riesgo inmediato de trata de personas y otros daños”, indicó la misiva.

“Le instamos a que cese estas deportaciones y que trate a los niños que llegan de conformidad con los requisitos legales”, agregó el grupo en esa ocasión.

Más de 2,400 casos

Según The Wall Street Journal, poco más de 2,400 UAC fueron detenidos después de cruzar ilegalmente la frontera con México en julio, según datos del gobierno. Después del cierre decretado por la emergencia sanitaria los números bajaron. Pero a la fecha, el DHS no ha dicho cuántos de los UAC detenidos fueron deportados aceleradamente bajo el título 42, que se aplica por asuntos de salud pública para proteger al pueblo de Estados Unidos, “en este caso por la pandemia de coronavirus”, explica José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami (Florida).

El periódico dijo que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) no ha respondido a solicitudes de comentarios.

El gobierno tampoco ha dado una explicación pública de por qué recientemente ha comenzado a poner a más niños en refugios, en lugar de llevarlos a sus países de origen.

Defensores de los derechos de los inmigrantes y organizaciones también temen que el envío de UAC a los centros de detención del HHS los exponga, tanto a ellos como a los que permanecen internados, a ser contagiados por covid-19.

Orden en el aire

En cuando al caso de 124 menores detenidos en centros familiares de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) junto a sus madres, y que un tribunal de California ordenó que sean liberados para protegerlos de ser contagiados por coronavirus, siguen detenidos dos meses y medio después del dictamen.

El 26 de junio la jueza Dolly Gee, de la Corte de Distrito del Norte de California, ordenó a ICE liberar a la totalidad de menores que forman parte de una demanda colectiva que se encuentran detenidos en los centros de detención Dilley y Karnes City, ubicados en San Antonio (Texas), y Berks (Pennsylvania).

La orden protege a todos los menores detenidos por más de 20 días, plazo máximo estipulado por el Acuerdo Judicial Flores de 1997, que prohíbe al gobierno federal privar de libertad a menores de edad en centros de detención federales.

Tanto en este caso como en el manejo de los UAC detenidos en la frontera, el gobierno ha implementado reglas de emergencia que justifica con la pandemia. Pero los tribunales le han dicho que debe actuar según la ley.

“Los han deportado porque no hay familiares en Estados Unidos”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles (California). “Técnicamente los niños tienen derecho a pedir asilo, tienen derecho a la ley como cualquier otro adulto, pero no están respetando ese derecho”.

“Si vino a Estados Unidos fue por una razón y se le debe respetar el pedido de asilo. La pregunta en este caso es qué tanto esfuerzo está haciendo el gobierno para contactar a familiares dentro de Estados Unidos para entregárselos, como determina la ley. No hay transparencia en este proceso”, indicó.