¿Está en peligro la independencia de la Corte de Inmigración?
Organizaciones de inmigración, religiosos, de derechos civiles, de responsabilidad gubernamental y laborales urgen a ambas cámaras del Congreso que establezcan un sistema de tribunales de inmigración que sea independiente del Departamento de Justicia para garantizar el debido proceso. La posibilidad de que el sindicato de jueces sea disuelto ha llevado a activistas a sonar la alarma.
Por:
Jorge Cancino.
A mediados de 2018, el gobierno admitió que entre el 5 de mayo y el 20 de junio de ese año había separado a 2,654 menores. Pero de acuerdo con informes posteriores emitidos por el Inspector General del Departamento de Seguir Nacional (IG-DHS), las separaciones comenzaron antes y el número de separaciones es mucho mayor que la cifra entregada a la justicia. Se habla de varios miles, un dato que ni siquiera el gobierno puede certificar.
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Un mes después de celebrada la audiencia que decidirá el futuro de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ), trámite convocado por la Autoridad Federal de Relaciones Laborales (Federal Labor Relations Authority, FLRA) a petición del Departamento de Justicia para silenciar el sindicato, un grupo integrado por 54 organizaciones le pidió al Congreso que actúe y proteja la independencia de la Corte de Inmigración.
Integrado por organizaciones de inmigración, religiosos, de derechos civiles, de responsabilidad gubernamental y laborales (incluida la Asociación Americana de Abogados de Inmigración que agrupa a más de 15,000 profesionales en todo el país), el grupo urgió a ambas cámaras del legislativo que establezcan un sistema de tribunales de inmigración que sea independiente del Departamento de Justicia para garantizar el debido proceso y audiencias justas para los inmigrantes.
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Por medio de una carta fechada el 18 de febrero, el grupo pidió a los integrantes de la Cámara de Representantes y del Senado actuar para detener los cambios ordenados por el ejecutivo a efecto de “garantizar el debido proceso” migratorio.
Explica la misiva que en la actualidad la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), ente que administra el Tribunal de Inmigración, y la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) se encuentran actualmente bajo el mando del Departamento de Justicia.
Los fiscales de inmigración se hallan bajo el mando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dentro de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), y operan bajo la supervisión directa del Fiscal General”, agrega.
“Esta inherente el conflicto de intereses”, precisan. “Esto empeora por el hecho de que los jueces de inmigración se consideran simplemente abogados del gobierno, una clasificación que no reconoce la importancia de sus deberes judiciales y los coloca como caprichos del Fiscal General”, se lee en la carta.
Los firmantes del documento, entre ellos el Consejo Americano de Inmigración (AIC), Amnistía Internacional (AI), el Catholic Legal Immigration Network Inc. (CLINIC) y el National Immigration Law Center (NILC), señalan que durante años “hemos visto los efectos perjudiciales de estos tribunales politizados”, y que los gobiernos “han repetido la toma de decisiones políticas no porque sean eficientes o legalmente sólidas, sino porque son políticamente convenientes”.
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Añaden que en un intento por alcanzar objetivos políticos, “los gobiernos han manipulado y barajado los expedientes de la Corte de Inmigración para priorizar ciertos casos, moviendo los expedientes al final de la línea y aún más, permitiendo que crezca el ya enorme atasco”, que supera los 1.2 millones de casos que atienden poco más de 440 jueces.
“Durante mucho tiempo los tribunales de inmigración también sufrieron una drástica falta de recursos debido a congelaciones en la contratación del Departamento de Justicia, y prioridades competitivas de financiamiento”, añade.
“Los tribunales de inmigración ahora se enfrentan retrasos en el nivel de crisis”, apuntan. Y señalan que, si bien los tribunales de inmigración han estado plagados de problemas sistémicos durante mucho tiempo, el gobierno del presidente Donald Trump ha socavado severa e irreparablemente el debido proceso con el único propósito de acelerar las deportaciones”.
