Grupo de 29 padres que fueron separados de sus hijos en la frontera y deportados, regresan a EEUU

Un grupo integrado por 29 padres centroamericanos que fueron separados forzosamente en la frontera con México el año pasado y luego deportados, reingresaron el sábado a Estados Unidos para volver a presentar sus solicitudes de asilo.

La organización Families Belong Together (Las Familias Permanecen Juntas) dijo en su cuenta de Twitter que la Oficina de Aduanas y Control Fromnterizoi (CBP) “está permitiendo que las familias soliciten asilo. Este es un gran paso, pero también necesitamos mantener la presión sobre ellos”.

Los 29 padres y madres ingresaron por el puesto fronterizo (garita) de Mexicali. Todos ellos, originarios de Centroamérica, fueron detenidos y luego separados de sus hijos en la frontera en el marco de la política migratoria de 'tolerancia cero' de Donald Trump, una cuestionada táctica usada entre principios de mayo y el 26 de junio.

El grupo fue escoltado por líderes religiosos, abogados y activistas.

Tanto los arrestos como las deportaciones se llevaron a cabo en distintas fechas. Algunos padres dijeron, al momento de entrar, que no habían visto a sus hijos en casi un año y que cada poco hablaban con ellos a través de las redes sociales o por teléfono.

La tolerancia cero

El grupo de padres, originario del denominado Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), huyó de sus países el año pasado en fechas diferentes a causa de la violencia y la pobreza, y llegaron a la frontera estadounidense en busca de asilo.

Pero al ingresar al país y luego entregarse a la Patrulla Fronteriza, fueron arrestados y separados por no haberlo hecho por una zona o puerto de entrada autorizado, de acuerdo con lo que dictaba la política de ‘tolerancia cero’.

La cuestionada medida, ordenada por Trump, consistió en presentar cargos criminales por entrada ilegal a inmigrantes con o sin el acompañamiento de menores.

Una vez implementada, el entonces fiscal general, Jeff Sessions, pretendió procesar criminalmente al máximo de inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera. Y fue en esos casos que las familias fueron separadas: los adultos eran enviados a las cortes de justicia y los niños, transferidos a albergues del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). Todos iniciaron así procesos de deportación.

Freno judicial

El 26 de junio, tras una demanda encabezada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el juez federal Dana Sabraw determinó que las autoridades estadounidenses no pueden separar a las familias que cruzan la frontera ilegalmente y ordeñó al gobierno que trabaje para volver a reunificarlas.

Sabraw, además, dictó un requerimiento preliminar para que todos los niños inmigrantes separados y menores de 5 años les sean devueltos a padres en un plazo de 14 días, y que los niños mayores de esa edad, sean reunificados con sus familiares en un período de 30 días.

Los abogados del gobierno dijeron en esas fechas que durante la vigencia de la normativa fueron separadas 2,654 familias. Pero al término del plazo reconocieron que más de 430 de ellos habían sido deportados y más de 350 se encontraban bajo la custodia de las autoridades federales.

Al menos 200 de ellos siguen separados hoy en día, dijo el diario The Washington Post.

La tercera semana de febrero, casi ocho meses después del fallo del juez Sabraw, el gobierno de Trump reconoció que había separado forzosamente a 249 menores en la frontera con México después del dictamen, situación que está siendo evaluada por el tribunal.

En enero un informe redactado por la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS), reveló que el sistema federal para evaluar las separaciones forzadas es muy poco preciso, puso en duda la cifra total de menores y familias afectadas por la política de tolerancia cero de Trump en la frontera y, aunque no dio un dato preciso, dijo que el número de menores separados forzosamente es mucho mayor del reconocido.

Y ahora qué

Los 29 padres que reingresaron el sábado al país pedirán nuevamente asilo en Estados Unidos y adjuntarán una nueva petición, "la reunificación con sus hijos", explicó la activista Nicole Ramos, de la organización Al Otro Lado, a un corresponsal de la agencia France Press.

Previo al reingreso, las organizaciones que respaldaron la demanda judicial para permitir el reingreso, junto con organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos, gestionaron alojamientos en iglesias y hogares de familiares y amigos mientras dure el proceso de asilo.

