Estudio recomienda otorgar la 'green card' a los 400,000 indocumentados protegidos por el TPS
La Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) dice que “la incertidumbre a largo plazo socava los planes para el futuro" y no permite a los titulares del programa "una vida completamente plena" en Estados Unidos.
Por:
Jorge Cancino.
La agencia que encabeza la fuerza nacional de deportaciones del gobierno ha vuelto a realizar operativos y arrestos tras varios meses de moratoria por el coronavirus. Los operativos fueron ejecutados por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en Texas, Florida, Virginia y California y que dejaron unos 2,000 inmigrantes indocumentados tras las rejas. Según la agencia, los detenidos tenían algún tipo de antecedente criminal o migratorio. Más información aquí.
Video "Es cruel e inaceptable": organizaciones critican las redadas de ICE en medio de la pandemia del coronavirus
El Estatus de Protección Temporal (TPS) que ampara de la deportación a unos 400,000 inmigrantes indocumentados de una decena de países (más de la mitad de ellos centroamericanos), “ha sido fundamental y significativamente beneficioso” tanto para ellos como para la economía de los estados donde viven y del país.
Así concluye un informe elaborado por la Iniciativa de Políticas Latinas de la Universidad de California, en Los Ángeles (UCLA), que además recomienda al gobierno y al Congreso otorgarles la residencia legal permanente (green card o tarjeta verde).
PUBLICIDAD
El TPS, un beneficio migratorio humanitario, permite a las personas de países específicos permanecer temporalmente en Estados Unidos si no pueden hacerlo de manera segura debido as que no pueden regresar a sus hogares debido a un evento catastrófico.
El programa, además, otorga una autorización de empleo renovable cada vez que el gobierno prorroga la protección.
“Los titulares de TPS pueden tener trabajos formalmente, tener acceso a los beneficios del seguro médico, participar en sus comunidades y algunos pueden comprar viviendas”, detalla el estudio.
La UCLA añade que “los efectos positivos del TPS llegan a los miembros de la familia, compañeros de trabajo, vecinos y comunidades de estos inmigrantes”.
En la actualidad el programa ampara a indocumentados originarios de El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria y Yemen.
El TPS de Honduras y Nicaragua fue otorgado en enero de 1999 en respuesta al paso del huracán Mitch que causó grandes destrozos a su paso por el caribe de esos países centroamericanos. El programa para el Salvador fue activado en marzo de 2001 tras dos terremotos que azotaron esa nación el 13 de enero y el 13 de febrero de ese año.
Los investigadores refieren que los titulares de TPS “generalmente obtienen mejores resultados que los inmigrantes indocumentados en los diversos indicadores discutidos en este informe, pero no tan bien como los inmigrantes que tienen residencia legal permanente legal (green card) o se han convertido en ciudadanos estadounidenses por naturalización”.
Si bien el TPS representa un paso en la dirección correcta, “evidentemente se necesita un estado migratorio más seguro”, puntualizan.
La mayoría de los TPS fueron cancelados por el gobierno entre el 2017 y el 2018, pero fallos judiciales revirtieron las órdenes del ejecutivo y los programas fueron restablecidos. Sin embargo, el ejecutivo sigue teniendo autoridad sobre ellos y varios programas vencen en enero del 2021.
El análisis de la UCLA revela que el TPS, aunque sea un amparo legal de deportación, “trae muchos beneficios, incluido el derecho a trabajar legalmente. Y en caso de otorgarles a estos inmigrantes a una residencia legal permanente, sería aún más beneficioso para los inmigrantes, sus familias y para la sociedad estadounidense en general”, precisa.
En caso contrario, “la incertidumbre a largo plazo socava los planes para el futuro y, debido a que este estado es temporal, los titulares de TPS no pueden vivir una vida completamente plena o pedir la residencia a miembros de la familia que aún se encuentran en sus países de origen”, añade.
Los investigadores indican además que “la temporalidad del TPS hace que sus beneficiarios sean vulnerables a los vientos políticos de la época”, pero sobre todo en los últimos tres años y medio bajo un gobierno que ha dictado una severa política migratoria.
Bajo la política migratoria de tolerancia cero del gobierno “cientos de miles de vidas, incluso para personas que han vivido en Estados Unidos durante más de 20 años, pueden cambiar drásticamente si se cancela el estatus de TPS de un país”, puntualiza el informe.
PUBLICIDAD
Para eliminar o reducir esta incertidumbre, los investigadores de la ACLU recomiendan:
Renovar las designaciones de TPS para los países actualmente designados más allá de la fecha límite de enero de 2021.
Otorgar estatus de residencia permanente a todos los beneficiarios de TPS.
Hallazgos sorprendentes
El estudio de UCLA encontró que más del 88% de los residentes con estatus de protección temporal están en la fuerza laboral. Además, casi el 11% de ellos son autónomos, en comparación con solo el 7.2% de los inmigrantes naturalizados.
“Sin embargo, también tienen tasas más bajas de propiedad de vivienda que los inmigrantes naturalizados (31,9% frente a 64,7%) y es menos probable que tengan seguro médico (77,7% frente a 88,3%).
“Como hemos visto con el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), sacar a la gente de las sombras tiene beneficios”, dijo Sonja Díaz, directora fundadora de la Iniciativa de Políticas Latinas de la ACLU.
“En un momento en el que los inmigrantes han desempeñado un papel clave en el mantenimiento de la economía como trabajadores esenciales durante la pandemia de covid-19, es importante comprender qué está en juego cuando se eliminan las protecciones para los inmigrantes como el TPS”, agrega.
Los investigadores concluyen que el gobierno debe hacer una mayor inversión política y otorgarles a los inmigrantes con TPS un amparo permanente y una vía a la ciudadanía.
PUBLICIDAD
“El objetivo de las recomendaciones es garantizar la estabilidad y certeza que les permita a los inmigrantes seguir viviendo vidas seguras y saludables con mayores oportunidades económicas”, dijo Cecilia Menjívar, autora del estudio y profesora de sociología de UCLA.
“Brindar una vía legal para que los inmigrantes participen plenamente en sus comunidades ha demostrado una y otra vez que es una victoria para todos en las comunidades en las que viven”, dijo indicó.
Señaló además que “a medida que la temporada de elecciones trae discusiones sobre la reforma migratoria, los datos presentados en el informe muestran la necesidad de proporcionar a los titulares de TPS un estatus migratorio permanente que les permita vivir una vida plena sin un temor constante a la deportación”.
1 / 15
Contra la inmigración por decreto. Desde que asumió la presidencia, Donald Trump ha utilizado las
órdenes ejecutivas para imponer las políticas de ‘tolerancia cero’ sin pasar por el Congreso. Con este instrumento ha intentado impulsar su proyecto de muro fronterizo, penalizar a las ciudades santuarios, establecer deportaciones expeditas, endurecer los requisitos de asilo, vetar la entrada de ciudadanos de países musulmanes, revisar el programa de visas H-1B y reducir la cuota para la entrada de refugiados. En la fotografía,
la firma de la orden ejecutiva del 25 de enero de 2017, contra las ciudades santuarios y a favor del muro.