Entre los cambios actuados por el actual gobierno, la carta cita, por ejemplo, la imposición de “cuotas de finalización de casos (700 por año) “vinculando el desempeño individual de los jueces” que interfiere con el derecho de una persona “a examinar y presentar pruebas, así como a proporcionar el tiempo adecuado para encontrar un abogado, obtener testigos expertos y reunir evidencia” para defender el derecho de permanencia en Estados Unidos.
“Imponer este tipo de justicia apresurada en la línea de montaje es inaceptable”, reclaman. Y advierten que los jueces muchas veces toman decisiones importantes, “a menudo de vida o muerte”.
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Señalan además que el gobierno ha echado mano a la autoridad de certificación, lo que ha permitido al fiscal general cambiar decisiones de inmigración que habían sentado precedente.
“Bajo el gobierno anterior (Obama) el fiscal general empleó este poder solo cuatro veces en el transcurso de ocho años. Por el contrario, este gobierno ya ha certificado 12 casos, y el Fiscal General ha emitido decisiones precedentes que golpean en el corazón de la capacidad del entrevistado para tener una audiencia plena y justa”, indica la carta.
Entre los cambios más graves mencionan las decisiones de certificación dirigidas a los solicitantes de asilo, “tratando de evitar” que las personas que huyen de la violencia doméstica y de pandillas califiquen para recibir la protección del gobierno de Estados Unidos.
La carta también cita las presiones a los jueces aceleren los procesos incluso antes de que concluyan las audiencias probatorias, y la limitación de fianza para los peticionarios solicitantes de asilo.
“No podemos permitirnos tener un sistema que pueda manipularse tan fácilmente”, clama el grupo y pide al Congreso que establezca un sistema judicial independiente “que restablezca el debido proceso y la independencia judicial”.
Los jueces de inmigración confían en que la FLRA, basada en las pruebas presentadas por la NAIJ en la audiencia de enero, no descertifique el sindicato y determine que el pedido hecho por el gobierno, a través del EOIR, “es irrelevante”.
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Por ahora no se sabe cuando “recibiremos una decisión del Director Regional de la FLRA, pero estimaría entre 60 a 90 días”, dijo a Univision Noticias la jueza Dana Marks, presidenta honoraria de la NAIJ. “Después de eso, cualquiera de las partes tiene derecho a apelar la decisión ante el FLRA, que está compuesto por 3 miembros, dos de los cuales son nombrados por el gobierno”, agregó.
Marks dijo además que “no se sabe cuanto tiempo será el plazo para el proceso de apelación” y sentencia.
A la pregunta respecto a si esperan un fallo favorable, Marks dijo que “la NAIJ cree firmemente que toda la evidencia respalda claramente nuestra posición. El dictamen debería basarse en si hubo un cambio en los deberes laborales de los jueces de inmigración. Los testigos del EOIR admitieron que no había cambiado desde la última decisión tomada por la FLRA a favor de NAIJ hace veinte años”, apuntó.
En aquella ocasión, al igual que ahora, hubo un intento por eliminar el sindicato, pero el la FLRA falló en contra de los pedidos del EOIR.
La NAIJ espera que el Congreso actúe antes de la decisión de la FLRA y con ello garantice la independencia de la Corte de Inmigración, un reclamo pendiente desde hace más de dos décadas.
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Silvia Gómez, de 25 años, sentada junto a su hija de 9 años en el autobús en el que harán el primer trayecto hasta Tapachula. Se marcha porque su familia en Guatemala se lo pidió. Le dijeron que esperar hasta el 15 de enero de 2020 por su primera corte era un tiempo excesivo para andar con una niña en un albergue. Sus planes no están claros aún: cree que dejará a su hija en Guatemala y regresará a México cuando se aproxime su fecha de entrada a Estados Unidos para presentarse ante el juez de inmigración.