Al Otro Lado, sin embargo, advirtió que como en todo proceso de asilo, existe la posibilidad de que pierdan sus casos y el tribunal emita una orden de deportación, una vez se agote el debido proceso migratorio.

Algunos de los hijos de estos padres fueron entregados al Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS) y luego enviados con familias adoptivas.

Una mujer que viene en el grupo indicó entre lágrimas cómo su hija había intentado suicidarse mientras estaba bajo la custodia del gobierno, reportó The Washingtion Post. Agregó que un hombre habló sobre tratar de comunicarse con su hija, que es sorda, a través del teléfono de un refugio. Otros padres llevaban bolsas llenas de regalos navideños para sus hijos.

La congresista demócrata Bebbie Mucarsel-Powell (Florida) dijo en su cuenta de Twitter: “Estoy desconsolada porque el mismo país que ha recibido a mi familia, está separando a los niños de sus familias y seres queridos con tanta crueldad. La búsqueda de asilo es legal y las familias deben pertenecer unidas. #ReunifyFamilies”.

Audiencia en el Congreso

El martes el comité Judicial de la Cámara de Representantes celebró una audiencia para determinar por qué el gobierno de Trump continuó separando forzosamente menores migrantes en la frontera después del 26 de junio del año pasado, cuando el juez Sabraw ordenó que no siguiera llevando a cabo esta práctica y exigió reunificar a las 2,654 familias afectadas.

Durante la audiencia, el congresista Ted Deutch (Florida) en base a un estudio que le fue entregado por Axios, denunció que el HHS recibió entre 2014 y 2018 más de 4,500 quejas de supuesto abuso sexual a inmigrantes menores no acompañados (UAC) detenidos en la frontera tras huir de sus países a causa de la violencia y la pobreza.

Según la investigación, entre octubre de 2014 y julio de 2018, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), dependiente del HHS, recibió 4,556 quejas. Por otra parte, el Departamento de Justicia recibió 1,303 denuncias. Esto incluye 178 denuncias de abuso sexual, añade.

Axios escribió en su página de Twitter que “Miles de jóvenes migrantes no acompañados sufrieron abuso sexual mientras estuvieron bajo la custodia de EEUU durante los últimos cuatro años”.

La crisis de 2014

El aumento en las detenciones en la frontera de menores no acompañados estalló en junio de 2012 cuando el entonces presidente Barack Obama reconoció la existencia de una crisis.

Para esa fecha la Patrulla había detenido más de 46,000 menores en lo que iba del año fiscal. Al 30 de septiembre de ese año el número de arrestos sobrepasó los 65,000.

La crisis fue advertida a la ONU en 2013 por investigadores de la Universidad de California, quienes reportaron un notable incremento de migrantes que estaban huyendo del denominado Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) a causa de la violencia y la pobreza extrema.

Los migrantes viajan por tierra rumbo a Estados Unidos en busca de asilo.

Antes de la implementación de la política de separaciones forzadas en la frontera, a los detenidos no se les presentaban cargos criminales por ingreso ilegal como pretexto para separarlos. Algunos eran trasladados a centros familiares de detención de ICE pero eran procesados juntos. Otros, dependiendo de la disponibilidad de camas en los centros de detención, eran liberados bajo fianza para que continuaran en libertad sus casos deportación para que un juez decidiera sus futuros en Estados Unidos.

Una ley sobre la prevención de tráfico humano de 2008 (TVPRA) prohíbe al gobierno la deportación inmediata de menores detenidos en la frontera y exige que sean llevados ante un juez de inmigración. A su vez, el Acuerdo Judicial Flores de 1997 prohíbe al gobierno federal privar de libertad a mejores de edad.

Tanto el gobierno de Obama como Trump han sido demandados en los tribunales por el incumplimiento de estas previsiones. Trump, sin embargo, amenazó el año pasado que abandonará unilateralmente el Acuerdo Flores.

“Los horrores de la separación familiar continúan”, escribió en su cuenta de Twitter la representante Verónica Escobar (Demócrata por Texas). Y agregó que, el regreso del grupo de 29 vuelve para ejercer el “derecho de solicitar asilo” en Estados Unidos.